“Yo siempre le explico a mis alumnos, cuando les hablo de la Revolución Bolivariana, que la derecha española -que es una de las más duras de Europa- es hasta democrática comparada con la derecha venezolana… Comparada con la derecha venezolana, la española es marxista-leninista…”.

La sentencia pertenece a Jorge Verstrynge, un intelectual español de origen francés que conoce muy bien el monstruo desde sus entrañas, pues inició su carrera política en la extrema derecha de Francia y luego -ya en España- llegó a ser secretario general de Alianza Popular (formación política antecesora del actual Partido Popular, de los señores Aznar y Rajoy). El hombre pasó toda una vida al lado de Manuel Fraga Iribarne, con quien rompió para luego evolucionar hacia posiciones socialistas.

No tanto como a la derecha española, pero Verstrynge conoce bastante de Venezuela. Lo que aquí ocurre suele ser tema en sus clases universitarias. Su libro La guerra periférica y el Islam revolucionario se estudia en nuestras escuelas superiores militares y es profesor invitado del Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional (Iaeden).

Pero pongamos el foco no en el personaje, sino en su comparación entre la derecha española y la venezolana. Aquélla marxista-leninista frente a lo retrógrada que es la nuestra.

¡Hostias, la educación!

El tema viene a cuento porque tanto en España como en Venezuela la derecha ha reaccionado con el mismo reflejo frente a las iniciativas de los dos gobiernos (ambos autodefinidos como socialistas) por adaptar los programas escolares al contenido de su respectiva Constitución.

Aquí en Venezuela se conoce de sobra la furia que produce en esas huestes cualquier medida que adopte el Estado, bajo la presidencia de Hugo Chávez, para siquiera ampliar la cobertura educativa, recuperar la rectoría y supervisión oficiales o, ni se diga, actualizar el pensum y métodos de enseñanza de escuelas, liceos y colegios a la luz de la Constitución vigente desde 1999. El grito de “¡Con mis hijos no te metas!” comenzó a timbrar aquí mucho antes de que se hablara de reforma constitucional o socialismo.

En España, al gobierno socialista no se le ha ocurrido darle un revolcón a todo el sistema educativo sino apenas incluir una nueva asignatura en primaria y secundaria que ha desatado la furia de la derecha española.

Se trata de “Educación para la ciudadanía y los DDHH”, una materia que pretende sembrar en los niños valores democráticos, tolerancia y solidaridad, e incorpora la “competencia social y ciudadana” como una de las ocho competencias básicas que deben adquirir los alumnos.

“Los niños y las niñas están en condiciones de adoptar una perspectiva más amplia para trascender los hábitos adquiridos en relación con el trabajo en grupo, la participación en el funcionamiento de reuniones o asambleas de clase y la práctica de hábitos sociales”, reza el Real Decreto que creó la materia, basado en la Ley Orgánica de Educación e inspirado en una recomendación del Consejo de Europa del año 2002.

En la asignatura “se parte de lo personal y el entorno próximo, identidad, emociones, autonomía, derechos y responsabilidades individuales para poder abordar después lo colectivo, convivencia social que establece la Constitución y derechos y responsabilidades colectivas”, según explica Marta Vásquez-Reina en un artículo publicado el 27 de mayo en Consumer.es.

Pues, bien, a esta asignatura le han caído encima tanto la derecha partidista española, como las ONG’s conservadoras (¿una redundancia?) y, no faltaba más, la Conferencia Episcopal Española.

El Partido Popular amenazó con no permitir la inclusión de la asignatura en aquellas ciudades donde la derecha gobierna y los Roberto Luckert de allá casi excomulgan al presidente José Luis Rodríguez Zapatero por la osadía.

Monseñor Antonio Cañizares, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, trató de infundir miedo advirtiendo que los colegios religiosos que acaten la implantación de Educación para la Ciudadanía y los DDHH estarán “colaborando con el mal”.

El argumento es que los socialistas están imponiendo una formación de la conciencia moral a todos los alumnos, extralimitándose las competencias del Gobierno. El cura rechazó las “enseñanzas morales laicas” contenidas en la asignatura, pues ellas, dijo, "deberían ser incluidas en una materia opcional alternativa a la formación religiosa".

