Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una propuesta de ley sobre la armonización tributaria, de la cual se tiene poca información pública hasta la actualidad. Llama la atención que sea tan a corto plazo de la existente, porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia Nº 0118 de fecha 18/08/2020 aprobó el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal, que tiene la intención de homologar, dentro de unas bandas de porcentajes, los diferentes impuestos que se aplican en la administración de tributos municipales.
Entendemos que la génesis de esta propuesta está en la política fiscal a aplicarse en el estado Portuguesa, donde heredado del gobernador Rafael Calles, se discutía un proyecto de ley estadal para crear una serie de impuestos que afectaría a los pequeños productores, obviando que la gran mayoría de la gente que trabaja en el sector informal no paga impuestos no porque sean evasores sistemáticos, sino por la simple y sencilla razón de que sus entradas están por debajo del umbral mínimo de ingresos gravables. Claro, los gobiernos neoliberales siempre han estado obsesionados por cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) y desde esa perspectiva, controlar al sector informal es un objetivo importante. Pero el efecto regresivo de ese gravamen no desaparece por cambiar el sistema de pagos.
Las alcaldías y gobernaciones del país tienen sistemas de gestión donde son víctimas de los convenios leoninos con empresas privadas que se quedan con un importante porcentaje de lo recaudado por el servicio de software y administración operativo del mismo. Esta situación deja en evidencia a muchos actores de gobierno que a la hora de resolver un problema en el socialismo prefieren buscar a una empresa privada para que se los resuelva antes que los actores del propio proceso, negando la opción de hacer convenios firmes de cooperación y desarrollo, por ejemplo, con instituciones universitarias, las cuales tienen escuelas de informáticas en una gran cantidad de estados del país y pudieran desarrollar esos software y para el cual no se requiere un extremo nivel de conocimientos y habilidades.
Más allá de las leyes que regulan el sistema tributario nacional en cualquiera de las tres instancias territoriales de gobierno, el problema estriba en la gran evasión fiscal que existe en el país, bajo la mirada cómplice de los órganos de recaudación quienes han abandonado la política de fiscalización e inteligencia en la gestión de tributos, porque esos sistemas como los del SENIAT que ya tienen unos veinte años operando, son objeto de innumerables métodos de evasión por parte de los contribuyentes. Actualmente Venezuela, tomando como referencia la última publicación estadísticas de la CEPAL, ha de estar en una recaudación tributaria equivalente a un 9% de su PIB, mientras que países como Brasil y Argentina superan el 30%.
También en paralelo a este escenario de leyes y software, se va moviendo dentro del sector privado un importante capital que debió llegar a las arcas del estado por vía de tributos, pero que al no llegar a ese destino se queda indebidamente en manos de los empresarios y que se convierte en una base para presionar al alza del dólar y dejando a la administración pública sin recursos para pagar a sus trabajadores o cumplir sus obligaciones de gestión pública. Pensemos en el siguiente ejemplo para ilustrar la situación:
Un señor propietario de la ferretería Trampas Unidas no entrega facturas sino que da un recibo impreso que dice "NOTA DE ENTREGA", al final del día ha vendido un total de 30.000 Bs y si el promedio se mantiene constante, al cabo de un mes habrá vendido 900.000 Bs. Parte de esos ingresos son en divisas, puntos de débito, trasferencias y pagos tipo P2P a cuentas personales, bolívares en efectivos y transferencias en divisas a cuentas personales o de terceros nacionales e internacionales.
Según su estructura de costos, el monto de la mercancía vendida es el 50% del monto ingresado, 12% gastos de funcionamiento y nómina, otro 15% sus ganancias y recapitalización, mientras que el restante 23% lo contribuyen sus obligaciones fiscales, las cuales se distribuyen así: 16% IVA, 3% Impuestos municipales, 2% Impuestos Sobre la Renta (ISLR), mientras que otros impuestos, tasas y obligaciones como: IVSS, Publicidad, cuerpo de bomberos municipales, Banavih, etc. Hacen el 4% restante.
Como no entrega facturas, los equipos de recaudación municipales, y el nacional (SENIAT) no podrá determinar el monto de la venta por la vía del arqueo por caja y el control fiscal de su facturación, en consecuencia el contador le hará la famosa pregunta ¿Cuánto quiere declarar?; y como el sistema lo protege, éste se decidirá por la opción llamada Mínimo Tributario, que en resumen se refiere a una empresa que está registrada pero sus operaciones están en mínimo, en consecuencia va a realizar un pago simbólico mensual de unos 5 dólares (40 Bs de los 900.000 que ingresaron).
Este señor repone la mercancía (50%), cubre sus compromisos salariales (12%), cancela algunos tributos (3%) por ejemplo, hasta como para sentirse ciudadano responsable y capaz de exigir al gobierno porque él supuestamente cancela impuestos. Por lo tanto se queda con el 15% (135.000 Bs) de su recapitalización o ganancias y el 20% (180.000 Bs) de los impuestos no declarados, para un total de 35% del monto inicial de 900.000 Bs, ese porcentaje equivale a 315.000 Bs, los cuales no fueron al sistema tributario, ni se transformaron en nuevas inversiones o ampliación de su estructura comercial. Al quedar esa liquidez en Bolívares y no invertirla, la opción que tiene es salir a cotizar dólares en las subastas diarias de la banca nacional o en el mercado cambiario marginal, llamado también mercado negro, en ambos caso presionando al alza de la divisa. Pero como también recibió dólares por sus ventas por en efectivo, tendrá directamente el instrumento de especulación en sus manos.
Sintetizamos, como conclusión de este ejemplo, diciendo que en la medida que no se cobren los impuestos, que no haya una política seria y ordenada del control fiscal, los dueños de las estructuras de producción y comercialización seguirán aumentando sus ingresos en detrimento del estado que no podrá pagar ni indexar el salario de los trabajadores. En ningún caso nos referimos a una política neoliberal, simplemente que el carácter regresivo de los impuestos beneficie a quien verdaderamente lo paga: el pueblo trabajador. En artículos anteriores nos hemos referido a lo insignificante que representa la recaudación mensual del SENIAT ante lo que representa la nómina pública, deben trazarse nuevos indicadores de recaudación y una seria política de fiscalización y sancionatoria que imponga la cultura tributaria desde la autoridad para la cual fue creado ese organismo.
Estas políticas tributarias también se deben traducir en mejoras para el desarrollo urbano porque un importante porcentaje que debe ser cancelado a las alcaldías y en otros trámites a las gobernaciones, se queda en manos de los empresarios evasores y que luego, lo sacan del país o circula en un circuito de ostentosos gustos como son los lujosos restaurantes, vehículos y viviendas, etc. Haciendo más notable la brecha social entre pobres y ricos y lo peor es que esa riqueza es producto de ilícitos contra el sistema tributario venezolano.
