Recién el Congreso Nacional de Argentina ha aprobado la "Ley Antidespido" con una mayoría evidente; como lo establece el procedimiento indicado en el Capítulo Quinto sobre la Formación y Sanción de las Leyes de la Constitución de la Nación Argentina; norma que tiene por objetivo evitar los despidos injustificados de forma masivas y sistemáticas por parte de la administración pública y privada; garantizando la estabilidad laboral en este sector por tener una legislación débil contra los trabajadores; iniciativa que asumen los legisladores que de alguna manera han impulsado una política compacta de carácter laborista afianzada en el peronismo combativo.
Por otra parte; la administración ejecutiva del Presidente Mauricio Macri ha dado uso a las atribuciones que le otorga el Artículo 78 de la Constitución de la Nación de Argentina para desaprobar la Ley por considerarla en el resultado de su examen, contraproducente hacia las medidas económicas drásticas que ha venido anunciando y ejecutado. Para Macri, la norma aprobada por el Poder Legislativo remoqueteada por él como "Ley Antiempleo", según busca desalentar la inversión privada; porque no le permitirían reducir la nómina laboral de manera discrecional al sector que representa; en pocas palabras: el gobierno macrista coloca por encima del interés laboral, al capital de las corporaciones privadas. La percepción de Macri es que la estabilidad laboral de un trabajador en una Nación debe estar sujeta a la garantía que el Estado tenga que otorgarle a las corporaciones privadas la mayor suavidad jurídica para despedir y liquidar a sus trabajares. Criterio que ellos adoptan por ser defensores de las empresas privadas; recordemos cuando en Venezuela se protegieron a la instituciones financieras privadas que devinieron en un quiebre total, intentando el Estado rescatarlas a través de mecanismo de refinanciamientos; mientras esos barcos se hundía, dejaban a sus ahorristas sin salvavidas.
Aquí podemos observar dos modelos y criterios distintos; el primero, los defiende el sector combativo del kirchnerismo-peronista, son ideales que buscan proteger el interés colectivo desde la óptica social; y el segundo, un sector que busca fortalecer las grandes corporaciones privadas, porque creen que este tipo de inversión es el sistema que ayuda a desarrollar las naciones a través del capital de manera eficaz. Estas posturas de ambos sectores es algo así como aquel que observa el vaso medio lleno o vacío; según su interés.
Estas dos posiciones ya se contrastan de manera clara en el continente americano: la primera, se empareja con la protección al capital privado; sus líderes heredan la vieja escuela Macarthista y que de alguna manera se identifican por ser generadores del apatriantismo; entrega total que asumen porque detrás de la cesión hay un pago; recordemos que el dinero (capital) no tiene patria; de hecho, lo llaman globalización, en el sentido estricto de los procesos económico a escala mundial; para ello, requieren dominar el sistema político para imponer su sistema económico; por eso existen las "marionetas de la política" quienes le aseguraran su coexistencia; títeres que comúnmente se conocen como gobernantes con discursos recopilados. La segunda, su raíz germina de la conducta humanista con carácter social, poseyendo valores que trascienden a la solidaridad. Heredaron ese sentido del cristianismo con algo de Marx en algunos casos; su aventura soñadora es proteger y fortalecer al débil. Para estar y sentir ese legado hay que ser como el Che; habría que concebir a Bolívar y San Martín en los nervios; o quizás se deberían tener los ojos de Chávez en un Mar del Plata expulsando al Imperialismo.
Ahora bien; a diferencia de Argentina, en Venezuela la Asamblea Nacional ha sancionado leyes que han sido diferidas por el Presidente de la República; pero tal suspensión no se traduce a un veto del Poder Ejecutivo como en efecto lo es en Argentina. A saber: vetar una Ley es aniquilarla; y es eso precisamente lo que hizo Macri con la "Ley Antidespido", porque la Carta Magna se lo permite; no obstante, el Presidente Nicolás Maduro no tiene la potestad de vetar leyes, pero sí de suspenderla de considerar que tenga observaciones que perjudicarían a la Nación; pero ésta suspensión posee un procedimiento constitucional; entendamos: una vez sancionada la Ley por la Asamblea Nacional será enviada al Presidente de la República para su respectiva promulgación, como lo indica el Articulo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; pero si la máxima autoridad del Poder Ejecutivo considera modificar total o parcialmente la Ley, la envía nuevamente al Poder Legislativo Nacional para realizar las respetivas modificaciones; de no hacerlo, el Presidente de la República enviaría la Ley al Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia) para que este se pronuncie sobre su inconstitucionalidad; es decir, se extiende la democracia a otros poderes para que la carga logre equilibrarse con un sistema constitucional de contrapeso. ¿Más democracia que esto? Imposible.
En conclusión, Mauricio Macri veta leyes en Argentina mientras que Nicolás Maduro solicita que el Poder Judicial se pronuncie sobre su inconstitucionalidad; pudiéramos decir que los dos procedimientos son distintos pero el efecto es el mismo de producirse la anulación o desaprobación de la Ley; pero el asunto sería: si Macri tiene el derecho de vetar las leyes en Argentina porque la Constitución se lo faculta al igual que le permite la CRBV a Maduro suspender la Ley hasta que el TSJ se pronuncie ¿Por qué líderes de la Oposición cuestionan a Maduro cuando envía leyes al ente judicial mientras que aplauden a Macri deseando tener un Presidente igual en Venezuela? ¿Acaso serán herederos del Macarthismo? La respuesta radica en el interés que tiene la Oposición y los líderes de las regiones americanas pro imperialistas en mantener al Capitalismo vigente, así sea en terapia intensiva; mientras tanto, juegan a ser marionetas de la hipocresía con dobles discursos y cargados de contradicciones.
