Se ha hecho público que el gobierno británico dispone de una línea de financiamiento a asociaciones de comunicación privadas en Venezuela, que sostienen una línea editorial, abiertamente opositora al chavismo y al gobierno bolivariano. En paralelo se desarrollan varias actuaciones judiciales que involucran a directivos y personal de asociaciones civiles presuntamente involucrados en irregularidades. Esto, más otros hechos, han llevado a voceros de un grupo de oenegés a sostener que en Venezuela hay un proceso de "criminalización de la cooperación internacional".
Desde 1999, pocas cosas en Venezuela han estado exentas de ponerse en cuestión, por tanto no debe sorprendernos que la cooperación internacional sea uno de esos aspectos. En mi opinión, otro asunto irresuelto, puesto que no hemos avanzado a una legislación sobre este tema, lo que ha dado lugar a un conjunto de prácticas y discursos, que se amparan en ese espacio opaco, que es la discrecionalidad.
Hoy es clave que la Asamblea Nacional, delibere y establezca una legislación sobre la cooperación internacional, que entre otras cosas obligue a los cooperantes a estar registrados y a sus contrapartes locales rendir cuentas públicas, así como la institucionalidad necesaria para este sector. Un instrumento jurídico sobre este aspecto, debe ser construido con la participación de los sectores políticos y sociales, que están relacionados con la cooperación internacional en nuestro país, en el marco del diálogo que se convocó desde la Asamblea Nacional, pero con una orientación clave: la cooperación es para la paz y en buen vivir.
Un avance de este calibre evitaría que los apoyos de sectores políticos globales a actores políticos venezolanos, sean camuflados como cooperación internacional y sirvan para cimentar intereses contrarios a los establecidos en nuestra constitución. Dicho de otro modo: separar el grano de la paja.
Demos la bienvenida a quienes desde cualquier parte del mundo quiera cooperar con el pueblo venezolano, pero dentro de un marco claro, a sabiendas que no es la panacea, ya que la resolución de nuestros problemas pasa por el cese de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y la liberación inmediata de los fondos confiscados ilegalmente a la República.
