INTRODUCCIÓN
Nos encontramos a mediados de abril de 2018, luego de un ambiente de rememoración, regocijo y movilizaciones antiimperialistas por el cumplimiento de los 16 años del golpe de Estado de abril de 2002, donde Pedro Carmona Estanga, presidente de Fedecámaras en ese entonces, sería nombrado Presidente de la "República de Venezuela" por tan sólo cuarenta y ocho horas.
Actualmente, el país se encuentra en una situación de alta intensidad en la denominada "guerra económica" que existe entre los gremios empresariales opositores (nuevamente liderado por Fedecámaras y otros gremios aliados) y el Estado revolucionario presidido por Nicolás Maduro. Como consecuencia de esa guerra la población ha venido padeciendo un proceso de "empobrecimiento colectivo" muy peligroso que pudiera ser irreversible en el tiempo, con efectos nefastos para el desarrollo económico, industrial y para la futura inclusión social.
LA MANIPULACIÓN DEL DÓLAR: ARMA ESTRATÉGICA OPOSITORA
Todos sabemos, que la principal arma estratégica de la derecha nacional e internacional contra la revolución bolivariana ha sido la creación de organizaciones, con sede en Estados Unidos, para manipular la publicación del dólar paralelo. En el contexto de una economía ávida y cada vez más dependiente de las importaciones de bienes de primera necesidad y de consumo masivo, así como de materias primas esenciales para la producción y/o ensamblaje (parasitario) en nuestro territorio.
Asimismo, el Estado se encuentra atado para resolver esas circunstancias por la poca capacidad para inyectar más dólares a la economía, debido a unas reservas internacionales por debajo de 10 mil millones de dólares, una producción petrolera en su mínimo histórico, con compromisos de deuda externa por cumplir (en 2018 debe erogar cerca de 9 mil millones de dólares) y por el bloqueo financiero impuesto por el gobierno de Donald Trump, que ha dificultado el refinanciamiento de la deuda y la adquisición de nuevos empréstitos.
A duras penas, la fiscalía logró detener al presidente de Dolarpro.com, Carlos Eduardo Marrón Colmenares, una de las tantas páginas web (facebook, twitter, etc) que publican la cotización del dólar paralelo venezolano. Será imputado por difusión de información falsa, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El fiscal general de la República ha señalado: "hemos podido verificar que este tipo de acción ha tenido cómplices", si profundizar más en el tema. No obstante, la sola detención del señor Marrón Colmenares, no incide en la resolución de la problemática planteada en el mercado cambiario nacional.
Hay que identificar y denunciar con precisión a los operadores de causar la crisis en Venezuela, entre ellos los que el Fiscal General llama "cómplices", que hemos denominado "aliados de Dolartoday en Venezuela". La denuncia no puede seguir siendo abstracta. A nuestro entender, son los empresarios agremiados que han venido induciendo la hiperinflación empobrecedora en los últimos meses, y contra ellos el Ministerio Público debe actuar antes que sea demasiado tarde.
EL PUEBLO: LA GRAN VÍCTIMA DE LA GUERRA ECONÓMICA
Los efectos de la guerra económica los padecen los (as) venezolanos (as) todos los días. La hiperinflación inducida ha sido la estrategia predilecta de la oposición para atacar al gobierno de Maduro. Aquel presagio opositor, aberrante por demás, se podría estar llevando a cabo: "si se quiere acabar con el chavismo hay que darle en el estómago al pueblo que aún sigue votando por ellos."
Lo cierto, es que al 15 de abril de 2018, el salario mínimo integral, que incluye cesta tickets, sólo alcanza para comprar un kilo de queso "telita". Realmente, los efectos devastadores para la economía son parecidos a los de un territorio bombardeado o afectado por un gran terremoto donde se destruyen las infraestructuras, sistemas de transportes, el aparato mediano y pequeño empresarial y comercial a gran escala.
Los únicos que podrán sobrevivir a esta situación en el mediano plazo serán los monopolios y oligopolios privados, la mayoría agremiados a Fedecámaras, Consecomercio, Venamchamp, Fedenaga, Fedeagro, Cavefar, Cavidea, Conindustria, entre otros, que son los mismos que están induciendo esa hiperinflación devastadora de la sociedad económica venezolana con fines políticos.
La gran víctima de las consecuencias de esta guerra económica, que a mi parecer, la está ganando la derecha empresarial, son las amas de casa, trabajadores, desempleados, economía informal, pensionados, jubilados, entre otros. Insisto, la guerra la está ganando los gremios empresariales y sus afiliados, sobre todo los del sector de alimentos, que son los mismos que lideraron el golpe de Estado hace 16 años.
Lo que está a la vista no necesita anteojos. La estrategia de los monopolios y oligopolios opositores ha sido maléfica: infringiendo daño también ganan. Desde una perspectiva economicista, inducir la inflación al mismo ritmo del dólar paralelo les ha permitido capitalizarse, quebrar a sus competidores más pequeños y mejorar su posición de dominio en el mercado. De esa forma han venido captando, de manera directa, todos los recursos inyectados por el Estado a la población en general a través de las subvenciones, subsidios directos o incrementos salariales, que mayormente lo destinan para comprar alimentos de primera necesidad que esos oligopolios elaboran y distribuyen.
