Ultimamente ningún venezolano ha oído o visto en algún medio de comunicación, que alguna seccional de cualquier Colegio Profesional existente en Venezuela haya efectuado algún llamado para estimular públicamente a sus asociados para que sean fieles y honestos cumplidores de su trabajo especializado, o donde se reseñe su compromiso moral adquirido con el pueblo, según lo plasmado en el código de ética de cual o tal Colegio; seguro que hacen décadas que no se produce tal llamado. Al contrario, lo que si se ha leído, oído o visto es la defensa a ultranza de algún profesional asociado señalado por mala actuación en algún caso específico relativo a su trabajo, o por un comportamiento personal impropio. También es muy publicitado la sanción que el mismo Colegio le hace a algún afiliado suyo que, por el motivo real de no estar de acuerdo de cómo la directiva maneja la institución, es acusado ante su propio Tribunal Disciplinario y éste dictamina su condena, por lo cual el Colegio procede a botarlo de allí y a no permitirle ejerza su profesión por un lapso bastante prolongado; exponiéndolo por tal juicio y su sentencia al desprecio público por siempre, en particular en el medio social donde se ha desenvuelto dicho profesional.
¿Como es eso de que solo los Colegios Profesionales están facultados para enjuiciar y condenar a sus asociados, tal como si fueran órganos especiales del Poder Judicial? ¿Por qué esas facultades no se las dan también a la Cámara de Comercio, la Cámara del Calzado, la Cámara Agrícola y Pecuaria, la Cámara Automotriz, etc., y así puedan ellas abrirles juicios y sentenciar a sus afiliados, y éstos apelar a la instancia superior que estaría en manos de Fedecamaras? ¿Es qué acaso esa preferencia con los Colegios Profesionales no es una discriminación y por ello ser absolutamente inconstitucional? y ¿Por qué no se obliga a quienes laboran en otras ramas especializadas a que se inscriban en los gremios respectivos para así poder trabajar, tal como es obligado el egresado universitario a inscribirse en su Colegio; quien ha pasado toda una vida estudiando y muchos con bastante sacrificio? Al comienzo la Constitución Bolivariana reza “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”
El Estado está obligado a velar por todo lo establecido en ese artículo 2 de la Constitución Bolivariana, entonces, ¿Por qué los Colegios Profesionales están autorizados para hacerles juicios a sus afiliados y no las demás instituciones privadas que agrupan a otras clases de trabajadores? ¿Eso no choca con lo que propugna el Estado en cuanto a justicia, igualdad, derechos humanos y ética? y ¿Cómo es posible que todavía el Colegio de Abogados continúe autorizado para cobrar un impuesto al público por notariar o registrar cualquier documento, tributo que totalmente se entera en sus propias arcas? No, no, este estado de cosas no puede continuar sucediendo en un Estado que propugna la igualdad, la justicia y la ética, no, aquí no puede existir un grupo de personas privilegiadas, y si en alguna oportunidad el Estado quiso desmembrarse y transferir sus legítimas responsabilidades, hoy hay que rescatarlas porque todo adefesio establecido por la Cuarta República habrá que echarlo para atrás.
En Venezuela se sabe que las sedes de los Colegios Profesionales actualmente solo sirven para practicar en ellas convenios y actos reñidos con las buenas costumbres, además de utilizar sus ilegítimos privilegios para juzgar y sentenciar a sus afiliados que les son incómodos a los miembros de cada una de esas directivas. En la actualidad el código de ética y la ley que le concierne a cada Colegio son utilizados para consumar represalias, siendo así como son levantados expedientes amañados que luego pasan al Tribunal Disciplinario respectivo para dictar condenas, impidiendo al afiliado ejercer su profesión. El Estado tiene que intervenir y ponerle fin a los privilegios otorgados a los Colegios Profesionales, ya que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República.
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