En las comunas y en los soviets-lo creemos así-las querellas de toda índole son o eran ventiladas in situ por representantes acreditados de la misma comuna; sólo en casos complejos pasarían a segunda instancias superiores. Tan así fue que las querellas familiares e interfamiliares eran automáticamente dirimidas cuando el soviet era atacado por represiones burguesas.
Para impartir justicia, al profesional del Derecho debe entendérsele sólo en el marco de la división clasista, o sea, es una persona al servicio preferencial de la clase burguesa por cuanto los proletarios en su mayoría están incapacitados económicamente para pagar sus honorarios, salvo para algunas diligencias protocolares como, digamos, un registro de pequeños comercios-bodeguitas-, un divorcio-acción divisionista muy beneficiosa para el sistema burgués-, una defensa personal en riñas o delitos entre pendejos[1].
Los proletarios con mejores ingresos suelen ligarse a la clase burguesa y la ideología de estos trabajadores es antisocialista ya que de otra manera no cabrían en el seno de la burguesía como otro servidor incondicional de la clase dominante. En todas las demás profesiones ocurre igual aunque en menor escala.
En los centros de estudio universitario, los abogados enfáticamente aprenden cómo defender al comerciante agredido en sus derechos patrimoniales por otro comerciante o por terceras personas, pero como sus servicios son onerosos sólo los puede costear el comerciante con mayor patrimonio; eso convierte al profesional del Derecho en sujeto al servicios de la oligarquía capitalista.
Obviamente, el país de ahorita cuenta con pocos profesionales del Derecho al servicio de la revolución y, más bien, se hallan al servicio de la burguesía afectada hasta ahora y en proceso de serlo crecientemente en la medida que avance el socialismo ya planeado.
28/8/2016 8:04:51 a.m.
[1] Resulta evidente que los bachaqueros que ahorita mismo se hallan estafando comercialmente a los consumidores hasta ahora no hayan sido demandados a través de ningún abogado por la comisión de semejantes delitos o ilícitos, en el menor de los casos. ¡Claro!, los jueces y fiscales son profesionales del Derecho y sus tendencias sociales son de naturaleza antisocialista por antonomasia. He aquí un pequeño menú de ilícitos: venta de mercancías vencidas, sobreprecios a granel y reiterados, acaparamiento, camuflaje de productos, manipulación antisanitaria de las mercancías, etcétera, etc.