En el siguiente extracto se halla la una buena dosis de indefensión que tiene el gobierno en su defensa propia contra los "supuestos delincuentes" coyunturales conocidos como guarimberos y ahora identificados como terroristas. Es un componente del Poder Moral que nos luce parecido al desacatador Poder Legislativo actual ( Quede claro que no lo afirmamos, sólo nos lo parece):
"... La Fiscal procedió a referir un caso que calificó de "anómalo", ocurrido el 19 de abril, cuando funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a 38 personas en Nueva Esparta que fueron trasladados por el CICPC sin conocer la circunstancia de las actuaciones de los aprehendidos. La Fiscal destacó que el CICPC notificó al Ministerio Público que tenía a esas personas detenidas, pero que el acta que entregaron "no narra las circunstancias del tiempo, modo y lugar en las que fueron aprehendidas las personas. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es la conducta que desarrolló la persona para aprehenderla?" Ortega Díaz señaló que esos datos son "lo importante" de un acta policial debido a que la labor del fiscal no es atender la seguridad ciudadana ni el orden público ni las manifestaciones. Por consiguiente, la Fiscal solicitó "la nulidad de tal detención por carecer de sustento".
Ese sería el quid de su declaración: señalar una lista de supuestos aprehendidos, unos daños notorios y vox pópuli porque se hallan a ojos vistas, etc., para luego epilogar su desafortunado y reclamado pronunciamiento o intervención con ese extracto. ¿Cabría preguntarse: quién le solicitaría dicha nulidad?
El protocolo procedimental que ella esgrime está muy bien, pero nos luce unilateralizado, con todo el respeto que su investidura tiene bien merecida.
