La literatura económica burguesa ha provocado muchos desaciertos en materia de dinero y precios del mercado cuando el Estado interfiere con buena voluntad.

De partida, mientras el Estado sea confiable en cuanto a sus Ingresos ordinarios y extraordinarios, el circulante lanzado al mercado busca acoplarse a los niveles de precios sin considerarlo para nada motivo inflacionista.

En Venezuela, la contracción de la demanda sufrida por la clase trabajadora[1] es palmaria; su causa es conocida de todos: los ingresos del trabajador tanto activo como jubilado no es están cubriendo ni siquiera 50% de la cesta básica, a pesar de los repetidos ajustes salariales que hace el Estado para suplir esas bajas del poder adquisitivo para una cesta básica constante.

La cesta básica de las mayorías jamás ha sido cubierta 100% por parte de los empresarios, y ha sido durante la presente V República que el Estado ha asumido esa nivelación, ante lo cual el empresariado ha reaccionado con subas de precios para lo cual ha usado las estrategis propias del mercado como son el acaparamiento, la ralentización de la producción, en fin la reducción de la oferta a través de la escasez que, por cierto, no es causa de escasez[2] y otras medidas contractoras de la oferta.

Al Estado le está pasando en macro, lo que en micro le pasa al consumidor que cada semana ve que su salario o pensión no le alcanza para adquirir una cesta de igual peso y calidad. Cuando el Presupuesto Nacional se excede en sus gastos, acude a los conocidos Créditos Adicionales que necesariamente se traducen en una mayor circulante nacional.

Obviamente, la solución tiene que estar, por ahora, en ajustes de las pensiones y jubilaciones automáticos cada quincena, por lo menos, y de una vez por todas dejar libre el monto del salario de los trabajadores activos de la empresa privada.

Por ahora, los bienes sustitutivos no ofrecen alternativa al consumidor de bajos ingresos reales, al bajo poder adquisitivo real de las pensiones, jubilaciones y salarios.

Actualmente, en nuestro país no existen bienes sustitutivos en razón de sus precios. Este fenómeno es una novedad en el mundo entero burgués, lo que nos pone en evidencia el carácter anárquico y beligerante que ha asumido la función comercial de la empresa privada ya que actúa, más que por razones económicas inmediatas, por ambiciones políticas de resultados económicas a largo plazo.

En toda economía de mercado se produce y ofrece bienes para todos los consumidores solventes en medio de sus desiguales ingresos. Quienes pueden comprar bienes de primera, así lo hacen, y los de menores ingresos se conforman con adquirir bienes de segunda calidad* o con menor poder nutricional en el caso de los alimentos: margarina en lugar de mantequilla, carne "buena" en lugar de carne superior, y esta en lugar de la carne óptima; mortadela en lugar de carne buena, como ejemplos.

Ante la ineficacia de los ajustes salariales periódicos, el Estado debe optar por la indexación de las pensiones, jubilaciones y de las remuneraciones del personal burocrático. Para lograr eso tiene la posibilidad de lanzar todo el torrente de circulante capaz de cubrir el valor actual de la cesta básica, y regular con severidad penal cualquier nueva burla a los precios y al valor de la cesta básica[3].

La regulación de los precios tiene que estar dirigida sólo a los precios de primera calidad para que quede abierto el menor precio de los bienes de inferior calidad y cantidad, de la mortadela, del arroz en todas sus presentaciones de manera que el envasador de este alimento no se vea tentado a cambiarle su presentación más allá del porcentaje de granos partidos.

Aquella empresa que se niegue a ofrecer presentaciones al alcance de todos los bolsillos en productos de la cesta básica debe ser clausurada de inmediato. De esa manera habría arroz y pan para todos los gustos y posibilidades.

A las pastelerías y dulcerías se les cancelará su licencia para producir pan, y viceversa. Esta sería una regulación eficaz para acabar con el mito de los costes de la harina.

Por lo demás, el problema de toda inflación radica en que el circulante activo no alcanza para cubrir la demanda a los precios en suba. Imaginemos por un momento que todos los bienes se fabriquen con alta calidad y altos costos en consecuencia. En ese caso, el circulante, los ingresos monetarios, tendrán que ajustar su volumen al valor de la cesta básica contentiva de productos con elevados costes y calidades.

Esta medida resulta factibles y puede ser viable porque estamos ante una moneda fiduciaria. EE.UU, adoptó a comienzos de los 70 el patrón fiduciario en reemplazo del p. oro. Sólo de esta manera ha podido inundar al mundo con sus dólares.

El mito del dinero monetarista debe dejarse a un lado porque en toda economía, hasta la inflacionaria, tiene que ser financiada con el volumen de circulante exigido por los precios del mercado[4].

Es que el mercado fija el volumen del circulante y no éste los precios de aquel. Digamos que los precios son reflejo de los valores creados en las fábricas y fijados en el mercado. De manera que el dinero y su moneda representativa tienen que ajustarse a esos precios y no lo contrario como falsamente afirma el teórico monetarista.

En los casos de inflación, la necesidad de ajustar el circulante es una medida aconsejable, necesaria y sana, a fin de dar continuidad a la producción y el mercadeo.

18/3/2017 9:15:57 a.m.

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* La cerveza, aguardientes, plátanos, cacao, café; todas estas mercancías, entre otras, son de tercera calidad cuando se reservan para el mercado doméstico,

[1] También la clase burguesa, sus fabricantes e intermediarios, sufrirán a la larga la inflación inducida por ellos mismos.

[2] Véase Jorgen Pedersen, Teoría del Dinero, INFLACION Y DEFLACIÓN.

[3] Es un lamentable hecho cumplido hasta ahora la debilidad penal que caracteriza al presente gobierno con un su irrestricto apego a una Constitución y a un Código Penal hechos para tiempos de paz, cuando estamos en guerra. El gobierno todavía sigue sin saber pesar con justicia la envergadura de esta guerra y la anarquía que estamos viviendo en materia de precios y comerciantes delincuentes. En cualquier otro país las penas mediante juicios sumariales irían de 10 años a 20 ídem, cuando no rija la pena de muerte. La idea de esas legislaciones es infundir terror a la comisión de actos de corrupción, de crímenes.

[4] Los posibles excedentes de dinero que vayan más allá del valor de la oferta pasan al fondo de ahorros, no entrarían en la circulación. De manera que todas las alzas de precios cuando son sostenidas requieren más circulante si se quiere mantener y dar estabilidad a la producción y al mercado.