Altos jefes y gerentes del gobierno que firmaron…

Nunca es tarde para enderezar las cargas, dice el refrán popular, de manera que el llamado que ha hecho Diosdado Cabello para que renuncien aquellos funcionarios del gobierno con rango de directores y gerentes que hayan firmado en este primer avance de recolección de firmas que promovió la oposición, como requisito establecido en la Resolución del CNE de 2007, para poder solicitar formalmente el referéndum revocatorio en contra del Presidente Maduro, es perfectamente explicable, tanto si lo vemos desde la propia dignidad y respeto personal de cada uno de esos individuos que hayan firmado, como del propio gobierno, dada su condición de ser el responsable mayor del devenir del país, dentro del lapso que la propia Constitución establece.

Ciertamente, resulta incompresible -desde el ángulo que lo queramos ver- que si adversamos abiertamente y sin reserva alguna al gobierno, al punto de que nos hemos adherido a esa lista de firmantes de forma expresa y, sigamos impasibles, como si no sucediese nada, desempeñando cargos de la más extrema confianza en un gobierno que no nos merece ni el menor de los respetos y que, además, lo preside una persona que repudiamos en extremo, además de que en pasillo nos declaramos antichavistas de manera abierta, excluyendo, obviamente, aquellos que, siendo los más, prefieren mantenerse disfrazados de tales…

Respecto del gobierno, queda muy en claro que ese prototipo de personas en absoluto le garantizan que sus líneas de acción sean implementadas y menos aún, el éxito de la aplicación de las mismas, las cuales fueron diseñadas con base en predeterminados planes y programas acordados en el marco de un específico modelo político-económico de desarrollo que se le ofreció al país durante la campaña electoral, el cual le garantizó a sus líderes el triunfo frente a quienes se presentaron como sus contrincantes, con otras propuestas muy distantes y para nada equiparables…

De manera que se hace demasiado obvio que los gobiernos de turno hagan usos de esa potestad, por demás perfectamente entendible, de escoger para sus equipos de gobierno y en total libertad, el personal idóneo de su mayor confianza, pues su primera obligación, por demás inexcusable, es cumplir el programa que su dirigencia política le ofreció al pueblo en las elecciones y en esa promesa tiene que asegurarse por todos los flancos que sus estructuras para la gobernabilidad jamás puedan ser vulneradas.

Si retrocedemos al pasado reciente, debemos recordar o informarles a quienes no vivieron en esa época, que dicha práctica fue impuesta de manera rigurosa por los partidos AD y COPEI que se repartieron el poder por 40 años (1958/98), los cuales se cuidaron no sólo de cubrir los cargos claves de dirección del gobierno con su propia militancia, sino que igual lo hicieron con el resto de los cargos de la burocracia estatal y para ello encargaron de garantizar que ello se acatara, a través del control y la supervisión de sus respectivas Secretarías de Profesionales y Técnicos de ambas toldas políticas, las cuales funcionaban en todo el país, exigiendo, sine qua non, los respectivos carnet de militantes.

Es necesario precisar que el dirigente del PSUV, en su llamado a que renuncien o sean destituidos los que firmaron por el revocatorio del Presidente Maduro, sólo se refirió a quienes desempeñan cargos de "confianza", calificados como tales por la Ley del Estatuto de la Función Pública (*) y no los que estén ocupando otras jerarquías en la burocracia del Estado o los que dicha norma legal califica como de carrera, los cuales están amparados por un régimen especial que garantiza a sus titulares, la estabilidad.

¿Se oirá en las reparticiones del gobierno el emplazamiento que ha hecho el diputado Cabello?

Dudamos que así sea, pues para nadie es un secreto que el nepotismo ha sido una práctica de vieja data en nuestro país y sabemos de forma directa, así como porque hemos recibido información de distintas fuentes, bien confiables, que la misma no ha parado en nuestro Movimiento Revolucionario Bolivariano desde que Chávez se hizo presidente en ejercicio en 1999, al punto de que hasta piedras lo saben y conocen cuanto detalle envuelve tan perversa y antiética realidad...

(*) LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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Iván Oliver Rugeles


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