Guatire, 13 de noviembre de 2018
Hace ya seis años que las venezolanas y venezolanos comenzamos a escuchar desde las vocerías del gobierno bolivariano la tesis de la guerra económica, como fenómeno emergente tras la muerte de nuestro Comandante Eterno Hugo Rafael Chávez Frías.
Muchos han sido los factores determinantes que han ido conformando ese cuerpo explicativo del proceso económico nacional, estrecha e indisolublemente asociado además al proceso político interno y a la geopolítica internacional.
La derecha, la oposición política y los detractores del gobierno bolivariano siguen cayendo en la más patética negación de la guerra económica, unos por ignorancia, otros por abulia mental y muchos otros, sin duda, por intereses creados, tanto de índole crematística como de ambiciones de poder.
Su existencia es, sin embargo, innegable, por la sencilla razón de que es verdad. Sí hay una declaratoria de guerra por parte de Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela, que nos identifica como amenaza inusual y extraordinaria para los intereses de ese país. Sí hay un sinnúmero de decretos ejecutivos de la presidencia imperial que impiden a Venezuela efectuar las operaciones normales de financiamiento y movilización de capitales a nivel internacional. Sí hay un bloqueo al sistema de pagos internacionales de la República y a cualquier intento de sortearlo, como las severas sanciones que pesan en contra del petro, por ejemplo. Sí hay un secuestro y un robo descarado de nuestras riquezas en el extranjero, como los más de mil millones de dólares retenidos por Euroclear o más recientemente, los 500 millones de dólares en oro monetario que el Banco de Inglaterra se acaba de negar a repatriar hacia Venezuela, que es su legítima dueña. Sí hay una severa amenaza en contra de cualquier inversionista que quiera refinanciar nuestra deuda externa y una prohibición igualmente severa que impide comprar nuevas emisiones de deuda provenientes de la República Bolivariana de Venezuela.
Todo eso es cierto y todo eso es, ciertamente, guerra económica. Como también lo es la manipulación del tipo de cambio del bolívar a través de páginas web protegidas por Estados Unidos; como lo son las más de 3.000 casas de cambio cucuteñas encargadas de destruir nuestro signo monetario; como lo es la política del Banco de la República de Colombia de permitir deliberadamente la existencia de doble cotización del bolívar en su territorio; como lo es la política del gobierno colombiano de legitimar y legalizar el contrabando de gasolina y otras mercancías provenientes de Venezuela.
Y a lo interno, es cierto, con meridiana claridad, que los grandes grupos empresariales privados que ejercen el monopolio importador, productivo y distributivo en nuestra economía han instrumentado y siguen instrumentando diversos mecanismos de alteración de la producción y los canales de distribución y comercialización, para generar desabastecimiento e inflación; al igual que han sido los principales culpables de la fuga de capitales gigantesca que ha desangrado nuestras reservas internacionales. Ellos, pese a ser inmensamente ricos en divisas cuya procedencia fue toda del estado venezolano, se niegan de manera perversamente apátrida a destinar una ínfima fracción de esos enormes capitales fugados al extranjero para repatriarlos y elevar los niveles de inversión que permitan aumentar las fuerzas productivas de la nación.
Esa burguesía nacional y transnacional es la que se niega rotundamente a utilizar su actual capacidad instalada de producción, exhibiendo en este momento según cifras anunciadas en televisión nacional por el Presidente de Conindustria, la pírrica estadística de estar operando apenas al 22% de la capacidad instalada del parque industrial nacional.
Todo eso es la verdad. Y todo eso forma parte de la guerra económica como fenómeno objetivo de nuestra realidad actual. Negarlo es colocarse fuera del uso de razón o al lado de los intereses creados que justamente dirigen esa guerra económica en contra de la patria de Simón Bolívar, El Libertador.
Pero, siendo así un hecho la guerra económica, y siendo precisamente la burguesía nacional y transnacional, dirigida desde Washington, la perpetradora de esta guerra criminal en contra del pueblo venezolano, me resulta absolutamente incomprensible e increíble que sea justamente el gobierno bolivariano quien no se canse todavía de coquetear con la burguesía, favoreciendo sus intereses, ayudándola a seguir fugando nuestra renta petrolera, a que se siga enriqueciendo… mientras el pueblo sufre en carne viva las consecuencias de semejante desatino histórico.
Se argumenta desde el alto gobierno que en Venezuela hay una supuesta "burguesía revolucionaria" que supuestamente invierte en el país y supuestamente produce y supuestamente exporta y supuestamente hace que Venezuela sea una "Venezuela potencia" y una absolutamente ilusoria y pasmosa "potencia agrícola". La pérdida de contacto con la realidad es el preludio a la demencia. Por decir lo menos y por presuponer la inexistencia de intereses bastardos detrás.
La realidad, los hechos, la objetividad elemental claramente indican que el Estado burgués está más fortalecido que nunca, habiendo quedado relegada al baúl de la retórica barata e insincera aquella utópica "nueva geometría del poder", aquel "Estado Comunal", aquel "poder popular"…
No se puede seguir tapando el Sol con un dedo y pretender que el reformismo socialdemócrata no sea la corriente ideológica que se impuso finalmente en el alto gobierno, cuyo correlato natural en el terreno económico es el neoliberalismo. Lo único que falta para terminar de constatarlo es que el gobierno finalmente decida acudir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la privatización de PDVSA, una vez que su fe ciega e irracional en la burguesía nacional y transnacional, que es su enemiga por definición y por acción, conduzca esta crisis al punto de no retorno, con una producción petrolera por debajo del millón de barriles diarios, sin gasolina para surtir incluso al disminuido parque automotor actualmente en circulación, y con un caos social ingobernable.