Allá, como aquí, curas y laicos conservadores invocan “el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales". Las de ellos, claro está.

En realidad, la derecha española se opone a que se le enseñe a los niños cosas tan elementales como la existencia de familias multiparentales (hogares con padres divorciados o de madres solteras, por ejemplo), la diversidad sexual, la no discriminación y todo un conjunto de valores más allá de los dogmas y estereotipos eclesiásticos que siguen vivos en aquella sociedad muchos años después de superado el franquismo. En fin, nada del otro mundo.

Zapatazos de Zapatero

Rodríguez Zapatero zapateó en defensa de la asignatura y de la soberanía popular. Su gobierno, dijo, hará cumplir la ley porque “ninguna fe religiosa puede oponerse a la soberanía popular, que reside en el Parlamento, ni a las leyes que de la misma dimanan”.

Rechazó la “objeción de conciencia”, esgrimida por la derecha para incitar a los padres y colegios a rebelarse contra la asignatura, pues ella no cabe cuando se trata de extender “la Constitución y sus valores”. Por eso, dijo, la nueva materia escolar se impartirá “en toda España”.

“El gobierno mantiene las señas de identidad de generosidad y sensibilidad hacia las confesiones religiosas, sobre todo la mayoritaria, en cuanto a los recursos económicos, pero seamos muy claros en los principios: España es un Estado aconfesional y sus principios laicos garantizan el pluralismo y la tolerancia”, dijo Rodríguez Zapatero, recogiendo el guante lanzado por Sergio Gutiérrez Prieto, secretario general de las Juventudes Socialistas de España, quien minutos antes, en un acto partidista realizado en julio pasado, había afirmado: “Una jerarquía eclesiástica que se opone a que se enseñen los valores constitucionales no se merece que la sociedad contribuye a su financiación”.

Rodríguez Zapatero se preguntó, según reseña de El País, porqué se oponen a una materia “que enseña la Constitución y los valores que de ella nacen”.

Ponga usted la palabra Venezuela donde dice España, y vea si le suena familiar. Pero si al decir de Verstrynge la derecha venezolana es todavía más retrógrada que la española, ¿qué esperar entonces de nuestros falangistas criollos (con y sin sotana) frente a la implantación no de una asignatura adicional, sino de todo un nuevo Sistema Educativo Bolivariano? ¡Ave María Purísima!

Taquitos

COLOMBIA. El senador colombiano Gustavo Petro, del Polo Democrático, previno al presidente Chávez sobre las agendas que las partes involucradas en el conflicto armado colombiano manejan en torno a sus gestiones de mediación por un intercambio humanitario de prisioneros. En entrevista radial con este redactor, Petro explicó que Uribe puede estar jugando al fracaso de Chávez en la mediación para tratar de legitimar el enfrentamiento armado como única vía posible frente al drama de los secuestrados. “Si ni siquiera Chávez pudo lograr un acuerdo humanitario, menos lo voy a conseguir yo, así que no queda otra alternativa que la militar”, diría Uribe en ese escenario, según las previsiones de Petro. También advirtió que las FARC pueden estar aprovechando las gestiones de Chávez para darle fuerza a su exigencia de un despeje militar semejante al que consiguieron con Andrés Pastrana, cosa que según Petro no sólo rechaza el gobierno sino la sociedad colombiana. Veremos. ACLARATORIA. No era Mónica Rodríguez, sino Fernández. En la columna de la semana pasada confundí a ambas abogadas y sus respectivos roles. Rodríguez es fiscal del Ministerio Público, mientras que Fernández era jueza en abril de 2002 y fue quien dictó orden de aprehensión contra Rodríguez Chacín, sin haberse dado antejuicio de mérito. Mil disculpas. CITA. “Incluso hasta la clandestinidad es una de las opciones sobre las que tenemos que ir preparándonos… El que no se lo plantea, no interpreta adecuadamente lo que está pasando en Venezuela. Quizá lleguemos al punto de que la disidencia política sea criminalizada de tal manera que tendremos que plantearnos cómo organizarnos en la clandestinidad, por supuesto que sí”. Leopoldo López, alcalde de Chacao y vicepresidente de Nuevo Tiempo, en declaraciones a La Nación de Argentina, donde además estimó que en Venezuela están muriendo 48 personas ¡diarias! en forma violenta.