Si en próximas horas se hacen anuncios sobre la realización de las las elecciones regionales - en deuda desde diciembre de 2016 - los argumentos de quienes pretenden sostener un clima de tensión en el país se quedarían sin fundamento. La certeza de los comicios concentraría el esfuerzo de los sectores políticos en proyectar sus precandidatos, y pondría contra las cuerdas a quienes esconden bajo su manga las cartas de la violencia o del desconocimiento de la voluntad popular. Así, el ánimo crispado de los extremos se vería interpelado ante la cercanía de las máquinas de votación. Además, la necesidad de concurrir a elecciones aparece en los discursos de los actores políticos más relevantes de los sectores enfrentados hoy día en Venezuela.
Sólo preocupa la posición maximalista de quienes pretenden hacer caída y mesa limpia convocando unas elecciones generales que no están previstas en este momento según la letra de la Constitución Nacional. Me refiero a quienes no parecen mostrarse conformes con la realización de las elecciones que por mandato constitucional deben efectuarse, que son las elecciones de Gobernadores - vencidas en diciembre próximo pasado - , y la de los Alcaldes que están por vencerse. Pero en caso de convocarse estos comicios quedarían aislados, porque la mayoría del país transitaría por el camino constitucional. Las posiciones más refractarias se verían obligadas así a ceder en sus propósitos, porque es seguro que la gente querrá votar. Tras ese maximalismo de los extremos tal vez se esconda la imposibilidad de dirimir sus diferencias internas, alentadas por el combustible de las aspiraciones personales y por la guerra interna de las maquinarias partidistas.
El papel del árbitro electoral es fundamental. Una vez concluido el proceso de renovación de las organizaciones con fines políticos, el paso siguiente es señalar la ruta hacia las consultas regionales y locales, que comprende la actualización del registro electoral, además de los otros procedimientos técnicos inherentes al caso. Una simple declaración de las máximas autoridades del Poder Electoral certificando estos procedimientos bajaría la presión política y beneficiaría a toda la colectividad nacional. Los que piensan que pueden ganar la consulta, tendrían la oportunidad de demostrarlo y quedaría claro ante la comunidad internacional el carácter democrático de nuestro sistema político. Las regionales son la salida. No convocarlas o pretender llamar a elecciones generales a destiempo, sería en ambos casos patear la Constitución y seguir abonando el terreno para que germine la mala hierba de la violencia.
