La situación que ha emergido luego de las elecciones del 28 de julio apunta que la estrategia del gobierno de EE. UU. Estuvo marcada por las negociaciones secretas en Qatar entre el gobierno y el imperialismo, que establecieron el alivio parcial de las sanciones, intercambio de prisioneros, garantizar el suministro energético mediante una alianza de intereses con sus corporaciones petroleras y un acuerdo para la realización de las elecciones presidenciales.
Este cambio de estrategia del gobierno norteamericano se correspondía con el fracaso de la estrategia de Guaidó y Trump de gobierno paralelo. El viraje se conectaba con el efecto de las sanciones en la crisis social y económica, que se amplió con las políticas regresivas aplicadas por el gobierno, que termino colocando el peso de la crisis en los hombros del pueblo trabajador. En este contexto de descontento social, raíz de la caída de aceptación de Maduro y la ruptura de sectores populares con el gobierno. El imperialismo consigue agrupar a la oposición de ultraderecha y reintegrarla a la ruta electoral; María Corina aglutinaba en zonas rurales y barriadas, bastión del chavismo, importantes movilizaciones
Tras las elecciones del 28 de julio, el imperialismo no ha logrado el cambio de gobierno a través de las elecciones concebidas por Washington; pero ha conseguido alcanzar ciertos objetivos al generar una crisis de legitimidad que antes no existía, mediante la matriz de opinión de fraude electoral; con el desconocimiento de los resultados emitidos por las autoridades electorales, lo cual quedó evidente cuando de manera apresurada se reconoció el triunfo de Edmundo Gonzales, aunque después reculó, exigiendo el conteo de las actas.
Ni Injerencia Ni Desestabilización
En medio de una controversia poselectoral que se encuentra en proceso de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las recientes gestiones del gobierno estadounidense con la acentuación de las presiones diplomáticas han lineado a su política intervencionista a los presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, y las instituciones controladas por el imperialismo: la ONU, la desahuciada (OEA), la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
Es la reproducción de antiguos esquemas de presión, desestabilización y ataques directos a la soberanía nacional del país. El imperialismo apuesta a un aislamiento total de Maduro, obligándolo a una salida negociada que no haga estallar todo por los aires, poniendo en peligro sus propios negocios entre la petrolera Chevron y PDVSA; de cara a la elección presidencial de noviembre próximo entre Kamala Harris y Donald Trump, y más de fondo el peligro de la desestabilización regional si Venezuela entra en una situación de alta convulsión social.
Las flamantes propuestas esbozadas por Lula y Petro. Sugiriendo la formación de un gobierno de coalición o la convocatoria a elecciones con un comité electoral independiente y observadores internacionales, mientras Petro propuso el levantamiento de sanciones, amnistía general, garantías para la acción política y un gobierno de cohabitación transitorio que conduzca a nuevos comicios; iniciativas en consonancia con la política de Biden busca garantizar la conducción y el tutelaje de la crisis política poselectoral. En la Constitución ni en las leyes venezolanas, establece que el Poder Electoral, como una de las ramas del poder público nacional, tiene como jurisdicción electoral la presidencia de Brasil, de Colombia, la ONU, el Centro Carter, la Unión Europea o cualquier institución supranacional.
En tal sentido, la Coordinadora Nacional Autónoma Independiente de Trabajadores (CAIT) rechazamos y condenamos esta política injerencista en los asuntos internos de nuestro país. Como las amenazas de imposición de sanciones, la utilización de las redes sociales de agenda de violencia, desestabilización.
Demandamos. Paren las detenciones arbitrarias, los allanamientos ilegales, el uso de organizaciones para policiales para intimidar y reprimir a los sectores disidentes, los despidos en las instituciones del sector público por retaliación política.
Más allá de cualquier interpretación jurídica, la resolución del conflicto es a partir de nuestra propia constitución, sin embargo, como pueblo trabajador, demandamos que se conozca la verdad de los resultados electorales.
Después de la decisión de la Sala Electoral, el Consejo Nacional Electoral debe cumplir con la ley y publicar los resultados en la Gaceta Electoral dentro de los 30 días de la proclamación, según lo establecido en la ley.
De tal manera, todas las acciones legales de los actores políticos deben apegarse al Estado de derecho y reconociendo de la institucionalidad y la Jurisdicción Electoral venezolana; haciendo uso de sus derechos de hacer denuncias de ilícitos electorales contra el Directorio del CNE, por falta de transparencia, solicitando se respeten los resultados del 28J y se garanticen procesos de auditorías postelectorales, ante la incertidumbre y zozobra colectiva que ha generado los acontecimientos.
Cualquier negociación o diálogo debe abordarse con el impulso de una economía soberana en la medida de lo posible, reactivación de la industria petrolera, poniendo énfasis en el interés nacional, promover el crecimiento industrial y económico en general y garantizando los beneficios y derechos de los trabajadores y mayorías.
Para derrotar la política de intromisión, se quiere volver a la constitución para responder a las demandas del pueblo trabajador. Recomposición del salario, pensiones, él respecto de los derechos humanos consagrados en CRBV
No a la injerencia extranjera