Uno de los frentes de batalla, que les ha tocado emprender a la dirigencia revolucionaria bolivariana, lo constituye el correspondiente a la lucha contra la corrupción generalizada en la administración de los recursos públicos, en conjunción con factores privados de la economía. Cencoex, Cadivi, son la expresión financiera de esa corrupción propiciada por la burguesía nacional, en su ansiedad de posicionarse con divisas extranjeras para mantener en funcionamiento sus medios de producción y concretar ahorros importantes, en sus cuentas ubicadas en paraísos fiscales. No pudo Chávez, concretar que se investigara a los ladrones del erario público nacional por intermedio de la obtención fraudulenta de la renta petrolera.

El mayor obstáculo, para el logro de tan encomiable tarea de restitución de la moralidad nacional, se hallaba enquistada en la cúspide de un organismo que, por Constitución, ostenta el monopolio de la acusación y, como tal, se inhibió de actuar contra las oligarquías financieras, comerciales, industriales, mediáticas y transnacionales, que vieron en los organismos de distribución de divisas, una fuente inagotable de riqueza mal habida. Bien podemos decir, que en la Fiscalía General de la República, con Luisa Ortega Díaz, la corrupción ganó en impunidad para aquellos, que pudiendo pagar su libertad se permitían hacer y deshacer con los recursos públicos, sin que la Justicia se encomiara afectarles en sus criminales acciones contra el erario público nacional. En dólares, se pagaba la carta de “honestidad” que les brindaba, desde el Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, a los criminales y delincuentes que acudían a ella, en búsqueda de impunidad para sus crímenes. Por más de una década, se mantuvo la corrupción al frente del Ministerio Público, sin que, desde la trinchera de la Revolución se decidiera siquiera investigar lo que allí ocurría. Mientras, como efecto perverso de esa permanencia, la corrupción se generalizaba, liberando fuerzas centrífugas que dañaban –cruelmente- el cuerpo social de la nación, induciendo a su desintegración. He allí, el punto en común o convergente, de los objetivos de la burocracia contrarrevolucionaria y los planes del imperialismo de EEUU de recolonizar Venezuela, y destruir con ello a la Revolución Bolivariana, sus grandes conquistas políticas y sociales.

Por ello, el Padre Libertador, Simón Bolívar, veía en la corrupción una plaga a la cual se tenía que combatir implacablemente, y muestra de ello, el 12 de enero de 1824, decretaba como sanción la pena capital para las funcionarias y funcionarios públicos que hayan malversado o tomen para sí los fondos de la nación: “Artículo 1. Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos para arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo 2. Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena…” La pena de muerte, para los actos de corrupción, se mantuvo durante 39 años, aboliéndose legalmente en 1863 en la presidencia de Juan Crisóstomo Falcón. Si bien, la pena capital, ha dejado de ser una práctica legal en función del resguardo al derecho a la vida; bien reclama nuestra sociedad, penas más severas –máximas- contra los delitos cometidos en contra del erario nacional.

Con la llegada de la Constituyente en 2017, se pudo liberar de las amarras que tenía la lucha contra la corrupción. Esa fue, una de las banderas de la campaña del entonces candidato Nicolás Maduro en 2013. La llegada al Ministerio Público de Tarek William Saab, por decisión de la Constituyente, se constituyó en un bálsamo reparador al cuerpo de la nación, golpeado por los burócratas y empresarios corruptos, que venían actuando en la más completa impunidad. La actuación del nuevo Fiscal General, apuntó ni más ni menos a la principal industria nacional: PDVSA. Descubriendo allí, toda una tramoya de corrupción de montos mil millonarios en la que no solo se involucraba a altos jerarcas de nuestra principal industria, sino que despuntaba hacia factores del empresariado nacional y coronaba en el propio Ministerio Público, en cabeza de Luisa Ortega Díaz y su cónyuge Germán Ferrer, entonces diputado de la Asamblea Nacional. El balance a marzo 2018, daba cuenta de 80 burócratas detenidos, 20 son altos gerentes, 2 son expresidentes de PDVSA y un tercero expresidente, Rafael Ramírez, supuesto ministro “estrella”, más bien estrellado, de Chávez, como suele autocalificarse. Quien vive, una especie de “auto exilio” dorado en la Europa, prófugo de la justicia. Esta trama de corrupción, que ha dejado enormes pérdidas económicas a la nación, aún no se ha dicho todo. La investigación continúa a fondo, mientras muchos de los encausados por la justicia, han obtenido protección del gobierno de los EEUU, hecho que –sin duda- devela quien pudiera estar detrás de la trama, moviendo los hilos. Apreciemos, lo ocurrido en Brasil con PetroBras y la implicación de la Presidenta Dilma Roussef y Lula da Silva. En el golpe de Estado, que sacó de la presidencia a Dilma, en el cual los rastros de la CIA y demás medios de inteligencia del gobierno de EEUU, han quedado más que en evidencia, en ese golpe petrolero que condujo –posteriormente- a la privatización de la petrolera brasileña, actualmente en etapa de ejecución.

