Repitamos cosas sabidas sólo para saber que las sabemos. La victoria del 20 de mayo es el cuarto cheque en blanco que el pueblo le expide al sistema político para que haga lo que debe hacer. Es un generoso cheque, con 5.823.728 votos a favor de Maduro y 47 puntos de ventaja sobre el más cercano contendor. Pero es un cheque que rebaja el elevado cociente de participación de anteriores elecciones a 53,9%, señal de que el talonario puede ser limitado.
Es voto de confianza, expedido en duras y amargas condiciones de escasez e inseguridad, suscrito para que se las resuelva, y no para que se las ignore o sirvan como promesas de la próxima campaña. El pacto de Punto Fijo se hundió con los partidos que lo suscribieron en 1958, porque pretendió reducir el debate político a candidaturas y
planchas.
Ya tenemos bastante de planchas y candidaturas: queremos soluciones. Urgimos la aniquilación de la legión de bachaqueros multimillonarios, medianos y artesanales que trafican a la luz pública con bienes subsidiados y necesidades populares. Queremos que de una vez por todas se cierre o por lo menos se controle exhaustivamente una frontera por donde se desangra el 40% de lo que Venezuela produce o importa.
Urgimos que se aplaste el aparato paramilitar que desde principios de siglo perpetra el terrorismo y la Guerra de Cuarta Generación. Solicitamos que se establezca constitucionalmente para aquellos que tienen varias nacionalidades la lealtad exclusiva hacia Venezuela y que las acciones contra ella sean penalizadas como traición a la
Patria.
Aspiramos a que se publique la lista de empresarios y empresas que desaparecieron 60.000 millones de dólares preferenciales en importaciones fantasmas e impulsan la guerra económica, o el nombre de quien oculta el listado y sus motivos. Anhelamos que se impida la multiplicación fantasiosa de los precios, imponiendo un sistema universal digitalizado de contabilidad que obligue a las empresas a revelar costos de producción y márgenes de ganancia.
Exigimos un control informatizado previo, concomitante y posterior del ingreso y el gasto público, que fiscalice el cumplimiento de las metas y programas previstos para ministerios, institutos autónomos, fundaciones, empresas y propiedades del Estado, estados, municipios, alcaldías y consejos comunales, y establezca responsabilidades
administrativas, civiles y penales por su incumplimiento injustificado.
Impetramos que la explotación de los recursos naturales se realice en lo posible con recursos propios o empresas donde Venezuela conserve mayoría decisiva; que los contratos sobre la materia sean objeto de publicidad exhaustiva en todas sus fases; que se realicen sólo con empresas que hayan demostrado sobrada capacidad técnica y financiera y presenten expedientes irreprochables de relaciones con el Estado; y que en los acuerdos con empresas extranjeras no se concedan privilegios, beneficios, ventajas, exenciones de impuestos, regímenes de estabilidad tributaria o de sometimiento a tribunales extranjeros ni créditos ni otorgamientos de recursos que no rigen para las nacionales.
Demandamos que se respete rigurosamente el artículo 301 de la Constitución, según el cual "No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales", o que en homenaje al irrenunciable nacionalismo bolivariano se sancione una norma más exigente todavía.
Reclamamos que se aplique el principio de territorialidad de la renta y que se denuncien los infames Tratados contra la Doble Tributación, en virtud de los cuales empresas y personas extranjeras dejan de pagar 17.800 millones de dólares anuales en impuestos, mientras que los venezolanos sí debemos pagar impuestos para facilitarles su
gestión económica.
Demandamos la expulsión inmediata del sector público de quien intente sancionar normas o medidas neoliberales. Reclamamos que las reivindicaciones anteriores no figuren como promesas para elecciones venideras, ya que deberían estar resueltas con el sólido piso político de la plenitud de poderes constitucionales y jurídicos que le ha conferido el pueblo al gobierno en las últimas consultas.
Señalamos que el repunte del crudo venezolano a 67,15 $ por barril vuelve a dotar al bolivarianismo de piso económico para recuperar la producción, y de medios para asegurarnos un presente tolerable y un espléndido futuro.
Recordamos que cuando el gobierno se muestra incapaz de atender las demandas de los gobernados, la crisis económica y social deviene crisis política.
