¿Por qué la explotación del asalariado no es un delito?
El sólo hecho de separar la economía de la política es ya una clara admisión de la explotación capitalista de parte del Estado.
Las constituciones políticas de los países consideran un derecho el libre montaje de empresas económicas dedicadas fundamentalmente a la explotación de mano de obra. Estas empresas señalan en sus estatutos, y así lo admite el Código Comercial y Financiero, que su objeto es comprar y o procesar determinadas mercancías para su reventa o fabricación de otras, y así queda oculto el verdadero objeto de todo capital que es acrecentarse con la contrata de trabajadores ya que las máquinas, las materias primas, la tierra y los muebles en general son estériles por naturaleza propia, y por tanto Bs.F 100 invertidos en una máquina, si esta no es operada por una mano de obra hasta podría pudrirse[1].
Esa separación de lo político por un lado y lo económico por otro fue analizada exhaustivamente por Carlos Marx. Este llegó a la conclusión de que la Política es una "ciencia" derivada, mientras la Economía es independiente y representa la fuente del Derecho, de la Sociología, de la Filosofía, y, por supuesto, de la Política que envuelve a estas últimas "ciencias".
Yendo al caso que nos ocupa, como la contrata de trabajadores corre a cargo de comerciantes, eso convierte dicha contratación en un asunto económico, libre de injerencias políticas y jurídicas, salvo para la aprobación y cumplimiento de los correspondientes estatutos que deben señalar claramente dónde termina la libertad comercial y cuáles son los derechos económicos del trabajador[2] en cuanto a salarios convenidos y condiciones ambientales del sitio de trabajo.
Tales estatutos contienen todo un bagaje de cláusulas aparentemente recogedoras del respeto del patrono al salariado y viceversa, pero ninguna de ellas contiene ni alude a nada-absolutamente nada-que pudiera interpretarse como la explotación del asalariado.
De allí que la Economía sea primero, y lo demás, secundario. Tanto así es que, por ejemplo, las quejas del trabajador son manejadas como un asunto meramente político o jurídico, con soportes legales en los cuales tampoco aparece jurisdicción alguna ni ley alguna que contemple hechos de explotación salarial. Los que pudieran existir se refieren a las condiciones de insalubridad que ya son derechos de las personas en general, comunes a todas, pero no específicamente del asalariado.
Si el patrono maltrata al trabajador, pudiera tratarse como daños personales, lesiones y delitos no económicos, pero lo que no podrá ventilarse en ningún tribunal, juez ni abogado, es el pago chucuto de parte del trabajo que cada día, cada hora, cada segundo, practica todo patrono a sus trabajadores.
El día que pudiera intentarse un reclamo judicial por concepto de explotación laboral, y considerarse la explotación de trabajadores como un delito, se trancaría la producción, la economía entraría en crisis, y los querellantes principales, las víctimas, serían los propios trabajadores, ya que a no sufrir nada, quedarían sin trabajo, y al no poseer medios de producción, deduzca usted…
Así, pues, paradójicamente, ni política ni jurídicamente la explotación del hombre por el hombre es considerada un delito sino una aberración social que escapa a todo recurso legal y político. Será porque se trata de apropiaciones indebidas y colectivas[3] ya que todo patrono las aplica para lo cual el Estado les concedió libertad para practicarlo bajo el ropaje de empresas económicas.
Sólo queda abierto el recurso de la lucha política[4] o pacifica, y la rebelión proletaria masiva. Todas los demás recursos protestatarios son meras acciones reformistas, en el mejor de los casos.
13/11/2017 06:49:24 p.m.
[1] El origen de estas autorizaciones estatales pudieran haber respondido a la formación de un censo permisivo de control tributario.
[2] Estos derechos del trabajador se reducen, principalmente, al salario, mismo que debiendo cubrir su cesta básica, por ejemplo, hoy dista mucho de hacerlo. El gobierno podría invitara a los trabajadores de la empresa privada a que le exijan a sus patronos una indexación de salarios y los incrementos de precios de los artículos de dicha cesta..
[3] Como hipótesis, los ladrones y ladronzuelos pudieran ser una expresión de la imitación inconsciente que realizan del robo oculto que pueden observar cuando ven empresarios siempre ricos y trabajadores siempre pobres. Lo malo de estos ladrones es que roban también a los pobres.
[4] Fernando Lasalle (Santiago Valentí Camp Las Sectas y Sociedades Secretas a través de la Historia. Editorial del Valle de México Tomo II, 1975 p. 979)
elevó a la categoría de partido político el movimiento socialista de marras. A este movimiento Marx le dio sentido científico y puso fin al socialismo utópico. Es inútil pretender resolver el problema económico y social derivado de la explotación de los trabajadores desde la propia estructura económica, de allí la alternativa política revolucionaria, al margen de toda ley positiva. Curiosamente, la burguesía no recurre al Estado ni a ningún apoyo jurídico en su defensa contra los trabajadores en rebeldía, simplemente usa su poder económico, como lo estamos presenciando y sufriendo actualmente.
