Cuando del o la mar se trata, la discusión me justa, las historias son más que fabulosas; son incuestionables, difíciles de olvidar, de ocultar y sobre todo, a la luz de los acontecimientos económicos, políticos y sociales actuales, reveladoras de conexiones y acciones anti nacionalistas, anti venezolanas, propias de quienes por años, subordinados a potencias y compañías extranjeras, entregaban la Nación Venezolana.

Todo mundo, especialmente en estos últimos días, quiere revivir la "flamante flota atunera venezolana" de los años 80. Particularmente el "compañero" Robert Alcalá, diputado sucrense por AD a la AN. Tal vez de buena fe, pero, a pesar de ser sucrense, desconoce, ignora u olvida, "a propósito", la fatídica historia, la "verdadera" historia, de la "flota atunera venezolana", de la estacionada en Cumaná y quiénes eran ¡sus detractores! Quiero pensarlo como un desconocimiento politiquero en busca de acciones anti gubernamentales en una más de sus propagandísticas y falsas promesas electorales para llegar a Miraflores, como ya lo hicieron para llegar a la AN. En su campaña de entonces el "compañero", en Cumaná, ofrecía entre otras, una ley para de inmediato acabar con la delincuencia.

Lo que no cuenta, el compañero Robert Alcalá:

En el gobierno de Luis Herrera, COPEI, entrada la década de los 80 y con ella; el fin del "ta barato dame dos", la imposición de políticas devaluacionistas, "viernes negro", inflacionarias, fondomonetaristas…, la flamante y moderna "flota atunera venezolana" concentrada principalmente en Panamá, perdía "sus expectativas de desarrollo en Venezuela", sus mejores, modernos y potentes barcos establecieron definitivamente base de operaciones en puertos panameños, desde allí la producción pesquera de atún era comercializada a la economía estadounidense sin complejo alguno. Las bases de operaciones en Venezuela, sólo funcionaban con propósito de "avituallamiento" y mantenimiento "barato", la producción no vendida en el exterior por falta de "calidad" es enviada a Venezuela, ¡no como atún venezolano!, sino como atún importado, que bajo el control cambiario de entonces, representaba una "ganancia" de DOS DOLARES por kilo al pasar de mano en mano, cuando llegaba y lo que llegaba era ¡el ripio pa los venezolanos! En ocasiones esta "producción excedentaria" "importada a Venezuela" terminaba reimportada a Colombia, desde donde, cuando convenía, volvía a entrar a Venezuela, ¡el circulo vicioso y estafador de siempre!

Establecidos en Panamá, la "empresa atunera venezolana" llegó a reportar ganancias por el orden de los 60 millones de dólares al año. El "emporio atunero venezolano" ganó muchos enemigos y detractores internacionales confabulados con "actores venezolanos de renombrada categoría"; empresas estadounidenses, de "prestigio internacional" como H.J. HEINZ COMPANY, propietaria STAR KIST, la mayor enlatadora de atún del mundo, anuncian su decisión de no comprar más atún "venezolano" o a barcos venezolanos estacionados en Panamá que no cumplan las normativas ambientales y de conservación. De seguido, otras enlatadoras estadounidenses como Chicken of the Sea y la Bumble, coordinan acciones de boicot "al atún venezolano" pescado en el Pacifico Oriental.

En 1990, a decir de FUNDATROPICOS y FUNDACETACEA, la "flota atunera venezolana" era responsable del "asesinato" de más de 22.757 delfines al año, lo cual representaba casi el 30% de la "matanza anual" de los más de 100.000 delfines "asesinados" por las flotas atuneras mexicanas, panameñas y venezolanas. A este boicot contra la producción pesquera en el Pacifico Oriental de la "flota atunera venezolana" estacionada en Panamá, se suma la empresa Sun Co, quien mantiene, en la época, un litigio contra la importación a Estados Unidos de gasolina venezolana. El 15 de octubre de 1988, Venezuela es sancionada y enfrenta su primer embargo atunero. Los documentos exigidos por autoridades estadounidenses al gobierno venezolano llegarían el día 6 de octubre de 1988, 52 días después de vencido el plazo establecido por el Servicio de Pesca Marina de U.S.A. Revisada la documentación correspondiente este primer embargo dura hasta el 21 de noviembre de 1988, unos 38 días.

Con la llegada de Carlos Andrés Pérez y el paquetazo neoliberal, en la turbulencia económica y socio política entre 1989 y 1990, la "flota atunera venezolana" vivió una escala de embargos y boicot a su producción por empresas estadounidenses. En marzo de 1991, saliendo del "caracazo", Venezuela y su "flota atunera" enfrentan un nuevo embargo y boicot. El 10 de mayo de 1992, en plena efervescencia del 4 de Febrero, el Departamento de Comercio de Estados Unidos, "confirma" una más de tantas denuncia contra Venezuela de las ONG´s Organización Ecologista Earth Insland Institute y Brower, según la cual los atuneros venezolanos mataron "1,62 veces" más delfines que las flotas norteamericanas y se embarga nuevamente la "producción atunera venezolana".

En esta escalada de embargos y boicot, contra la "flota atunera venezolana", en Febrero de1994, entran en escena las ONG´s venezolanas BIOMA y FUNDACETACEA; sus presidentes Aldemaro Romero e Ignacio Agudo, "financiados" por las ONG´s estadounidenses Pew Charitable Trusts, el mayor financista en EE.UU. de las causas ecológicas, de Sun Co., y el Earth Island Institute, de HEINZ COMPANY, promueven y financian la denominada "Operación Flipper", mediante la cual los "reconocidos" biólogos marinos "exponían" ante el mundo, a través de CNN, en Estados Unidos y España, videos donde se mostraba a "pescadores" venezolanos, en las costas sucrenses, "asesinando" y "descuartizando" delfines. Las investigaciones posteriores mostraron que estos "reconocidos" personajes de la "intelectualidad" y "alta sociedad venezolana" habían pagado e incitado a los "pescadores" para cometer tales "crímenes" mientras ellos los filmaban, ¡inventaban pruebas para seguir sancionando a Venezuela y su "flota atunera"!. Aldemaro Romero huyó, como muchos opositores de hoy, a vivir su exilio dorado en Miami.

La torta, no contento con su acción depredadora y anti venezolana, el 16 de Diciembre 1996, durante el gobierno de Rafael Caldera, los ciudadanos ALDEMARO ROMERO DÍAZ Y AISUR AGUDO PADRÓN, demandan a la "República de Venezuela" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en busca de indemnizaciones personales y sanciones a la República. La "Comisión Interamericana de Derechos Humanos", "sabia" y "diligente como siempre cuando de Venezuela se trata", el 3 de Octubre de 2000 emite el INFORME N°68/00, declarando INADMISIBLE el CASO 11.720 contra la ahora REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en el gobierno de Hugo Chávez Frías.