De la misma manera que en cualquier asamblea se aprueba la propuesta, entre varias, que satisfaga a la mayoría del quórum, asimismo, las leyes, su contenido y objetivo deben satisfacer a la mayoría de la población que las regulan y no a un grupo de personas.
En consecuencia, todas las leyes elaboradas y aprobadas en cualquiera asamblea donde sus asambleístas difieran en intereses personales, jamás podrían satisfacer a las mayorías ( a los trabajadores) ya que es un hecho que esas leyes aprobadas en los Estados controlados por la burguesía sólo tienden a satisfacer a la clase burguesa, en el caso del capitalismo.
Es lo que tenemos en la Constitución de 1999 donde se colaron numerosos entuertos, vicios, atavismos, disposiciones y leyes en general satisfactorias para la clase burguesa-loase comerciantes, fabricantes y financistas. De allí el carácter ilegal e ilegítimo de las leyes derivadas de la misma Constitución.
La mayoría de la población-sus pobres, sus trabajadores-no recibe beneficios de la leyes burguesas, aunque sí son de obligatorio cumplimiento de parte de esa mayoría, aun las que abiertamente vayan en su contra, como esa, por ejemplo, de la LOTTT donde se recoge que el salario diario es el cociente de la paga semanal entre siete días, de tal manera que el patrono. además de la plusvalía, se ha embolsillado indebidamente 40% del salario auténtico.
Otro ejemplo: la misma Constitución contempla libre ejercicio comercial, como si los trabajadores en su mayoría pudieran montar fábricas, comercios y bancos. Por supuesto, la misma burguesía ha pretendido democratizar el capital mediante la ayuda keynesiana a quienes carecen de capital, pero en el caso venezolano ese beneficio ha corrido a cargo de quienes se conocen cómo "capitalistas" rentistas y parasitarios.