La "reacción" del Estado ha sido intentar evitar la implosión social por medio de una política de subvención directa a las familias más pobres con el programa de distribución de alimentos CLAP. Ha intentado paliar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en los últimos meses incrementando, de manera rezagada, el salario mínimo integral. Pero, la inflación crece de manera exponencial mientras el salario lo hace de manera lineal. En los últimos 15 meses, los siete aumentos salariales representan tan sólo 1300%, mientras que la inflación inducida por el dólar paralelo supera el 10.000% en el mismo periodo.
Finalmente, el Gobierno ha intentado paliar esa situación por medio del Carnet de la Patria, un instrumento de subsidio directo a la persona afiliada a ese programa social, emitiendo bonos cada mes por debajo del salario mínimo integral. No obstante, la situación se torna más compleja.
LA "GUERRA FRÍA" EN VENEZUELA
En la Venezuela actual la guerra ideológica, o llamada "económica", continua sin cesar. No hay un ambiente político para la mediación. No hay un escenario para el debate nacional o el encuentro para fijar una "tregua" entre los dos grandes actores de la sociedad económica nacional: el Estado y los gremios empresariales.
Creo que el Estado debe de pasar de ser reactivo a proactivo. En primer lugar, debe ser más agresivo en la aplicación de las leyes deteniendo la impunidad económica existente en el mercado de bienes y servicios.
Los organismos que pueden detener los avances maléficos de la hiperinflación inducida con base en las leyes son tres: la SUNDDE, el Ministerio Publico y la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de la ANC, pudiera dar inicio del debate nacional prometido sobre la economía para superar el modelo rentista parasitario (importador). Incluso, pudiera solicitar la interpelación pública a los grandes gremios empresarios para que le expliquen al país porqué han inducido la inflación en los últimos meses, a pesar que muchos de ellos han acordado precios con base en la Ley de Precios Acordados aprobada por la propia ANC, también incumplida sin cesar.
Porque es un hecho público y notorio, que muchos de esos empresarios, entre ellos las Empresas Polar, han recibido dólares preferenciales, créditos y otros estímulos gubernamentales. Pero lo reciben y, al mismo tiempo, se burlan del Ejecutivo, generan la desigualdad social con alto índice de miseria y siguen capitalizándose. Es la estrategia económica perfecta en su escenario ideal: la diseñada para un contexto neoliberal.
A pesar de todo eso, reina la impunidad en la economía, donde la SUNDDE, el Ministerio Publico y la ANC deben jugar con más contundencia antes de que sea demasiado tarde. Antes que nos empobrezcan más a todos, o antes que se ocasiones la implosión social tan promocionada por los enemigos de la revolución.
IMPUNIDAD E INDIFERENCIA: COCTEL MALEFICO PARA LA ECONOMÍA VENEZOLANA
Como vemos, el juego parece estar trancado, los precios siguen subiendo y la gente "peligrosamente" sigue padeciendo y empobreciendo de una manera veloz sin precedentes en la historia económica de Venezuela. Llamo a la sensatez de los líderes de ambos bandos enfrentados.
¡A decirlo no le temo! Le temo es a las consecuencias sociales que está generando la inacción o indiferencia de muchos funcionarios públicos a la hora de cumplir con sus funciones. Tan perniciosa para la sociedad fue la inacción de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República, que permitió, o se hizo la indiferente, ante la quema de personas vivas, destrucción de la infraestructura pública y otras afectaciones con pérdidas económicas. De igual o peor manera puede ser, la inacción o tarde reacción del Ministerio Público actual ante el empobrecimiento colectivo y destrucción del aparato productivo nacional por agentes externos e internos bien identificados y altamente denunciados ante los organismos competentes del Estado.
En ese sentido, sin temor a ser juzgado por los intolerantes a las críticas, hago un llamado a la sensibilidad de los actores responsables de impartir justicia en Venezuela, para que detengan en seco la impunidad económica y apliquen las sanciones que haya que tomar por la serie de delitos infringidos a la familia venezolana por parte de los empresarios y comerciantes manipuladores de precios y generadores de miseria colectiva que buscan motivar la implosión social que conlleve a la caída de la Quinta República en Venezuela.
O, en su efecto, hago un llamado a los actores de la sociedad económica a que promuevan una tregua en función de la población, que dejen a un lado sus ambiciones de poder individuales o grupales y cedan en nombre de todos venezolanos y venezolanas que hoy padecen las secuelas irreversibles de la guerra económica.
En mi humilde opinión, cualquiera de los dos escenarios anteriores es mejor que se desate una implosión social, entremos en guerra civil o se active una confrontación parecida a la vivida por nuestro vecino Colombia que ha durado por más de 50 años.
Prefiero la reconciliación nacional impuesta por las leyes y la justicia en tiempos de paz, que la reconciliación nacional forzada por los cadáveres del empobrecimiento colectivo, la destrucción económica y la migración inducida.