La corrupción que se apoderó de la autoridades universitarias públicas fue denunciada por Samuel Moncada y debidamente soportada en su condición de Ministro para la Educación Universitaria.
Recuerdo que los frecuentes atrasos en el pago de nuestras quincenas y otras remuneraciones al personal docente y administrativo ya era atribuido a actuaciones corruptas de "magníficos" rectores, vicerrectores y decanos. Hablamos de los años 70, de los ochenta y buena parte de los 90.
En muchos casos, supuestos actos de corrupción por depósitos a plazo fijo durante algunos días de las nóminas, fueron infundados porque muchas de esas autoridades carecieron de conocimientos para el manejo de elementales operaciones financieras. Conocimos rectores y vicerrectores que confundieron liras "italianas" con libras "esterlinas", y prefirieron que los tildaran de corruptos que de rectores ignorantes.
La flojedad actual en el castigo de los delincuentes pertenecientes a la alta burguesía o descendientes de los mantuanos de la colonia no parece responder a otra causa que la alienación sufrida por los gobernantes actuales.
Seguimos sin otra explicación ante la ineptitud y baja voluntad manifiesta por los ministros para castigar hasta el bachaquero más pendejo que está robando al pueblo desde las aceras, en ventanitas en plazas públicas a la puerta de las iglesias, a las puertas de los propios ministerios.
Otro ejemplo inexplicable fuera de esa causa psicológica es el Banco Central de Venezuela. Esta institución como sus homólogas de los países enfeudados por los EE.UU, a diferencia de la Reserva Federal[1] de esa potencia burguesa, costea la producción de los conos monetarios para luego ponerlos a la entera disposición de la banca privada.
Para colmo, cuando el Estado, que ha financiado y costeado ese billetaje requiere fondos dinerarios para sus operaciones financieras diversas y comerciales como la contrata del personal burocrático e inversiones sociales, le quita prestado parte de esos billetes con cargo a intereses cuyos montos los fija el propio BCV a manera de autorización para que así lo reconozcan los clientes privados de esa banca privada en su condición de deudores.[2].
Digamos que el BCV y la Constitución son hijos de la misma burguesía ya que sus actuaciones hasta la fecha resultan incuestionables por el Ejecutivo y por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
O sea, ese BCV tiene tanta inviolabilidad como la Constitución mientras esta se halle en vigencia.
Un ejemplo sencillo de cómo opera este aliado de la burguesía mercantil: El Gobierno aprueba la nómina de su burocracia a fin o mediados de mes.
Esas nóminas son remitidas a los diversos bancos privados y públicos para que ellos sean los pagadores de las acreencias correspondientes de los funcionarios públicos, a cambio del pago de tarifas bancarias que debe pagar el beneficiario de dichas nóminas.
En paralelo, el Banco Central debe depositarles tanto billete como lo indiquen las correspondientes nóminas, o sea, el BCV les paga a sus burócratas con la moneda oficializada y costeada por el BCV, pero la gestión de ese pago corre a cargo de la banca privada.
Esas operaciones ocurren en los libros del BCV y con copias fieles que lleva la banca privada. El BCV le crea un pasivo a la banca y su correspondiente crédito. Cuando un beneficiario retira su paga, el banco privado le carga en su cuenta personal y en paralelo también le carga al BCV por el billete recibido a los efectos cancelatorios o de conciliaciones interbancarias BCV-Banca Privada.
Para colmo de males, el servicio que presta la banca privada ha sido siempre pésimo que incluye mal trato, tardanzas en la cobranza, incomodidades varias e irrespeto al "cliente" que no sea algún comerciante.
Como esto es así, la banca hace propiedad privada del billete que ha costeado el BCV, y de hecho convierte al billete del Estado en una gananciosa mercancía, una mercancía que llega su bóvedas sin costo alguno salvo el del transponte.
[1] En los EE.UU., esa Reserva, como banco emisor de capital mixto, pone a disposición crediticia tanto billete como el gobierno requiera. Su elevada Deuda Pública ante esa Reserva es virtual ya que resulta impagable, puesto que dicha reserva federal provee también a la banca privada y creemos que no lo hace gratuitamente. El gobierno se da por solvente y de allí que su Deuda Pública se mantenga abierta e ilimitada.
[2] Esa figura se halla inscrita en el articulado de la Constitución de la república.
