Aunque parezcan acontecimientos aislados, forman parte de un mismo libreto, que es otra forma de injerencia, pero ahora más perfeccionada después de muchos intentos. Desde el 2005, el Comando Sur, unidad militar estadounidense que opera con métodos de guerra no convencionales, se ha propuesto derrocar nuestro gobierno socialista, igual al ecuatoriano, como todo aquel que dignifique a su pueblo en territorio suramericano.
Una manera de desestabilización ha sido el golpe parlamentario. En 2012 en Paraguay se le dio a Fernando Lugo cuando mediante un juicio exprés se le acusó de mal desempeño de sus funciones. De esa manera, se le apartó del gobierno y fue sustituido por su vicepresidente el derechista Federico Franco. Esto mismo se pretende hacer en Brasil con Dilma Rousseff. No es casualidad sino el mismo guión.
Aquí, la Mesa Unidad Democrática, ahora en la Asamblea Nacional, demostró que sigue instrucciones del comando gringo, pues, a pocos días de su triunfo electoral, hizo público su plan de derrocar en seis meses al presidente Nicolás Maduro.
Tal intención forma parte de un manual, que se detalla en un documento firmado en febrero de 2016 por el almirante Kurt Tidd, jefe de la referida unidad. Ahí se insta a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), condicionada a la ruptura del orden constitucional, algo que en Venezuela no se ha dado; a las protestas de calle contra la guerra económica o eléctrica y a la enmienda para reducir el período presidencial o referéndum.
Como si lo anterior fuera poco, la injerencia estadounidense muestra uno de sus rostros, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, quien –en absoluta complicidad con la derecha venezolana- exhorta a los diputados opositores a pedir la aplicación de la CDI, lo cual, según su artículo 20, es ilegitimo pues la misma únicamente puede ser solicitada por el mandatario nacional.
Lo anterior no es nuevo. El escenario favorito de los golpistas venezolanos ha sido la OEA. En marzo del 2014 fueron a acusar a su país, sin éxito alguno, de violador de derechos humanos. Y en septiembre del 2015 se jugaron la misma carta con el cierre fronterizo, pero otra vez fracasaron debido a la abstención de Argentina y Brasil.
En concreto, a cambio de unas cuantas monedas y cuotas de poder, desde los parlamentos se buscan aliados, que usan como excusa el gastado argumento de violación de derechos humanos, para desestabilizar y así de sus pueblos consentir el saqueo.