El gobierno de Maduro ya había logrado su objetivo político, neutralizar la Asamblea Nacional, que sin mayor resistencia había entregado su victoria, el Referendo Revocatorio y la calle, a cambio de un mayor debilitamiento del gobierno y del chavismo y el socialismo como ideologías, y la aplicación de medidas económicas antipopulares que facilitaran su victoria y gobierno a partir del 2019.
Sin embargo, dos sentencias excedidas en el marco del acuerdo entre una parte del gobierno y otra de la MUD, precipita la desconfianza de estos últimos en cuanto a la vocación ya no sólo totalitarista del gobierno, sino prodictatorial. Esta era y sigue siendo la preocupación primordial de la cúpula de la MUD, pero nadie miró el fondo de la sentencia aparte de Marea Socialista y la Plataforma por la defensa de la Constitución, quienes se pronuncian de inmediato a la salida de la sentencias 155 y 156. De la primera por la trampa autoritaria de poder sumarialmente señalar a cualquiera de "traidor a la patria" y en la segunda sentencia por la violación flagrante de la Constitución ante la concreción de la omnipotencia del presidente de poder comprometer al país en empréstitos, créditos adicionales, endeudamiento y concesiones que van más allá de su facultad y del TSJ.
El gobierno, entrampado en lo político, dejó de lado que sólo no podría persuadir a sus aliados de facilitar más dinero fresco si no existía la garantía de que, saliera o no Maduro, las deudas fueran honradas y las inversiones garantizadas en especial para el retorno de las ganancias. Por ello, en lugar de corregir el desacato a la AN y renegociar la aceptación del legislativo de estos asuntos económicos, prefirió huir hacia adelante para terminar de disolver la AN, cosa que por cierto aún se mantiene, a pesar de la "resolución del impasse" que condujo a la sentencia 157 que de un plumazo borra un par de párrafos para terminar de admitir la ausencia de separación de poderes, y además no corregir absolutamente nada en la realidad.
Este autogolpe de Estado institucional fue y es económico, y gira en torno a la sed que genera la escasez de divisas de la renta petrolera. En especial China, el principal país acreedor de deuda venezolana fuera de los bonos soberanos y de PDVSA, ha ejercido fuerte presión para garantizar que se le sea pagado hasta el último préstamo a Venezuela, pero la resolución del gobierno no contó con la variable: Luisa Ortega Díaz, que genera un punto de inflexión al declarar lo que todos sabíamos, pero que en la boca de la Fiscal suena muy duro; se rompió el hilo constitucional, y agrego yo que parece no volverse a juntar más.
Sin vuelta atrás, las causas económicas son absolutas, pero las políticas siguen dando de qué hablar y lo único que puede resolver destrabar este juego, sigue siendo la movilización de los sectores sociales organizados y autónomos ante los partidos políticos y los sectores económicos, exigiendo cambios de verdad, algo difícilmente viable a corto plazo.
