Es inaudito, es insólito, que todavía en el siglo XXI al recién egresado de una universidad, graduado universitario, se le obligue por ley a inscribirse en un determinado ente privado tal es un Colegio Profesional, ello, para poder trabajar en la especialidad técnica o científica que para adquirirla estudió por un mínimo de 16 años con esfuerzo y sacrificio. Pero si un profesional universitario que debido a su espíritu libertario o cualquier otra razón personal se niega a pertenecer a la ONG, Colegio Profesional respectivo, a la que se le obliga ser miembro, ese ciudadano automáticamente queda impedido de gozar de su derecho al trabajo, en la determinada carrera universitaria para lo cual ya fue debidamente autorizado por la más alta jerarquía correspondiente, y así ese profesional haya obtenido la más alta calificación a lo largo de sus estudios universitarios, el Colegio Profesional respectivo tiene la potestad de impedirle trabaje en la rama de su especialización. Se reafirma, sí una universidad de alto rango en Venezuela le reconoce a un egresado su habilidad y vocación con los más valiosos grados honoríficos, el Colegio Profesional respectivo le puede impedir el derecho al trabajo; basándose en unas normas de perversa inconstitucionalidad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice en su artículo 87: Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.
¿Cómo es posible que unas organizaciones privadas, Colegios Profesionales, puedan imponer sus criterios por encima de la Constitución Venezolana y prohíba a profesionales universitarios puedan trabajar, si no se afilian a ellos? ¿Cómo es posible que el Estado revolucionario no haya podido revertir este exabrupto y haber buscado otro método para llevar un control de la fuerza laboral especializada en el país, y no dejar este vital asunto en manos del sector privado? ¿Será posible que este gobierno revolucionario no sea capaz de rescatar la dignidad de los egresados universitarios en este aspecto? ¿Cuánto tiempo más durará tal claudicación libertaria por el Estado venezolano? Es acaso que en Venezuela no se sabe que las estructuras que sirven de sedes a los Colegios Profesionales no se planea llevar adelante convenios y negocios reñidos con las buenas costumbres, así como también juzgar y sentenciar a sus afiliados; aquellos que les son incómodos a los miembros de cada una de esas directivas. Es que se desconoce que en las sedes de los Colegios Profesionales y sin despertar sospecha de algo ilegal se reúnen, por ejemplo, jueces, fiscales, y abogados que ejercen papeles de acusadores y/o defensores privados de infinidad de casos legales, además, no es público y notorio que en la actualidad el código de ética y la ley que le concierne a cada Colegio Profesional son utilizados para consumar venganzas políticas con expedientes amañados, que luego pasan al Tribunal Disciplinario de la Federación, que al actuar como un Tribunal Supremo de Justicia, confirma cada sentencia y la declara definitiva y firme.
En Venezuela se sabe que los Colegios Profesionales, por obra y gracia de sus directivos de turno, desde hace muchos años dejaron de ser gremios independientes para pasar a ser apéndice de algún partido político y como tal están actuando públicamente, puesto que ellos no pierden tiempo para hacer conocer sus tendencias partidistas y con sus pronunciamientos se adhieren o discrepan en asuntos políticos. La pública actividad política partidista parcializada no corresponde ser ejercidas por y en esas organizaciones, puesto quien padece tal parcialidad es el agremiado que tiene otro modo de pensar y actuar políticamente, merecedor del más alto respeto de todos los agremiados que en alguna oportunidad se encuentre en el mismo recinto gremial.
