El profesional universitario es obligado a inscribirse en el gremio respectivo para poder trabajar en la especialidad para la cual estuvo estudiando por un mínimo de 18 años, si no lo hace, se le prohíbe ejerza su profesión así la universidad del más alto rango en Venezuela le haya reconocido su habilidad y vocación con los más valiosos grados honoríficos, de manera que si por cualquier circunstancia o porque aquella persona es de un profundo pensar liberal y considera que con la autorización que le otorga la universidad para ejercer la profesión de su especialidad basta, el Estado venezolano no puede hacer nada por aprovechar los servicios de aquel extraordinario profesional si el Colegio tal o cual no lo permite. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice en su artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesaria a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho.
¿Como es posible que unas organizaciones privadas, Colegios Profesionales, puedan imponer sus criterios burocráticos por encima de la Constitución venezolana y prohíban a los profesionales de cada rama universitaria puedan trabajar si no se afilian a ellos? ¿Como es posible que el Estado no haya podido revertir este exabrupto y haber buscado otro método para llevar un control de la fuerza laboral especializada en el país, y no dejar este vital asunto en manos del sector privado? ¿Será que este gobierno revolucionario y socialista rescatará la dignidad de los egresados universitarios en este aspecto? ¿Hasta cuando durará tal claudicación del Estado venezolano?
En Venezuela se sabe que los Colegios Profesionales, por obra y gracia de sus directivos, desde hace muchos años dejaron de ser gremios para pasar a ser partes de partidos políticos y así están actuando, ellos no pierden tiempo para hacer conocer sus tendencias partidistas y con sus pronunciamientos se adhieren o discrepan en asuntos políticos de tales partidos. La pública actividad política partidista no corresponde ser ejercidas por esas organizaciones, pues quien padece esa parcialidad es el agremiado que para poder trabajar en la rama profesional en la cual se graduó está obligado a inscribirse en esos Colegios, y si no está de acuerdo con la manera de actuar de su directiva le es levantado un expediente y lo hacen aparecer ante la sociedad como un verdadero y terrible truhán, así existen muchos expedientes sancionados por Tribunales Disciplinarios que actúan como verdaderos Tribunales de Justicia dependientes del Poder Judicial, e imponen sentencias penales condenando a sus afiliados a pagar condenas de exclusión y privación de honores, derechos y privilegios; de por vida.
Pero lo que se puede considerar de más gravedad es que cuando los recién egresados universitarios, llenos de deseos por aportar su trabajo en beneficio del pueblo, van a la sede de cada uno de sus Colegios Profesionales, de inmediato son abordados por algunos colegas falaces que comienzan a envenenarles las mentes y las almas como expertos profesores, éstos les instruyen sobre como comportarse y hacer de su profesión una mina para la obtención de dinero; sin importar para nada la ética profesional. De allí salen infinidad de delincuentes de cuello blanco que en el ejercicio privado de su profesión engañan a unos cientos de personas, pero que cuando asumen cargos oficiales entonces los perjudicados pasan a ser miles y miles; algunas veces son millones de personas.
En Venezuela las sedes de los Colegios Profesionales solo sirven para llevar adelante convenios y negocios reñidos con las buenas costumbres, además de utilizar sus incomprensibles privilegios para juzgar y sentenciar a sus afiliados; aquellos que les son incómodos a los miembros de cada una de esas directivas. En la actualidad el código de ética y la ley que le concierne a cada Colegio son utilizados para consumar venganzas políticas, y así los numerosos expedientes amañados que luego pasan al Tribunal Disciplinario de la Federación, que actuando como un Tribunal Supremo de Justicia, confirma cada sentencia y la declara definitiva y firme.
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