Todos los días desde el 6 de abril de 2017 nos estremecen noticias sobre gente que, directa o indirectamente, muere a causa de la violencia que se desató, con fuerza inusitada, los días siguientes al anuncio de la fiscal Luisa Ortega Díaz sobre la "ruptura" del hilo constitucional. Eso fue el 31 de marzo de 2017.

Algunos ingenuos pensaron, en análisis muy superficiales, que la cosa llegaría hasta allí. Otros celebraron el asunto creyendo que eso demostraba la "separación" de poderes y que la Fiscal estaría preñada de buenas intenciones.

Pero viendo más allá de lo que ella mostraba, no era muy difícil llegar a la conclusión de que ese sería el primer paso al frente para generar lo que vivimos en Venezuela actualmente: un choque de trenes, un choque de poderes que, apuntalado por las acciones de calle, busca generar ingobernabilidad y vender ante el mundo que Maduro preside un estado fallido. Ortega ahora se apoya en la Asamblea Nacional, después de defender la tesis del desacato y se cuadra con todos aquellos que combatió en el pasado. Pero en su interminable y aparente contradicción cuestiona al Tribunal Supremo de Justicia y pide anular las designaciones de lo magistrados que ella misma avaló. Ahora dice "yo no fui, fueron ellos, yo lo dije pero no me hicieron caso". Hablamos de "aparente" contradicción porque llama la atención la insistencia en acudir a un poder que fue cuestionado por ella dos meses atrás. La Sala Plena es la que ventila los antejuicios de mérito y quizás ella tenga en ese cuerpo que reúne a los 32 magistrados el apoyo que anda buscando no sólo para anular la designación de los magistrados designados por ella misma y la AN de 2015, sino para intentar acciones más contundentes.

Pero al margen de toda esa locura, hay algo mucho más grave: es que ahora la duda corroe todo lo que se está haciendo en materia de justicia y un velo de impunidad tapa los actos terroristas de una oposición cada vez más descontrolada.

La Fiscalía controla al Ministerio Público, que es la parte acusadora, y hoy por hoy no confiamos en las actuaciones de los fiscales designados para investigar los hechos donde han resultado muertos muchos venezolanos en refriegas en las cuales abundan armas de fabricación casera.

Recuerdo, por ejemplo, cuando a mi colega periodista María Verónica Tessari le cayó en la cabeza una bomba lacrimógena mientras cubríamos una manifestación en la UCV. Eso fue en marzo de 1992. Nunca se supo cuál fue el funcionario que disparó el artefacto y después de meses de agonía, Mari falleció el 15 de enero de 1993…También me viene a la memoria el día en que una tuerca disparada por un policía metropolitano se incrustó en la frente del hijo del periodista Alirio Bolívar, jefe de prensa del partido Acción Democrática…El 27 de noviembre de 1992, le tocó a mi amigo Virgilio Fernández, periodista del diario El Universal, cuya vida cegó un militar durante la segunda intentona golpista, tampoco hubo justicia en esas muertes, nunca se supo y ese no saber está salpicando los casos de ahora.

Aún esperamos justicia en muchas muertes y no dejan de sorprender los resultados de las "investigaciones". Ortega concluye en que, después de ver 1.000 videos y hacer 700 experticias, y recoger millones de evidencias, a Juan Pablo Pernalete lo mató una bomba lacrimógena disparada por el piquete de la Guardia Nacional. Después en una entrevista complaciente del periodista Vladimir Villegas escuchamos este diálogo:

VV: ¿En ese caso (de Pernalete) ya se ha logrado individualizar el funcionario que habría disparado?

LOD: No, no

VV: ¿Eso es muy difícil hacerlo?

LOD: No es difícil, nosotros confiamos en que la GNB va a poner al funcionario a la orden nuestra

VV: ¿La GNB sabe qué funcionario fue?

LOD: Es probable que los que estaban allí sepan porque nosotros tenemos otro caso que ahora no recuerdo el nombre que había un grupo de funcionarios y todos acordaron: "mira fue éste y que se entregue porque nosotros no vamos a asumir la responsabilidad del otro entonces yo confío en que eso va a ser así…

Es decir, la Fiscalía, como ya dijimos, es la que acusa, pero fíjense que en el caso de Pernalete, esperarán que sea la GNB la que entregue al presunto responsable ya que aún no tienen a nadie imputado (hasta el momento de escribir esto, claro).

