Parte I

Introducción

La reciente publicación de los decretos relativos al Arco Minero del Orinoco y la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero y Ecológico han desatado una polémica aguda, que inclusive ha involucrado a personas afines con el proceso bolivariano, pero que han expresado opiniones críticas sobre los mismos, lo cual, en parte, ha motivado la redacción de estas líneas, con la pedagógica intensión de ayudar a aclarar la situación, aportando un punto de vista técnico y no apasionado sobre las causas y las consecuencias de tales decisiones y que paso a desarrollar.

Podríamos comenzar por preguntarnos:

¿ Cómo proporcionar el máximo de felicidad y bienestar posible a nuestra población ?

El logro de esta meta, que nos la indicó el Libertador, implica muchas cosas a considerar y muchos pasos que deben darse. Uno de ellos se refiere a la estructura de nuestro sistema de producción, el cual debe ser diversificado, optimizando su eficiencia y rentabilidad económica, para poder sufragar las inversiones en otras áreas vitales para garantizar esa máxima felicidad y bienestar del pueblo, como lo son, salud, vivienda, educación y alimentación.

Nuestra estructura económica, originalmente agropecuaria, fue severamente afectada por el descubrimiento del petróleo, desde los primeros años del Siglo XX, convirtiéndose en país petrolero, situación ésta que se prolongará en el tiempo debido a que nuestro país lo seguirá siendo por muchos años. Otra cosa es que la renta petrolera se mantenga como la primordial fuente de ingresos para el país. Creo que eso es parte de lo que se debe discutir y analizar con serenidad, pues debemos fortalecer otras áreas de nuestra estructura económica, para disminuir o eliminar esa perniciosa o peligrosa dependencia de la renta petrolera y es allí donde debe comenzar a influir la actividad minera, además de la agropecuaria e industrial.

Al respecto debemos destacar que el gobierno revolucionario ha estado tratando de incentivar y fortalecer nuestra productividad agrícola y pecuaria, con numerosas inversiones y otras decisiones dentro de lo que podríamos llamar, la planificación del desarrollo, que evidentemente aun no muestran sus efectos positivos, tal vez sea una cuestión de tiempo, o tal vez existan otras razones subterráneas que deberán ser expuestas públicamente y enfrentadas. Pero la realidad es que la administración del Presidente Chávez realizó inversiones en esos campos y celebró acuerdos internacionales con el mismo fin, continuados con la administración del Presidente Maduro.

Es en este contexto que se presentan las decisiones referidas a las actividades mineras señaladas al inicio.

Es oportuno recordar que los territorios que conforman la América Latina, estuvieron en la mira de los conquistadores europeos, como fuentes de riquezas provenientes de la minería del oro, pero además encontraron la plata en México y Bolivia, además de las perlas en Margarita y alrededores. Al respecto es conveniente recordar la avidez de los súbditos de la corona inglesa para tratar de apoderarse de parte de estos territorios, en la que el interés por el oro y otros recursos mineros fue parte de esa motivación. No olvidemos las incursiones de Walter Raleigh por estas tierras y la apropiación indebida del Territorio Esequibo.

En consecuencia, podemos afirmar que existe una tradición minera en nuestro país, generalmente asociada al oro y al diamante, en el territorio al sur del río Orinoco, con poco control y vigilancia por parte del estado venezolano, y que se ha denominado "pequeña minería", en la que participan mineros de países vecinos, particularmente del Brasil, Colombia y Trinidad, y son conocidos los efectos socio-económico de la misma y sobre todo, sus impactos ambientales negativos, sin que se hubiese establecido una política minera seria y firme, por parte de las distintas administraciones que hemos tenido. Creo que los decretos emitidos por el Gobierno Nacional, en parte, apuntan hacia ese control y vigilancia, además de la introducción de técnicas modernas que permitan atenuar y controlar los efectos contaminantes ya señalados, sin embargo se hace necesario establecer algunas pautas o direcciones, sobre lo que debería ser tal política minera.

En primer lugar, se debería considerar la extensión geográfica del área de interés de tal política, luego los minerales a ser considerados y finalmente, el soporte vital para tal política que representa la exploración geológica previa, la cual suministra la información básica para el diseño de la citada política minera.

Respecto al primer ítem, consideramos que el espacio físico al que se debe referir la política minera es todo el territorio nacional, incluyendo nuestro arco de islas caribeñas y el fondo marino que las mismas permiten definir, por lo que el Arco Minero del Orinoco solo sería un caso particular y especial, pero de ninguna forma, el epicentro de la política minera del país y los responsables de las tomas de decisiones del Ejecutivo Nacional deberían tener cuidado de no caer en la tentación de anclarse en el citado Arco.

Con relación a los minerales objeto de esta política, debemos insistir en que existen unos minerales que han sido clasificados como metálicos, otros son no metálicos, otros son energéticos y dentro de los mismos no podemos soslayar los minerales radiactivos. Si lo vemos desde el punto de vista de su utilización, unos son vitales para las industrias metalúrgicas instaladas en el país, otros están íntimamente vinculados con la construcción de obras civiles, sean estas de vialidad, hidroeléctricas o urbanísticas. Pero existen otros minerales que están estrechamente ligados a la producción de alimentos, a la actividad agropecuaria, como las rocas calcáreas que permiten neutralizar la acidez de los suelos, muy frecuente y extendida en nuestro país, las rocas potásicas y las fosfáticas que permiten enriquecer nuestros suelos, que no son tan ricos como los de los países que están afectados por las cuatro estaciones y no debemos olvidar que la geología permite identificar las áreas propicias para la existencia de las aguas subterráneas, cuyo aprovechamiento permitiría incrementar nuestra productividad agrícola en las épocas de verano, mediante el riego controlado.

Finalmente es importante destacar que la creación del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero y Ecológico era una necesidad ya que a través del mismo se facilitaría la formulación y puesta en funcionamiento de la política geológico-minera que necesita el país, sobre bases sólidas, superándose la tendencia que se generó desde el nacimiento del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, en la que la condición de país petrolero de Venezuela, determinó que el mismo se fuese transformando en Ministerio de Hidrocarburos y Minas, pasando la exploración geológica, base de la minería, a una actividad secundaria y casi desapercibida, al menos esto fue lo que se generó durante la administración de los Presidentes Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, ya que durante la administración del primero, la exploración geológica sistemática del país entró en una fase recesiva por falta de financiamiento y el segundo fue quien ordenó el desmantelamiento de la Dirección de Geología y se acentuó la política de eliminar estas actividades, enmascarándose en la suposición de que el o los organismos vinculados o dedicados a éstas debían ser autofinaciables o autogestionables, lo cual no sucede en ningún país del planeta.

Todos estos puntos de vista se pueden y se deben debatir, teniendo como meta la definición de la estrategia que nos permita dar el máximo de bienestar y felicidad posible a nuestra población.

Armando Díaz Q.

C.I.V. 1.896.954

C.I.V. 4367

Caracas, 23 de Junio de 2016.