Con el dólar a mil cien bolívares en el mercado especulativo y una grama de oro en 41 dólares, el sur del estado Bolívar se convierte en una región muy lucrativa para la minería ilegal, sobre todo cuando varios sectores parecen estar repartidos entre pranes con armamento de alto calibre. Esto convierte a los municipios mineros en un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento, aunque para muchos, ya se han venido presentando hechos cada vez más violentos. Lo sucedido el viernes, según testigos que prefieren el anonimato, guarda relación con las detenciones realizadas a principios de año, cuando se realizaba una tercera reunión para definir una especie de sindicato o gobierno paralelo en el municipio Sifontes. Nadie autoriza la publicación de su nombre en esta nota por temor a ser asesinados, pero varios de los consultados coinciden en la factibilidad de un ajusticiamiento, cuya cantidad de víctimas es indeterminada porque más del 70% de los mineros son foráneos al pueblo y nadie los conoce, es decir, pueden suceder asesinatos en la zona sin cuerpos ni dolientes. A principios de año un grupo de jóvenes que presuntamente tienen el control del caserío La Caratica, estuvieron coordinando reuniones con personas del pueblo para organizar el cobro de vacunas a cambio de protección, pues se mueve mucho dinero en la zona por el costo de una grama de oro. Se maneja información que un minero puede estar ganando con una grama aproximadamente 35 mil bolívares. Estas reuniones se dieron con frecuencia hasta que en una discoteca del sector fueron detenidos parte de los que organizaban una arquitectura criminal que es muy rentable en otros municipios como El Callao, o sectores como las Claritas. Los mineros de la zona conviven con esa realidad y no disponen de otra actividad económica tan lucrativa como la minería ilegal. Cuando los mineros se dirigían a la mina Atenas, un equipo fuertemente armado, vestidos de negro y con pasamontañas tenían una especie de alcabala en el camino y apartaban a todo aquel que portase armas, para luego ser ajusticiado. Los primeros rumores aseguraron que entre los hombres del equipo comando se encontraba al que llaman El Topo, pero nadie se atreve asegurarlo ni siquiera en las redes sociales, porque aseguran que ese tipo de ligerezas se pagan con la vida. Sin embargo, la fuerza de los rumores se convirtió en noticia porque empezaron a salir las familias de varios desaparecidos que podrían estar entre las víctimas, algunos de ellos conocidos en el pueblo. Las primeras declaraciones del gobernador Francisco Rangel Gómez fueron usadas políticamente para generar malestar en los manifestantes, pues había afirmado que no había ocurrido ninguna masacre. Hasta la fecha, la vía hacia Tumeremo permanece trancada y el Gobernador afirma que desde el primer momento todos los organismos de seguridad se encuentran activados en el sitio para buscar los supuestos desaparecidos, pero la zona es escabrosa y es dificil el acceso a la zona. Añade que se invitaron a los familiares que denuncian la desaparición de sus parientes ha que acompañasen a los organismos de seguridad y todavía no se tienen indicios de un fallecido, sin embargo no descartan ninguna hipótesis y explica que para el operativo de búsqueda están disponibles tres helicópteros comandados por el general Manzilla, jefe de la Zodi Bolívar, el General Benavides. El general Linch ha estado mediando desde el viernes con los manifestantes para abrir la tranca, mientras el Ministerio Público (MP) comisionó el domingo a dos fiscales para investigar a los presuntos hechos violentos ocurridos el pasado viernes en Tumeremo y verificar el fallecimiento de un grupo de mineros. La Defensoría del Pueblo también realizó un pronunciamiento oficial a través del Defensor del Pueblo, Tarek Willians, quien ratificó que funcionarios de la defensoría han atendido a diez familiares que denuncian desapariciones, sin embargo, las informaciones recabadas son contradictorias y hacen más compleja la situación. Por su parte los hechos serán presentados hoy en la Asamblea Nacional y se espera que se nombre una comisión para la investigación.

GRUPOS ARMADOS TIENEN EN ZOZOBRA A MUNICIPIOS MINEROS

En el mercado municipal de Tumeremo se han multiplicado los puestos de compras de oro, pues son más rentables que la venta de verduras o vestidos. Y así toda la economía de los municipios mineros están marcados por una actividad ancestral que se agrava con la presencia de grupos armados sin control alguno. El Topo, El Gordo, Juancho, etc, son solo nombres que la gente menciona sin ningún adjetivo por temor a que puedan sufrir represalias. Instalaciones del Estado, como la mina Isidora de Minerven que son tomadas por grupos armados y donde parecen circular vehículos solicitados por robo. Se trata de una actividad tan lucrativa que los mineros pudiesen estar percibiendo muchos que el salario mínimo y ello hace que todos tengan alguna relación directa o indirecta con estos grupos armados, bien sea vendiendo o comprando oro, o aceptando sus normas de organización y el pago de vacunas. Las rotaciones de los mandos militares no han dado resultado en la detención de estos pranes con el control de las minas, lo que hace prácticamente imposible que la gente se atreva a realizar la denuncia formal, todos sospechan de un poder mayor que convive con los grupos armados. No existen estadística de fallecidos, zonas selváticas y un 70% de mineros foráneos sin nombre ni familia, agravan la anarquía y el control de la zona con viejos esquemas de seguridad. En lo económico ni siquiera existen libros mineros para contabilizar la venta o compra de oro. A medida que pasa el tiempo, son más los jóvenes de los municipios mineros reclutados por bandas delictivas y con ello se degrada la calidad de vida de los mineros. Aunque no se puedan determinar la cantidad de fallecidos, si es que ha sucedido la presunta masacre, enfrentamiento o ajusticiamiento, es un hecho que existen grupos armados hacen imposible una vida normal en el sur del estado Bolívar.