A los príncipes de Asturias, Don Felipe y Doña Letizia, la revista humorística “El Jueves”, puesta en circulación el 18 próximo pasado, según AFP, supuestamente caricaturizó en faena sexual. Mientras en el texto, el heredero al trono comenta, “esto es lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida”. El comentario principesco obedece al ofrecimiento gubernamental de otorgar un premio de 2,500 euros a las parejas que tengan hijos. Por cierto, esta cosa bien redondita es, pues Doña Letizia Ortiz, princesa de Asturias, fue periodista.

Por supuesto, la reacción no se hizo esperar, un juez ordenó “el secuestro de la publicación”.

¿Y en qué se fundamentó el funcionario judicial para tomar semejante medida?

Pues en varias disposiciones que están en la legislación española. Una de ellas prohíbe tocar aunque sea con el pétalo de una rosa, a todo aquel que forme parte de la familia real. Es decir, hay disposiciones específicas para proteger de Don Juan Carlos para abajo, de cualquier difamación e injuria.

Otra norma jurídica castiga a quien, por intermedio de un miembro de la realeza, dañe el “prestigio de la corona”.

Y pienso que de una u otra forma lo dañó; pues uno, siempre caído de la mata, creía que a ellos les traía la cigüeña. Por esto, por romperme el encanto, no sé si ponerme contra el juez o la revista.

El juez español que sigue el caso de marras, señaló que “quien extralimita el ejercicio de un derecho fundamental como el de la información no puede verse amparado legalmente en el mismo para evitar las consecuencias de sus actos”.

Pero eso pasó allá en España. Justamente dónde le dieron, injustamente el premio de periodismo “Príncipe de Asturias”, el ahora agraviado, a quien incurrió en lo que el juez Juan del Olmo, llama una extralimitación y mal uso del derecho a informar.

Y lo que es peor, pese a la demostración que el fablistán venezolano de uno de los medios televisivos falseó los hechos alrededor de puente Llaguno, siguió con su premio, campante, como si nada malo hubiese sucedido.

Con este hecho, quienes otorgan en España el susodicho premio, incurrieron en delito, pues dañaron el prestigio de la corona. Y ¡miren qué cosa!, no les cayó la ley encima. Esta misma que Don Juan del Olmo, usa para el caso de la revista que ofendió a Don Felipe y Doña Letizia.

Y para completar la faena, pues de la España de las corridas de toros hablamos, el juez además ordenó desactivar la página Web de la revista y detener al director de ésta para que diga quién o quiénes son los autores de tamaña ofensa a la corona española.

No obstante, es saludable admitir que caricatura, por su naturaleza, no es fiel absoluta representación de quien su autor pudo querer representar. En gran medida, eso queda en el subjetivismo del observador. Pero así y todo, el juez no dudó ni un instante.

Pero aun así, uno en nada aprensivo, salvo lo ya dicho sobre el premio “Príncipe de Asturias”, no tiene mucho que decir y menos objetar la decisión judicial, si ésta cubre los extremos de ley. Pero si es valedero preguntar ¿qué pasaría si eso fuese en Venezuela? ¿Cómo reaccionaría cierta gente, hasta en la España misma, si en lugar de Don Felipe, el agraviado fuese el zambo de Sabaneta?

¿Qué diría el gobierno americano y su desdibujada corte, la que habita en todos los rincones del planeta, si en Venezuela se dictasen leyes como las que protegen a sus altezas reales? ¿Y Aznar, qué rebuznaría?

Ya uno sabe que allá en España, el PP de Aznar y éste mismo, Mario Vargas Llosa, el español “navegao”, como dicen en Margarita y otros de la misma estirpe, pegaron el grito en el cielo por lo de RCTV. Pero no obstante, callaron cuando alcaldes curruñas de Aznar, cerraron (así mismo, cerraron) canales de televisión. Y hablaron gamelote porque un juez de acá, sancionó al diario “Tal Cual” y a un articulista por violar los derechos de una niña. Que no es noble, pero niña.

Aquí, igual que allá, como dijo el juez del Olmo, esto no lo deben olvidar los periodistas; no se puede ni debe usar la libertad de expresión o información para ampararse cada vez que incurren en ofensa, mentira, difamación y promoción de delito.

Está mal irrespetar a las personas; invadir la intimidad de la gente, sean nobles o plebeyos; pero lo que es igual no es trampa. No se puede juzgar con dos medidas.

¿Y a mí, quién me paga por perder el encanto?