De otra parte, la fractura del poder político en el alto mando civil y militar de la República es innegable. Existen facciones, parcelas y grupos de poder, de muchísimo poder, que pugnan entre sí por el control de la toma de decisiones que les permita a su vez el control de la ya exigua renta petrolera que a duras penas todavía nos queda. Facciones que pugnan por mantener el estatus quo de un sistema de administración de divisas que les posibilite seguir enriqueciéndose incluso en estos momentos de gran penuria y miserias para nuestro pueblo.
Y para hacer sostenible esta febril situación de chupasangrismo morboso e impune en contra de un cuerpo nacional famélico y al borde del sepulcro, asistimos también con estupor al secuestro deliberado de la información pública, sumiendo a la patria de Simón Bolívar, a la patria de la luz, a la patria que una vez fuera faro del mundo, de las luchas progresistas, de la libertad y la justicia social, en la más tenebrosa oscuridad, en un oscurantismo que desorienta y mantiene fragmentada y adormecida toda posibilidad de lucha popular, de lucha de clases, de masa instruida y en movimiento, de trabajo consciente contra el capital explotador y hambreador. La propia Asamblea Nacional Constituyente, donde ni siquiera existe el derecho de palabra de los constituyentes, según asombrosamente ha revelado ante la opinión pública el valiente y consecuente camarada Julio Escalona, a quien le transmito mi respeto, admiración y mi saludo solidario y revolucionario, ha quedado convertida en una patética caricatura del glorioso ejercicio histórico de participación y protagonismo popular que representó la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.
De todos los factores determinantes de la guerra económica, el gobierno nunca menciona los suyos propios. El primero y más grave de todos, el Desfalco a la Nación, los miles de millones de dólares que se entregaron a empresas de maletín de las que ya nadie se acuerda, pero que si los tuviéramos ahorrados, tendríamos un gran escudo protector en contra de la guerra económica. El irracional pago sistemático y puntual de más de 70.000 millones de dólares de deuda externa en lugar de haber iniciado a tiempo la reestructuración y refinanciamiento de esa deuda. El despilfarro de miles de millones de dólares en grandes proyectos y obras de infraestructura que se quedaron a medio camino y con evidente sobrefacturación. El financiamiento y apoyo incondicional a terratenientes y burgueses agroindustriales en detrimento de los campesinos y las comunas. La colosal vista gorda respecto al gigantesco fraude importador perpetrado por la burguesía y por los diferentes organismos del Estado. Una crisis de transporte colectivo que se achaca a la vagabundería y las agallas de los camioneteros, pero que no mira las decenas de miles de unidades de transporte que se compraron durante los años de bonanza petrolera por parte de alcaldías, gobernaciones y otras entidades gubernamentales, y de las que solo queda chatarra o fueron robadas y nadie se preocupó de seguirles la pista. Una caída del ingreso petrolero que se sigue atribuyendo a la "caída de los precios del petróleo", pero que de dos años para acá se debe a la caída de la producción de PDVSA a niveles de hace 35 años, víctima de la trama de corrupción y piratería gerencial más abrumadora de nuestra historia republicana.
A estas alturas de la guerra económica, a seis años de que la burguesía desenterrara el hacha de guerra definitiva y a tres años ya de que el Presidente Obama nos declarara la guerra abiertamente con su maldita orden ejecutiva, el gobierno nos dice alegremente y con risitas que el Banco de Inglaterra se negó a repatriar 500 millones de dólares en oro que nos pertenece, porque a nadie se le había ocurrido en el alto gobierno que dejar llegar noviembre de 2018 para pedir esa repatriación era, cuando menos, una soberbia negligencia. ¿Quién es el responsable en el alto gobierno que debería estar siendo juzgado penalmente en este mismo instante por los tribunales de la República por haberle causado semejante daño al país? ¿Saldrá el propio Presidente Maduro un día de estos en cadena nacional de radio y televisión defendiendo a capa y espada a ese funcionario?
¿Dónde está Alejandro Fleming? ¿Cuántos dólares entregó en 2013 a través de Cencoex a la burguesía nacional y transnacional?
Y en medio de este desastre, cuya causa raíz es el patuque ideológico que impera en el alto gobierno, que le impide lograr aciertos y también cometer errores susceptibles de ser corregidos, el pueblo venezolano vuelve una vez más en su atormentada historia a ser víctima de sus gobernantes, defensores de los intereses de la burguesía, supeditado a los designios plutocráticos de la oligarquía, en permanente estado de indefensión, sin la más mínima posibilidad de hacer valer sus derechos y garantías constitucionales.
Nunca haré causa común con factores de la derecha, ni los que trabajan contra el proceso revolucionario moralmente liderado por nuestro Comandante Eterno. Jamás claudicaré mis ideales ni mi postura de izquierda de toda la vida. Defiendo lo bueno del actual gobierno, porque lo hay. Pero hago la crítica revolucionaria con base en la gran preocupación que siento por el destino de nuestro pueblo; lo que me ha llevado después de tanto tiempo a escribir este artículo.
¡Chávez vivirá mientas el pueblo luche! Espero con toda mi alma que el pueblo decida seguir luchando y que el gobierno se enserie de una vez por todas y arremeta definitivamente contra nuestro enemigo histórico. El que tenga ojos que vea…
