En el corto, pero contundente, lapso que media entre el lunes 27 y el martes 28 de febrero de 1989 tiene lugar en Venezuela un acontecimiento de inusitadas proporciones nacionales. En opinión de muchos historiadores y analistas profesionales (tanto inmediatos como posteriores), hubo una división de la historia contemporánea de este país en un antes y un después que, luego de treinta y cinco años transcurridos, sigue todavía dando de qué hablar. Fue, ciertamente, una explosión social espontánea (el mismo presidente Carlos Andrés Pérez así lo señalaría), sin una clara orientación política (sin que ello niegue la connotación que tal hecho supone en lo político, al representar una seria amenaza para la estabilidad del orden establecido), y multiforme en su composición. Muchas veces catalogada como una reacción visceral contra el neoliberalismo económico que ya comenzaba a abarcar toda la extensión geográfica de nuestra América e implantado a sangre y fuego en Chile por la dictadura fascistoide de Augusto Pinochet, en connivencia con el imperialismo yanqui. Algo que, visto ahora con mayores detalles, no pareciera tener mucha sustentación, sin negarlo del todo; especialmente cuando se determinan cuáles fueron los sectores sobre los cuales se volcara la furia popular y la manera cómo actuaron los sectores populares involucrados. Otro tanto debe afirmarse respecto a que, como consecuencia directa del Caracazo, se producirían tres años después los alzamientos militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre; ignorándose (sin indagar a profundidad) el papel represor-homicida cumplido por las diversas jerarquías de las Fuerzas Armadas Nacionales, culpables -al ejecutar el Plan Ávila- de los crímenes de lesa humanidad, cuyo número aún no ha sido determinado con exactitud.
En referencia a este acontecimiento, en «Un lunes rojo y negro», el historiador Manuel Caballero desglosa (de una manera que podrá calificarse de sesgada y peyorativa) que «la gente que se echa a la calle el 27 de febrero de 1989 fue la misma que lo hizo el 23 de enero de 1958. La única diferencia es biológica: aquellos son hijos de éstos, y nietos de quienes habían hecho otro tanto el 14 de febrero de 1936. Y procedieron de igual forma: a lo vulgar, a lo plebeyo, a lo pobre». Es lo que sorprende a quienes se ubicaban en lo alto de la pirámide política, social, económica e intelectual, habituados a la mansedumbre y la resignación del pueblo ante sus decisiones y prebendas cupulares. Durante el Caracazo llegará a ocurrir algo semejante a lo definido y hecho por los indígenas zapatistas al insurgir contra el Estado mexicano en 1994; diferenciándose de las categorizaciones habituales, a pesar de la insistencia de varios analistas e historiadores en calificarlo como un enfrentamiento de clases sociales, o lo que es lo mismo, un enfrentamiento de pobres contra ricos (sin que sea algo preponderante del todo). En forma desproporcionada y desconcertante, las calles se vieron sacudidas por la irrupción airada de turbas que rebasan la capacidad de contención de la policía, primero, y de la Guardia Nacional, después; lo que mantiene en ascuas e indecisos a quienes dirigen al país, acostumbrados a lidiar con protestas rutinarias de estudiantes, obreros y residentes marginados. El director general de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de aquel tiempo, Rafael Rivas Vásquez, admitirá que «no había información alguna sobre una acción que simplemente no había sido planificada». Aún así, serán acusadas algunas organizaciones de la extrema izquierda de fomentar la violencia social.
En su obra «Psicología de masas del fascismo», editada en 1933, el psicoanalista austríaco Wilhelm Reich refiere: «Cuando los trabajadores que pasan hambre, dados sus bajos salarios, hacen una huelga, su acción se deriva directamente de su situación económica. Lo mismo ocurre en el caso del hambriento que roba. Para explicar el robo por el hambre o la huelga por la explotación, no se necesita una explicación psicológica suplementaria. En ambos casos, la ideología y la acción corresponden a la presión económica; situación económica e ideología se corresponden. La psicología burguesa tiene por costumbre en estos casos el querer explicar mediante la psicología por qué motivos, llamados irracionales, se ha ido a la huelga o se ha robado, lo que conduce siempre a explicaciones reaccionarias. Para la psicología materialista dialéctica la cuestión es exactamente lo contrario: lo que es necesario explicar no es que el hambriento robe o que el explotado se declare en huelga, sino por qué la mayoría de los hambrientos no roban y por qué la mayoría de los explotados no van a la huelga». Es una cuestión que amerita un estudio más profundo y detallado.