Alguien experto en la materia me confió: "Primera vez que ella (Luisa) hace eso: exhibir los resultados de una experticia en fase de investigación y sin imputados" Mi fuente dice que la fiscal "contaminó" la prueba al adelantar opinión…

Y aún no se sabe quién mató a Pernalete, pero fueron descalificados los indicios aportados por el ministro Ernesto Villegas, interesado en esclarecer los hechos. La acusación directa contra la GNB encendió más la calle, mientras la MUD conseguía más respaldo internacional y más escándalo mediático. Luisa Ortega, la científica, ni siquiera tiene un imputado por la muerte del joven y, además, son los "compañeros" del funcionario que supuestamente disparó los que lo van a entregar porque evidentemente el Ministerio Público, en su brillante trabajo investigativo, no ha dado con el fulano. ¿Habráse visto mayor desparpajo?

Poco a poco se han ido desvaneciendo las esperanzas de encontrar los culpables en casos como el de Orlando Figuera, por ejemplo, catalogado como "crimen de odio" pero ya el Ministerio Público descartó eso al anunciar que aparentemente Figuera tenía problemas con un conocido que fue el que lo apuñaló y gritó que estaba robando para generar la reacción en los terroristas encapuchados. No hay culpables pese a las fotos y videos del terrible momento y ella dijo que se había "manipulado" al mostrar esos materiales. Recordemos que el primero en transmitirlos fue el presidente Nicolás Maduro.

Los medios aprovecharon la versión del Ministerio Público para titular de manera indignante sus notas:"No lo quemaron por chavista"...¿Eso invalida la acción de haberlo quemado?, preguntamos...

Tampoco se sabe qué pasó con los jóvenes que murieron impactados por metras o rolineras en hechos donde también han sido acusados la GNB o la PNB o peor aún los supuestos "colectivos" armados presuntamente alimentados por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuándo sabremos la verdad, señora Fiscal?

Pero además, el Ministerio Público, controlado por Ortega Díaz, y ahora apoyado por un enjambre de medios de comunicación que fabrican no la "posverdad" sino las "noticias deseadas"*, emitió este martes un llamado a los cuerpos de seguridad para que no arrojen bombas lacrimógenas cerca de centros educativos y de salud, algo totalmente absurdo cuando tenemos dos meses durante los cuales los terroristas de la MUD no solamente montan sus guarimbas donde les da la gana sino que incendian autobuses e instituciones, trancan las vías de mayor circulación impidiendo el paso vehicular y atacan centros como el Materno Infantil de El Valle o el Ministerio de Hábitat y Vivienda donde estuvieron en peligro 110 niños. El Ministerio Público no ha hecho ni un solo llamado para que no se realicen los llamados "plantones" y eso solo es porque la señora Luisa está de plantón desde hace dos meses.

A esto se suma el rol de la Cruz Roja que después de más de 60 días de actos terroristas iza la bandera que sólo puede ser mostrada en tiempos de guerra porque la GNB arrojó bombas lacrimógenas cerca de su hospital. ¿Cuántos días tienen ya los bochinches de la MUD en La Candelaria? ¿No les molestó el humo de la basura que los terroristas de la MUD queman todos los días cerca de la Cruz Roja? Esta Institución es la que ha promovido la idea de la Crisis Humanitaria en Venezuela en consonancia con la señora Fiscal por eso no creo en su neutralidad…

La acción del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab no pudo ser más oportuna ante el TSJ por la impunidad de todos los hechos ocurridos y, además, del uso de niños. Recordemos que Saab, el día que lamentablemente murió el adolescente Neomar Lander, se le adelantó al Ministerio Público y al Cicpc y se fue para la morgue a presenciar la autopsia del menor obteniendo de primera mano los resultados y determinando que ese deceso no se produjo por una bomba lacrimógena como de inmediato sugirió el diputado Pizarro secundado por todos los medios de comunicación…Aún se desconoce qué pasó allí pero ya no podrán afirmar que lo mató una bomba lacrimógena.

Ortega Díaz debe tener presente que cada muerte desde el 6 de abril de 2017, lleva su sello, lleva su nombre, cada guarimba, cada "puputov", cada motorizado que perdió su vida porque los terroristas regaron aceite en el pavimento… En Venezuela la impunidad corre alegre por las calles pues su acusadora natural también se puso una capucha.

* "Las noticias deseadas son la superestructura de una estructura psicosocial que pretende permanecer siempre creyendo lo que más le conviene" y los medios se la facilitan…