La decisión del TSJ que absuelve a los militares golpistas del 11-A es una barbaridad jurídica que no tiene parangón en la historia contemporánea de Venezuela y el mundo. Además del sobreseimiento de la causa, el TSJ parece acusar al gobierno de haber querido violar los Derechos Humanos con la supuesta aplicación del Plan Ávila, lo cual abona el terreno para enjuiciar al presidente Chávez por "crimen de lesa humanidad."
A estas alturas, resulta estéril analizar si la decisión del TSJ se ajusta a derecho o no. Es obvio que los 11 magistrados que votaron a favor de los golpistas tienen un compromiso con los sectores de la oposición a quienes le deben el cargo, y que ahora retribuyen el favor con una decisión aberrante. De esta forma, se reproducen los tentáculos de la vieja política en el seno de la administración de justicia.
Mas allá de la diatriba chavista-antichavista, la decisión del TSJ sienta un precedente peligroso y perverso para el proceso democrático. Tal y como lo indica la organización civil PROVEA, "sostener que en Venezuela no hubo un golpe de Estado implica mucho más que una táctica de oposición al gobierno de Chávez, es avalar la perpetración de futuros golpes. La tesis del vacío de poder es cómplice de una vocación autoritaria y no puede ser aceptada por nadie que se precie de demócrata. La impunidad es un estímulo al delito."
Desgraciadamente, la oposición esta presa de su propia histeria antichavista, y celebra la absolución de los golpistas de la misma forma en que aplaudía la coronación de Carmona. Su próximo paso será presionar al TSJ para que enjuicie al Jefe de Estado por "crimen de lesa humanidad"; y para ello, se valdrá del artículo 7 del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, y de la propia decisión absolutoria que sugiere que los asesinatos del 11-A fueron parte de un ataque generalizado de los círculos bolivarianos contra la marcha de la oposición, aun cuando ya existan pruebas fehacientes que demuestran la participación de la PM y francotiradores mercenarios.
No obstante, si el TSJ "olvida" que un "crimen de lesa humanidad" requiere la existencia de perseguidos políticos y de un ataque permante y sistemático, la barbaridad jurídica será de tal magnitud que Venezuela podría ser victima de otro golpe de Estado. El propio Estatuto de Roma define "persecución" como "la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad." En el caso de Venezuela, aun cuando se asegure que las distintas marchas y demostraciones en defensa del proceso de desarrollo bolivariano es una prueba de persecución política por parte del Estado venezolano, la realidad nos dice que no puede haber perseguidos en un país dondeestán garantizadas todas las libertades publicas e individuales, lo cual ha sido constatado por agencias y organizaciones internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Ante semejante desparpajo capaz de retorcer las ideas y convertirlas en parásitos intelectuales, al país democrático le queda proseguir el proceso de acusación de los militares y civiles golpistas por los delitos de rebelión, privación ilegítima de la libertad, usurpación de funciones, desobediencia, insubordinación y sublevación que están tipificados en el Código Penal y Militar, y que confirman que el 11-A hubo un Golpe de Estado. Asimismo, la evidente influencia de la oposición sobre el TSJ vulnerando su autonomía y obligada objetividad, equilibrio y honestidad, hace que su reestructuración sea materia urgente e impostergable, aun si para ello se deba recurrir al poder constituyente originario del pueblo consagrado en la Constitución Nacional.