Se preguntaba L. Trotsky en su célebre obra: la Revolución Traicionada: “¿Devorará el burócrata al Estado obrero, o la clase obrera lo limpiará de burócratas?" De esta disyuntiva depende la suerte de la URSS”. No pudieron, los trabajadores y trabajadoras soviéticas, sus fuerzas progresistas, derrotar a la burocracia contrarrevolucionaria y su destino, se selló con esa derrota. Las consecuencias, fueron fatales para el trabajador y la trabajadora, léamos: “Así, la caída del sistema soviético tomó la forma de una revolución por arriba, dirigida por una coalición de burócratas y de un grupo socialmente heterogéneo de especuladores y de intelectuales procapitalistas, relegando al papel de ariete a los movimientos populares, obrero y ciudadano (democráticos), que sin embargo tomaban amplitud antes de la caída. Posteriormente, la "terapia de choque", agresivamente promovida por los estados occidentales y el FMI, minó severamente la capacidad de autoorganización y de lucha de las clases populares… Las consecuencias fueron trágicas para las clases populares de la exURSS: caída desastrosa del nivel de vida, pérdida de la protección social, ascenso vertiginoso de las desigualdades, "democracia" cada vez más vacía de sustancia real”. (Diciembre 1991: Caída de la URSS, David Mandel, 26-01-2012).

La batalla antiburocrática en curso no se circunscribe a la batalla por alcanzar la decencia nacional, en el manejo de los recursos públicos. Una vez, que la Revolución Bolivariana, su Pueblo, Gobierno y FANB, han derrotado a los agentes del imperialismo: la otrora MUD, hoy Frente Amplio Venezuela Libre, el testigo quedaría en manos de sus agentes económicos: Fedecámaras, Cavidea, Consecomercio, Venancham, Cendas, quienes al frente de la guerra económica endurecieron su ofensiva antipopular encareciendo todos los productos, en lo fundamental: alimentos y medicinas. Los mecanismos de resistencia, empleados por el Gobierno Revolucionario: CLAP, incrementos de sueldos, pensiones y beneficios de alimentación, bonos con el carnet de la patria, han resultados exitosos, y han permitido fortalecer la capacidad de resistencia del pueblo venezolano a esta modalidad de guerra no convencional, por lo demás, no se han detenido las firmas de las contrataciones colectivas, la inclusión de nuevos pensionados y pensionadas, hasta alcanzar la meta del 100 por ciento pensionados. Caso único en el planeta. En la misma línea, se mantiene la construcción de nuevas viviendas y se alcanzó la meta trazada por el Comandante Chávez de 2 millones de nuevas viviendas construidas por la GMVV e incluso, se ha elevado esa meta a 3 millones para el año 2019. Bien, podemos augurar, que la modalidad de guerra económica tiene sus días contados, lo que ha originado de parte del imperialismo una mutación hacia nuevas modalidades de guerra no convencional y, en ello, podemos precisar que a la burocracia contrarrevolucionaria se le ha asignado pasar a jugar un rol más protagónico y agresivo, en sus ataques contra el pueblo. Eso, ya podemos verlo en la inclemente sequía inducida desde las principales empresas hidrológicas, todas de propiedad del pueblo venezolano. La decisión del Hno.

Presidente Maduro de intervenir la Hidrológica de Mérida, da cuenta del papel contrarrevolucionario de ciertos gerentes. En Mérida, en conjunción: gerentes-gobernador del Estado, adeco, procedieron a incrementar en 3 mil por ciento las tarifas del servicio; el cual, habían reducido a servicios mínimos para justificar sus especulativas tarifas, una cuasi privatización del servicio. Hecho, que obligó al Presidente Maduro a intervenir dicha empresa pública, rescatarla de la gobernación y mantenerla como pública. Ya, que venía siendo gestionada desde la gobernación del Estado, con un plan claro de privatizar el agua de los merideños y merideñas. Esta batalla, llegó a un punto tal, que el presidente de dicha empresa, Henry Dávila Ramos, adeco, en sendo comunicado público, se opuso a la decisión presidencial y se dio el tupé de acusar al propio Presidente de la República, de ser el responsable de su pésima gestión al frente de la hidrológica, el mundo al revés.

Pero, la guerra antiburocrática no culmina en Mérida. Al contrario, apenas inicia. En Carabobo, el gobernador revolucionario Rafael Lacava, tuvo que enfrentar el mecanismo de desabastecimiento de agua que venía implementando Hidrocentro, para propiciar descontento en la población carabobeña, a cuyos directivos calificó como “la peor plaga que ha combatido”. Suspenden servicios de distribución, y se escudan en supuestos cortes de energía eléctrica. Esa, ha sido una rutina seguida por la burocracia contrarrevolucionaria para justificar sus continuos y continuados cortes de agua, que ya lleva al agua a ser un servicio inexistente en algunas regiones del país, propiciando movilizaciones populares en exigencia que le restituyan el vital líquido. Pero, si en Carabobo el gobernador se ha puesto a la cabeza de las protestas contra Hidrocentro, en Caracas, Miranda y Vargas, la situación no es menos cruel. Hidrocapital, mantiene el servicio de agua casi que en punto muerto pues apenas una o dos veces a la semana, es que viene proveyendo el vital servicio a estas poblaciones. Incluso, conocemos de casos como Carapita en que les llega cada quince días.

El agua, su provisión, se constituye en un explosivo de alto nivel que bien pudiera hacer estallar a este pueblo de las dificultades. Urge, no solo una reestructuración de todos los cuadros directivos de las empresas hidrológicas que conspiran contra la estabilidad de la República, sino también, una actuación firme y contundente del compatriota Defensor del Pueblo, pues cuando hablamos del agua, estamos hablando de un Derecho Humano elemental para la vida de nuestra especie. Y, negar ese vital servicio, es jugar con la vida de millones de venezolanos y venezolanas. Y, quienes lo hagan deben pagar con penas severas, tan duras como las aplicadas a los corruptos, su afrenta contra la vida del pueblo venezolano. "El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos" (Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Resolución A/RES/64/292, julio 2012).