Como lo refleja la historia, la ruptura de la «paz democrática» con los sucesos producidos en Venezuela en los años 1989 («El Caracazo») y 1992 (las insurrecciones cívico-militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre) puso de relieve la existencia de grandes, continuadas y profundas contradicciones sociales, políticas, culturales y económicas que venían aflorando a lo largo del tiempo en este país. Contradicciones que, durante décadas, fueron «exitosamente» amortiguadas e invisibilizadas por la ilusión creada de un maná petrolero inagotable, en una versión tropicalizada de la Arabia Saudita, cuyos dividendos en dólares podrían extenderse a todos sin distinción (aunque esto sólo se concretara en el caso particular de las élites políticas y económicas privilegiadas, encargadas de la dirección del país). Esta se combinó con la represión sistemática de cualquier síntoma de rebeldía popular, en especial si éste era (o, simplemente, se sospechara que lo fuera) inspirado por los ideales marxistas leninistas; contando con la asesoría directa de la Agencia Central de Inteligencia y del Pentágono estadounidenses, para repeler y derrotar la lucha armada, emprendida -a imagen y semejanza de lo alcanzado por Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio en Cuba- por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus derivaciones, el Partido de la Revolución Venezolana-Ruptura (PRV-Ruptura) y la Organización de Revolucionarios (OR).
Estos antecedentes históricos debieron ser tomados en cuenta por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y toda la gama de dirigentes chavistas a la hora de proclamar (y creer, además) que habría en Venezuela una experiencia revolucionaria sin ataques de la derecha tradicional y de los poderes fácticos de Estados Unidos. De una u otra manera, esta misma dirigencia se extravió en el discurso socialista y asentó las bases burocráticas para evitar, contradictoriamente, la concreción del socialismo que quiso diferenciarse llamándolo del siglo 21; recreándose, en su lugar, la vieja cultura política puntofijista, con todo lo que ella implica en cuanto a corrupción y clientelismo político.
En este caso, cada revolucionario y chavista debiera interrogarse a sí mismo respecto a cuál es su papel y en qué medida está contribuyendo efectivamente con hacer realidad la Revolución Socialista en este país. ¿Por qué asciende o es promovido a cargos de dirección o de confianza? ¿Porque se tiene una mayor capacidad, un mayor compromiso o una mayor formación que otros con iguales oportunidades? Si la respuesta es positiva, entonces ¿por qué sus acciones no reflejan algo de esto, es decir, por qué éstas no trascienden lo habitualmente hecho y aceptado, convirtiéndose cada una en una cotidianidad revolucionaria permanente? A todo ello hay que agregarle la ética como ingrediente básico, entendiendo que ella marcará y evidenciará una diferencia abismal en relación con el comportamiento observado entre aquellos que gobiernan y dirigen a los sectores populares, apegados a la usanza tradicional y jerárquica, sin atreverse a modificar de raíz las relaciones de poder que caracterizan desde hace siglos al sistema burgués representativo.
Como se podrá concluir, el problema es estructural, no coyuntural. Como en todo sistema contradictorio, la crisis social, política, económica, moral y, en términos más amplios, de gobernabilidad que envuelve a Venezuela desde 2014 (estableciendo una corta cronología aunque pudiera retrotraerse a años anteriores a éste) básicamente tiene que ver con el dilema constante entre satisfacer las aspiraciones de los sectores tradicionalmente dominantes o, contrariamente, las aspiraciones de los sectores tradicionalmente dominados o subordinados. Aceptando esto como algo cierto, el movimiento popular, en un sentido amplio, se plegó -sin lucha alguna- a las decisiones adoptadas desde el palacio de Miraflores, perdiendo así la suficiente autonomía para iniciar, protagonizar y profundizar los cambios que harán falta en materia política, económica, social y cultural para transformar estructuralmente el Estado y el modelo de sociedad venezolanos vigentes.-
