A dos meses del arranque del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, la sociedad venezolana de finales de octubre de 2018, se encuentra un tanto impactada y contrariada por la forma irracional como se han comportado la mayoría de los empresarios privados. Sí, eso es cierto, se ha desatado una ola de especulación voraz en los bienes y servicios como nunca antes habíamos visto.

Ese programa, diseñado de manera coherente para incentivar al empresariado a que deje de quejarse, de conspirar, y pongan a producir, los obligó a sentarse con el Gobierno. Vimos como recibieron créditos, se acordaron precios con base en los costos reales de los insumos y capital de trabajo por tres meses, el Gobierno asumió púbicamente la nómica de todos los trabajadores del país, que incluso, hoy sigue pagando responsablemente; se les liberó el mercado cambiario y además se les dio dólares; se les bajó los aranceles de importación a cero para bienes de capital como nunca antes. Y el pueblo los vió firmando acuerdos. Confió en ese escenario de negociación y concertación por la economía nacional.

Todo arrancó de maravilla. Todos vimos como ALIMENTOS POLAR, CARGILL DE VENEZUELA, PASTAS SINDONI, CAPRI y ALLEGRI, Arroz Cristal, EL TUNAL, Varias avícolas, ganaderos, centrales azucareros, empresas de aceite, de café, de huevos, molinas de harina de trigo y procesadoras de maíz, entre otros, se sentaron y firmaron el pacto de la paz económica tan necesaria para el país, a través de la Ley Constitucional de Precios Acordados.

Asimismo, el Gobierno tomó la decisión de incrementar el salario mínimo a un nivel que permitía recuperar el poder adquisitivo del trabajador, pensionado y jubilado a niveles de enero de 2017, fecha que los empresarios iniciaron la escalada hiperinflacionario en Venezuela al ritmo que lo dictaminaba el Fondo Monetario Internacional, las Calificadoras de Riesgos y el dólar paralelo promovidas desde Estado Unidos.

Hace dos meses la sociedad venezolana, llena de expectativas positivas apostaba a esa "tregua económica" alcanzada por los dos grandes actores de la sociedad venezolana. ¡Y no!, esa alegría social duró muy poco.

Los empresarios monopólicos y oligopólicos volvieron a burlarse del pueblo y del Gobierno. Irrespetaron todos los acuerdos. Recibieron los créditos, los dólares, los beneficios arancelarios, y a pocos días de ese "pacto social", inmediatamente siguieron aumentando los precios de una forma desaforada, como una especie de venganza contra el Gobierno por haber encontrado una vía clara para enrumbar la economía hacia el crecimiento y la prosperidad.

Porque todos hemos visto como los empresarios volvieron a pagar con la traición, el robo colectivo y el empobrecimiento social. Secuelas de lo que yo llamo una "conspiración económica continuada". Que se materializa o se ha hecho evidente en las calles y los anaqueles, por medio del efecto recurrente que representa el espiral inflacionario ocasionado por el "aumento del dólar paralelo – la inflación inducida – los aumentos salariales forzados – aumento del dólar oficial". ¡Un espiral perverso!

Ese patrón de comportamiento económico continuado desde enero de 2017, requiere ser detenido de manera inmediata antes que la situación nos lleve a la implosión social que apuestan los autores intelectuales de esta conspiración internacional, que es el gobierno de los Estados Unidos.

Los ejecutores internos de esta conspiración están por demás develados. De manera responsable y públicamente no me cansaré de repetir, que los empresarios agremiados en Fedecámaras, Consecomercio, Venamchamp, Fedenaga, Fedeagro, Conindustria, entre otros, son la cuna de la conspiración económica nacional. Y aún no se les pone un parado a estos terroristas económicos. Porque eso es lo que son: terroristas económicos. Porque sus directivos se la pasan todos los día por los medios de comunicación satanizando la política gubernamental, los planes y programas aunque estos los beneficien.

Son terroristas porque viven incitando al odio, aupando el incumplimiento de los precios acordados, satanizando y generando zozobras a la población microempresarial y trabajadora. Viven diciendo que todo seguirá mal hasta que el Gobierno se vaya, hasta que haya un cambio extemporáneo y antidemocrático del Gobierno. Un comportamiento que está altamente normado y penado en la Ley contra el Terrorismo y el Código Penal venezolano.

No obstante, la mayoría seguimos apostando al triunfo nacional. A que los actores de la sociedad económica se pongan de acuerdo sin traición. Que el Ministerio Público actué de una vez por todas y sin temor, con la ley en la mano y con el corazón puesto en el pueblo, y aplique las sanciones judiciales correspondiente contra esa cúpula empresarial conspiradora.

Lo que han hecho estos empresarios con la manipulación de los precios, sabotaje económico e irrespeto a la autoridad gubernamental supera delitos sancionables incluso con pena corporal; muchos calificados por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

Porque a mi entender, han cometido delitos de traición a la patria; delitos de fraudes cometidos con respecto a los abastos públicos; delitos de instigación a la desobediencia de las leyes; agavillamiento; excitación a la guerra civil o intimidación al público; fraudes cometidos en el comercio y las industrias; delitos contra la alimentación pública; desobediencia a la autoridad; y delitos de estafa y otros fraudes, todos previstos y sancionados en el código penal reformado.

Es por eso que insistimos, que la institucionalidad debe buscar nuevos métodos, estrategias y acciones que sean más contundentes y eficientes para detener la impunidad con que estos líderes empresariales siguen actuando.

VENEZUELA, estamos seguros que VAMOS A TRIUNFAR, que saldremos adelante, pero no le podemos dar más larga al asunto de la aplicación de la justicia contra los monopolios y gremios empresariales terroristas y detengamos esa impunidad conspirativa ¡YA!