Afirmaba el reconocido autor francés Julio Verne que "mientras hay vida, hay esperanza". Según la moraleja extraída del antiguo mito griego de la caja de Pandora, "la esperanza es lo último que se pierde". Ambas frases podrían aplicarse correctamente en el caso de Venezuela, a pesar del hecho cierto que miles de personas expresan amargamente a diario su impotencia y su ira ante lo que ocurre, especialmente en el ámbito económico, sufriendo penurias de todo tipo, sin que hasta ahora se perciba una solución a corto o mediano plazo.

En medio de este escenario, el gobierno apela a fórmulas transitorias que se hacen permanentes, prolongando arriesgadamente la coyuntura del momento histórico que se vive, sin profundizar (por una diversidad de motivos, muchos de ellos injustificables) sobre el verdadero fondo de la cuestión padecida, lo que hace predecir a muchos analistas la agudización de una crisis múltiple, todavía más prolongada y profunda. Sobre todo, al considerar que el aparato productivo del país adolece de una insuficiencia (real o creada, el efecto es el mismo) de insumos necesarios, en su mayoría, importados, y se mantiene en manos del sector privado, básicamente identificado con los factores de la oposición, interesados en obtener la caída del chavismo gobernante. Dicha situación, por otra parte, ha redundado en un empobrecimiento de un gran porcentaje de la población venezolana, pese a los sueldos devengados, obligada a sobrevivir a costa de lo que sea; incluso echando mano a la corrupción que se creía circunscrita al espacio político.

Se admita o no, todo esto es consecuencia directa del viejo reformismo que permeó todo el entramado de poder del chavismo. Desde el período en que gobernara Hugo Chávez. Admitámoslo. En concordancia con esta aseveración, podría suscribirse el análisis de Edgardo Lander, «La implosión de la Venezuela rentista», donde señala que «el gobierno del Presidente Chávez, lejos de asumir que una alternativa al capitalismo tenía necesariamente que ser una alternativa al modelo depredador del desarrollo, del crecimiento sin fin, lejos de cuestionar el modelo petrolero rentista, lo que hizo fue radicalizarlo a niveles históricamente desconocidos en el país. En los 17 años del proceso bolivariano la economía se fue haciendo sistemáticamente más dependiente del ingreso petrolero, ingresos sin los cuales no es posible importar los bienes requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo una amplia gama de rubros que antes se producían en el país. Se priorizó durante estos años la política asistencialista sobre la transformación del modelo económico, se redujo la pobreza de ingreso, sin alterar las condiciones estructurales de la exclusión. Identificando socialismo con estatismo, mediante sucesivas nacionalizaciones, el gobierno bolivariano expandió la esfera estatal mucho más allá de su capacidad de gestión. En consecuencia, el Estado es hoy más grande, pero a la vez más débil y más ineficaz, menos transparente, más corrupto. La extendida presencia militar en la gestión de organismos estatales ha contribuido en forma importante a estos resultados. La mayor parte de las empresas que fueron estatizadas, en los casos en que siguieran operando, lo hicieron gracias al subsidio de la renta petrolera. Tanto las políticas sociales, que mejoraron significativamente las condiciones de vida de la población, como las múltiples iniciativas solidarias e integracionistas en el ámbito latinoamericano, fueron posibles gracias a los elevados precios del petróleo. Ignorando la experiencia histórica con relación al carácter cíclico de los precios de los commodities, el gobierno operó como si los precios del petróleo se fuesen a mantener indefinidamente sobre los cien dólares por barril. Dado que el petróleo pasó a constituir el 96% del valor total de las exportaciones, prácticamente la totalidad de las divisas que han ingresado al país en estos años lo han hecho por la vía del Estado. A través de una política de control de cambios, se acentuó una paridad insostenible de la moneda, lo que significó un subsidio al conjunto de la economía».

Al tratar de resumir todo lo anteriormente expuesto, es difícil sustraerse a la conclusión respecto a que no hubo durante este periodo -en apariencia, o despreocupadamente- ninguna visión del gobierno sobre la posibilidad cierta que la economía nacional desembocara en una burbuja económica que de un momento a otro explotaría, creando dificultades que no se subsanarían fácilmente, sin recurrir a las soluciones clásicas del capitalismo. Algo que, de manera tangencial y obligado por las circunstancias críticas en que se ha visto sumida Venezuela, tuvo que admitir forzosamente el gobierno de Nicolás Maduro, pero todavía sosteniendo, a grandes rasgos, la misma política económica rentista de hace más cien años, contando con los ingentes dividendos que generarían a futuro las transacciones del Petro y la explotación del Arco Minero y de la Franja Petrolífera del Orinoco, como asimismo con un eventual (y próximo) incremento de los precios internacionales del petróleo. Vista esta situación general podrá afirmarse que el país marcha a una total restauración capitalista, sólo que con nuevos actores y dejando a la revolución como una ilusión que fue, por momentos, posible. -