Lo que poco alarmaba era que, elección tras elección, los índices de abstención demostraban el divorcio existente entre gobernantes y gobernados. Por otra parte, se generalizó el saqueo del patrimonio nacional, lo cual contribuyó al incremento desproporcionado de la deuda externa y de la desconfianza nada disminuida de los venezolanos respecto a la moral de la dirigencia político-partidista del momento, convertida ésta en una casta de empresarios en el poder, cuyo único interés sería asegurar los privilegios económicos logrados gracias a la corrupción administrativa. Mientras esto sucedía, la frustración de las expectativas de parte de los sectores populares -creadas en torno a un tipo de sociedad democrática, igualitaria y redistributiva de la riqueza petrolera- iba en aumento frente a la realidad y al discurso oficial que pretendía presentar esa misma realidad como algo ideal o perfectible. La «ilusión de armonía», basada en la estabilidad e incremento de la bonanza petrolera, no era suficiente. La ola de medidas económicas neoliberales adoptadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez por exigencia del Fondo Monetario Internacional (liberación de las tasas de interés y de los precios de los productos, incluyendo los de primera necesidad, de la gasolina y de las tarifas de servicios públicos y la eliminación del dólar preferencial) dejaba al salario de los trabajadores, en su mayoría desprovistos de beneficios socioeconómicos garantizados por una contratación colectiva, a merced de los intereses del sector empresarial, afectando su poder adquisitivo. Por muchos años las cúpulas políticas, empresariales, eclesiásticas y militares, pasaron por alto las graves condiciones de pobreza y deterioro de la calidad de vida de numerosas familias venezolanas; socavando su propia base de sustentación, el sistema de democracia representativa, implantada en la psiquis del pueblo venezolano a raíz del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, manteniendo la esperanza en que los diversos problemas sufridos serían solventados por la gestión de un buen gobierno.
De esta forma, por largos años, el pueblo de Venezuela fue acumulando rabia, frustración y desilusión frente a los discursos vacíos de quienes se atribuían representarlo en medio de un cuadro de miseria, derroche consumista, demagogia, nuevoriquismo y corrupción impune, entretanto las expectativas populares se mantenían insatisfechas, a pesar de los altos y constantes ingresos petroleros. Para Enrique Alí González (en su análisis «Estilos de saqueo y cambio cultural»), «si quisiéramos sintetizar en una sola palabra lo que sucedió durante el mes de febrero pasado, la más adecuada sería: saqueo. El término "saqueo" ilustra con precisión en la mentalidad de los venezolanos el "febrero blanco de 1989". Cantidad de imágenes y de palabras brotan al solo oírla. Pero es adecuado tratar de organizar sus significados con el objeto de realizar un análisis minucioso de sus repercusiones sociales. Se efectuaron cinco tipos de saqueo: "el saqueo a la esperanza, el saqueo a los bolsillos, el saqueo a quienes tienen más (en todas las gradaciones posibles), el saqueo a la vida y el resaqueo a los sectores populares"».
Frente a la incómoda situación padecida por el ministro de relaciones interiores, Alejandro Izaguirre, en cadena nacional de radio y televisión, el gobierno optó por la figura del ministro de la defensa, el general ítalo del Valle Alliegro, quien hará el rol de garante ante el país de la restitución del orden más que el mismo presidente Pérez. Hay que mencionar, además, que los antecedentes represivos del régimen puntofijista, traducidos en desapariciones forzosas y asesinatos selectivos de dirigentes políticos y sociales durante las décadas de los 60 y los 70, cuyo máximo delito fue luchar por hacer de Venezuela una nación verdaderamente democrática y soberana, se renovaron con la represión ordenada contra los sectores populares. Los allanamientos hechos en los barrios caraqueños y de otras poblaciones en búsqueda de los enseres y productos de primera necesidad saqueados en la fase inicial de la explosión social del 27-F dieron paso a un reciclaje del saqueo cuando funcionarios de distintos niveles se apropiaron de éstos, como botín de guerra, en una clara demostración del tipo de mentalidad que tenían en relación con el respeto al cumplimiento de las leyes y la justicia.
Al revisar la respuesta punitiva del gobierno de Carlos Andrés Pérez, el editorial de la revista SIC del mes de mayo de 1989 concluyó que «el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez. Era una acción punitiva contra enemigos, no un acto de disuasión dirigido a conciudadanos». Por su parte, en su obra «27 de febrero de 1989: Interpretaciones y estrategias», el sociólogo Reinaldo Iturriza López afirma: «Había que lograr que los vencidos no tuvieran la experiencia de haber ganado una. Que esa semana se les clavara a fuego; no como el día que se adueñaron de la calle y compraron sin pagar, sino como las noches terribles e interminables en que llovían sin tregua las balas y se vivió agazapado en completa indefensión».
Como lo reflejó en aquel trágico año un comunicado de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) es tarea «recordar, hacer memoria y enjuiciar a quienes convirtieron al país en una presa codiciada para la depredación es imprescindible para cambiar el orden impuesto al país y establecer como objetivo estratégico fundamental garantizar óptimas condiciones de vida para todos los ciudadanos». En ese sentido, deberíamos deslastrarnos de los lugares comunes al referirnos a la explosión social que hemos denominado el Caracazo o el Sacudón, de manera que su comprensión sirva para escudriñar adecuadamente el presente y anticipar, en todo lo posible, un mejor futuro para todos los venezolanos y no únicamente para un bloque de poder.
