La ley fundamental de las relaciones obrero-patronales del llamado sistema capitalista dice en pocas palabras: *Mínimo costo, máxima ganancia*. Se le conoce como la Ley de Oro de la Economía.
Los costes de las materias primas, maquinarias y equipos guardan una relación linealmente proporcional a sus aportes físicos al proceso de producción, y esa proporcionalidad se manifiesta en el cuerpo mismo de los bienes y en el correspondiente tiempo empleado en dicho proceso. Por tal razón, las maquinas más costosas deben ser las más rendidoras, e igual rige para los materiales y energéticos en general.
Con la mano de obra no es así. La calidad productiva de los trabajadores asalariados depende del grado de formación tecnocientífica involucrado en cada operario, ciertamente, pero su paga responde a la ley arriba citada.
No se trata de coyunturas económicas mercantiles, de desajustes entre la oferta y la demanda, y aunque estos tienen un peso en el nivel estadístico salarial, no es determinante para la cuantía de la paga finalmente recibida por los trabajadores de cada empresa, ni para la cuantificación del Salario Mínimo.
Se trata de que los trabajadores de menor nivel productivo deben forzosamente ganar un salario máximamente minimizado para que cada patrono pueda garantizarse mínimos salarios a lo largo de toda su plantilla, desde el *office boy* de tábula rasa, hasta el presidente de la empresa.
Digamos que el salario mínimo es el piso referencial para el establecimiento de los tabuladores del caso.
Céteris paríbus, es un hecho irrebatible y notorio que trabajadores con igual preparación técnica devengan sueldos muy diferentes en función del grado de participación que sus patronos tengan en el mercado de sus mercancías, del tamaño de sus giros económicos, y en obediencia a las conquistas sindicales que individualmente se haya logrado en cada empresa en particular. Para enmendar estas injustas valoraciones han aparecido, por antonomasia, las federaciones y confederaciones de trabajadores, y por extensión han aparecido *sindicatos* de patronos ante las desiguales ganancias que se observa entre grandes, medianos y pequeños empresarios. Por cierto, es un eufemismo llamar empresarios sólo a los dueños del billete, y no a los verdaderos empresarios quienes no son otros que los mismos trabajadores, desde el de menor capacidad productiva hasta el más encumbrado de sus factores administrativos.
Con los trabajadores burocráticos se da las mismas imprecisiones remunerativas, con el agravante de que primero se obtienen los altos cargos políticos para luego ser *funcionarios importantes*, y no se es previamente importante, ni técnica ni académicamente, para luego merecer tales designaciones de rango ministerial, parlamentario o judicial.
Y cuando el patronato privado deja en manos del Ejecutivo Nacional de cada país la fijación anual del salario mínimo lo hace para tener un apoyo jurídico que le facilite con visos de legalidad el cumplimiento de la *ley de oro* que priva en los negocios burgueses.
Por todo lo expuesto, pasamos a entender, sin compartirlo, que el salario mínimo venezolano (por ejemplo) apenas si cubre 1/3 de la llamada cesta básica o mínimo vital. Un mínimo salarial deliberadamente minimizado para que los patronos puedan reducir sus costos por concepto de mano de obra. Y ya deberíamos tener bien claro que es una ilusión aspirar salarios mínimos que cubran 100% las necesidades mínimas vitales, ya que nuestros gobernantes están de partida imposibilitados para aprobarlos mientras sigan llegando al Poder con los mismos auxilios financieros que el patronato descarga de sus empresas ordinarias y convencionales para invertirlos en la gran empresa política.
