No fue ajusticiado, no se le arrojó de un helicóptero, no se le mató a palos, ni descuartizó, ni apuñaleó, no se le aplicó ley de fuga alguna; todo ha discurrido a través de un juicio con todas las de la ley y respetándosele todos sus derechos, eso sí, como a cualquier ciudadano.
Con este juicio se da demostraciones de que estamos consolidando un nuevo Estado auténticamente democrático en el cual desaparece la oprobiosa figura del intocable, del privilegiado ante la ley, ley que tan hipócritamente ha sido diseñada, Constitución tras Constitución, para todos los ciudadanos sin distingo alguno. El Abogado Danilo Ánderson quiso practicar un juicio legal contra algunos mantuanos o amigotes de esa oligarquía y fue vilmente descuartizado en el intento.
Ciertamente, la clase mantuana, oligárquica, y hoy profundamente burguesa, misma que ha trascendido en el tiempo después de sacudirnos del yugo directo de la Corona española, ha tenido miembros todos exentos de castigos judiciales. Basta recordar la cantidad de indultados por los Presidentes títeres de dicha clase, en los rarísimos casos de enjuiciamiento legal cuando las pruebas resultaron palmariamente condenatorias[1].
Ahora estamos ante una condena con todas las de la ley que asentará una importante jurisprudencia, y aunque a muchos críticos les parezca que el condenado merecía más años, dada la magnitud de los delitos cometidos, debemos ubicarnos en el contexto histórico que nos ha tocado vivir.
No estamos "trastrocando" cualquier poder social, ni "enjuiciando" a cualquier persona, sino a un genuino representante de la más rancia estirpe que hemos heredado de esos 200 años de dominio fuedaloide, burgués y sucesor de los antiguos esclavistas de los tiempos de los Bolívar, de los Blancos, de los Palacios.
