Entrevistado poderosa la de José Vicente Rangel a Luis Britto García el domingo pasado. Especialmente por un tema tocado muy diplomáticamente por Britto: la existencia de un proyecto de texto constitucional que afecta tanto la soberanía nacional como la soberanía popular asentadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, base jurídica del entonces recién iniciado proceso de refundación de la República.
Texto que no conozco, pero él sí y yo confío plenamente en quien desde hace años viene luchando por el respeto a la inmunidad de jurisdicción del Estado venezolano, por su derecho a no ser sometido a juicio por otros estados extranjeros. Lo que yo si conozco y he trabajado son las violaciones a esa inmunidad impuestas por firmas extranjeras socias o proveedoras de tecnología en los contratos con entidades venezolanas suscritos durante la cuarta república. Muy probablemente replicadas en la quinta, visto el celo con que se resguarda la información pertinente.
De hecho nuestra soberanía ya está siendo afectada, como igualmente lo ha venido señalando BRITTO y muchos más, por el otorgamiento de privilegios al capital extranjero en Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, y por el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, descartadas en otros países por sus efectos perversos en la población local. Así como por el apoyo que se está prestando a empresas agrícolas y agro-industriales socias o usuarias de tecnología extranjera, dejando de lado los derechos, los saberes y las necesidades de nuestros campesinos.
Ahora bien, es justo reconocer que la merma de soberanía es un fenómeno global producto de la tensión y las contradicciones entre los intereses de los Estados Nación y los del capital transnacional aterritorial resultado de la mundialización del capitalismo. Tensiones que hoy en día afectan a todas las naciones, y muy especialmente a las calificadas como subordinadas, dependientes, periféricas, del Sur o colonizadas, según se las mire. Entre ellas, obviamente a nuestra Venezuela antes entregada al imperio y hoy, todavía dependiente, tratando de superar sus limitaciones en medio de un fuerte asedio.
Si estas afectaciones externas a la soberanía a la soberanía de nuestro país son graves y difíciles de manejar, un proyecto secreto de constitución , es mucho más grave aún. ¿Sera que hay constituyentes que desconocen que la legitimidad de la ANC y la de ellos como voceros del Pueblo deviene de la soberanía popular? ¿Será que los responsables de urdir ese proyecto no recuerdan cómo fueron electos? ¿Será que quienes se han dejado marginar por ellos no recuerdan para qué fueron electos?
Ahora bien, independientemente del esfuerzo y tiempo que tome el rescate de nuestra independencia, el Pueblo soberano está obligado a exigir a la ANC transparencia en el manejo de las circunstancias internas. Sobre todo, tiene que impedir que infiltrados en la la misma sacralicen en una nueva Carta Magna limitaciones a nuestra soberanía y cualquier otro derecho, basadas en situaciones de hecho que también se deben combatir.
