Durante los diversos regímenes adecos y copeyanos -a su modo, demócratas de altos quilates y fieles representantes de la soberanía popular- hubo en Venezuela una deuda social (y moral) que fue en aumento a medida que transcurría el tiempo, tapada en discursos de ocasión que únicamente servían para disfrazar la realidad del país ante los ojos del mundo, pero que se hacía evidente por doquier. Trabajadoras y trabajadores, sobre todo de áreas rurales, que no gozaban de mejoras socio-económicas, ni del derecho a la libre sindicalización; niños y jóvenes sin mayores posibilidades ni estímulos para proseguir sus estudios y superar la pobreza en que se encontraban; familias hacinadas en casuchas, o ranchos, olvidados en zonas marginales desprovistas de los más elementales servicios públicos; pueblos aborígenes utilizados como recreación de turistas y objeto de estudio de antropólogos y otros científicos sociales para sus publicaciones y tesis de grado, aplicando, por cierto, patrones aprendidos en universidades del extranjero; cultores y tradiciones populares que, por su extracción popular, no eran valorados a la par de manifestaciones artístico-culturales de la llamada civilización occidental, siendo relegados a un segundo plano, a tal punto que se consideró inaceptable e inconcebible que el Teatro Teresa Carreño sirviera de escenario para alguna de sus presentaciones al público.

Todo esto contrastaba con el mito creado alrededor del Pacto de Punto Fijo y de la ilusión de armonía nutrida generosamente por el rentismo petrolero que le daba existencia al clientelismo político ejercido indistintamente por AD y COPEI hasta, aparentemente, 1998 cuando el Comandante Hugo Chávez es electo presidente de la república. Sin embargo, todavía el diagnóstico de la fenecida era puntofijista resultará incompleto si no se menciona la situación de exclusión, vulnerabilidad y abandono padecida por miles y/o millones de venezolanos y venezolanas con algún tipo de discapacidad o con diversidad funcional, algunos encerrados en sus casas, sin derecho a vivir con la dignidad que todo ser humano se merece siempre, lo que repercutía negativamente en su autoestima y en la de sus familiares, mientras otros se hallaban en la indigencia, a la merced de la buena voluntad de instituciones benéficas y de quienes se cruzaran por su camino, en muchas ocasiones de modo esporádico.

Gracias a la comprensión de su papel histórico como líder popular, a su sensibilidad humana y a su empeño por construir una alternativa socialista de nuevo tipo en Venezuela, el Presidente Chávez comenzó a liquidar esa vieja deuda social (y moral) largamente acumulada, dando nacimiento a Misiones sociales dirigidas a atender a cada grupo poblacional y cada situación que requiriese la atención puntual del Estado. En este marco, dándosele cumplimiento al artículo 81 de la Carta Magna, aquellas personas con alguna clase de discapacidad o necesidades especiales comienzan a experimentar un proceso continuo de dignificación, desde la sustitución de términos que ya de por sí les imponían una condición de sub-humanos o en segundo grado como, por ejemplo, el de inválidas, luego, el de minusválidas e incapacitadas hasta llegar a definirlas como personas con discapacidad, cambiándose la concepción que se tenía respecto a las mismas. Este mismo proceso -que se busca profundizar a través de la Misión José Gregorio Hernández- ha logrado la visibilización, la equiparación de oportunidades, la inclusión en el sistema educativo, las condiciones laborales apropiadas y la promoción de una formación acorde con las capacidades particulares de cada una de estas personas. En la actualidad, una gran porción de este importante sector de la población ha sido dignificado, tiene presencia social, económica y política, es protagonista de su propio desarrollo integral y mantiene activo su respaldo permanente al proyecto de la Revolución Bolivariana, como lo viene demostrando desde hace años atrás hasta el presente. Todo esto dado que el propósito del socialismo bolivariano está encuadrado en una visión humanista, totalmente distinta a la comúnmente subrayada bajo el régimen capitalista, la cual excluye, explota y degrada a las personas, independientemente de si les amparan o no derechos inalienables, establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos o en la Constitución del país.-