"La soberanía del pueblo es la única autoridad de las naciones". Bolívar
La palabra crisis viene del griego Krisis" asociada al verbo "Krinein" que significa "separar" o "decidir". La significación sociopolítica de ese término en el escenario actual, apunta hacia una ruptura o una inflexión, causada por tensiones acumuladas en el seno de la sociedad, que han devenido en una confrontación por el poder, entre factores políticos e institucionales. Crisis, como las que hoy vive Venezuela, coloca al Estado y particularmente al CNE, frente a la responsabilidad histórica ineludible de ser un factor decisivo, por acción u omisión, en el desencadenamiento de la espiral de caos y violencia política ya en curso -con un saldo lamentable de 26 fallecidos y 437 heridos- con consecuencias impredecibles para la paz y la soberanía de la Nación.
Con el pronunciamiento firme y oportuno contra la virtual disolución de la AN intentada por el TSJ mediante las sentencias 155-156 y su reciente "rechazo a la violencia como arma política" advirtiéndole a los actores políticos en disputa, que no deben "recorrer caminos distintos a los establecidos en la Constitución, pues allí están expresadas claramente las formas de dirimir nuestras diferencias", la Fiscal General ha dado un paso al frente para romper la polarización político-institucional, que mantiene al país al borde de una confrontación violenta. Ella rescata la vigencia de la Constitución como el único camino para salir del laberinto, lo que en términos inmediatos se traduce en la convocatoria urgente por el CNE de las elecciones regionales y las municipales para finales de año.
Al despojarse de "fidelidades", que pasan por echar a un lado las reglas del juego, para retomar el hilo constitucional al igual que lo viene haciendo la Fiscal, el árbitro electoral daría una contribución fundamental a la democracia y a la paz, si adelanta la pronta activación del cronograma electoral. Aunque esa iniciativa quedaría chucuta, si además el CNE no flexibiliza la actual normativa que rige el proceso de legalización de los partidos y organizaciones políticas, para ponerla en sintonía con el espíritu de la Constitución, vale decir, para permitir que se exprese electoralmente todo el espectro político nacional. El árbitro tiene la autoridad y el balón para que el juego democrático se reinicie.
