Hemos manejado siempre el criterio de que el mejor aporte (o apoyo) que le debe ofrecer el funcionario público (desde el presidente de la República hasta el de menor rango) a todo esfuerzo que se lleve adelante contra la corrupción es mostrar su gestión al que la pida, sin hacer distingos de ninguna naturaleza y, diríamos más bien, ofrecerla de modo permanente para que se la mire con lupa, si fuere preciso. En eso el Comandante Chávez ha estado muy claro y de manera reiterada le ha dicho en mil ocasiones a sus directos colaboradores (palabras más, palabras menos): “si quieren hacer dinero, no pueden seguir trabajando al servicio de la revolución y, por tanto, deben irse a la actividad privada, pues los dineros del país son sagrados”.
Igualmente hemos sostenido la tesis de que el funcionario público es un servidor a tiempo completo de los ciudadanos y como tal no solamente debe cumplir con las tareas que le sean asignadas y/o estipuladas en los estatutos o normas de funcionamiento que correspondan, sino que tiene la obligación ineludible de hacerlo de modo eficiente y transparente, de manera que no deje lugar a ningún tipo de dudas acerca de su idoneidad para el cargo y menos aún de su honorabilidad y rectitud.
Dice un viejo y sabio refrán: “el que no la teme, no la debe”. Y ello es muy cierto; si como funcionarios del Estado somos señalados de alguna irregularidad y ante esas acusaciones estamos absolutamente persuadidos de que no nos cabe responsabilidad alguna, no tendríamos razones para temer por los resultados de una investigación que adelanten los órganos competentes. Que hay un despropósito en esos señalamientos y que lo que se busca es nuestro desprestigio, como vemos que ocurre de modo persistente en estos tiempos por parte de una oposición desquiciada, pues ante esa interrogante que pudiéramos hacernos, no creo que exista la mejor ocasión que ese proceso de control y fiscalización para desvirtuar toda duda que pueda plantearse sobre nuestra conducta honesta al servicio del país, para el que, inclusive, debemos ofrecer nuestra mayor cooperación para así impedir que se retarden sus conclusiones. Intentar negarlos a base de enfrentar a quienes sean sus directos responsables con ataques que pudieran ser vistos como desproporcionados y carentes de algún sentido, dan pie para que, por el contrario, aumenten las dudas sobre nuestro honesto desempeño.
De manera que más allá de hacer daño una falsa acusación, en caso de que así fuere, una investigación acuciosa es la única opción que queda, no sólo para que se disipe toda sospecha sobre la actuación irregular de cualquier funcionario público, sino que con ella el pueblo, quien es el que paga el sueldo de ese funcionario, pueda llegar a tener la certeza de que no está siendo estafada la República.
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