Como sabemos, nuestra actual Constitución prevé reelecciones por uno o más períodos consecutivos para determinados funcionarios públicos. Son notorios los casos de: Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes.
Dichas reelecciones vinieron a cubrir la necesidad de la continuidad administrativa gubernamental en los potenciales casos de unos gobernantes, de tal manera que tanto las obras cumplidas y en plena ejecución como las arrancadas e inconclusas durante su finito mandato no sufran dilaciones ni interrupciones que generalmente se traducen en pérdidas monetarias presupuestarias y en una insatisfactible carencia de oportunos servicios públicos.
Aplaudimos las reelecciones para aquellos funcionarios que hayan cumplido por lo menos medianamente con sus obligaciones como tales dentro de sus respectivas competencias. Ojala todos lograran y se hicieran merecedores del doble o triple ejercicio para bien de toda la ciudadanía que los haya elegido.
Pero no podemos convalidar el oprobioso y descarado ventajismo que vienen practicando dichos reelegibles, habida cuenta de que las posibilidades de los aspirantes a relevarlos en sus cargos son y serán siempre mínimas frente al poder propagandístico que supone la obra misma que hayan podido ejecutar los gobernantes del caso.
De manera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería legislar urgentemente sobre esta materia. La campaña electoral de los reelegibles viene dada en sí misma por la buena o mediocre obra que ellos hayan realizado durante su período correspondiente. Son sus hechos, logros y aciertos los que darían fe de sus méritos para ser reelectos, de manera que mal podrían iniciar y practicar una desleal, ventajista y leonina campaña en igualdad de espacios y tiempos que aquellos candidatos que aspiren su elección por primera era vez.
Los mandatarios en ejercicio realizan una campaña a favor o en contra de sí mismos durante todo su ejercicio gubernamental, y nos luce hasta inmoral, que, pongamos por caso, un pésimo gobernador, despilfarre dineros públicos en tratar a cómo dé lugar de convencer a la ciudadanía de que su mal gobierno le seguiría acreditando para una reelección.
Las campañas electorales y sus despliegues propagandísticos, las promisiones del caso, sólo deber estar permitidas para los aspirantes y no para los reelegibles.
Desde aquí instamos al CNE para que tome cartas en estos asuntos que están revelando una cuasiautomática doble elección disimulada con una elecciones administrativamente amañadas de partida, en el sentido de que los reelegibles disponen de maquinarias, logísticas y créditos muy desbalanceadamente superiores a los de sus contendientes.
