La actual dinámica socio-política y económica de nuestro país plantea la necesidad, como consecuencia de un proceso de transformación constante en el marco del desarrollo del pensamiento bolivariano y robinsoniano, de generar profesionales formados con la capacidad de crear y mejorar las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida y a la profundización de la democracia participativa.
La administración de recursos es un área del conocimiento que implica la aplicación de valores más allá del economicismo, es por ello que lleva intrínseca la capacidad de hacer ejercicio de los valores más sublimes de la práctica política, para ponderar así el criterio más justo para la redistribución de los recursos, en un proceso decisional que implica acertividad en cuanto al impacto social y político del ejercicio de la administración, aún más cuando su orientación es pública, entendiendo lo público como aquello que compete a todos y no sólo a individualidades.
Si a esto le sumamos la experiencia concreta que de esto se tiene en una administración pública enraizada en prácticas que están orientadas a la profundización de una democracia representativa, donde el funcionario público, formado en la práctica, poco tiene arraigado el valor de servidor público y asume en sus acciones un mero trámite burocrático sin interiorizar el objetivo político de fondo de su acción, hace necesario replantearse estas prácticas, orientando el sentido de su experiencia al ejercicio pleno de la praxis pública, que encuentra en la teoría el sustento ético de una acción que debe enmarcarse en la profundización de un modelo democrática participativo, donde para la ejecución de la administración de los recursos en las políticas públicas se deba poner de primer plano a las comunidades organizadas.
Es por ello que el Estado como orientador de las acciones y los contenidos que delinean estas prácticas debe facilitar procesos de formación, más allá de lo técnico, para que los funcionarios públicos perfeccionen sus políticas, programas, planes y proyectos con un objetivo colectivo, privilegiando la reflexión de las ideas que hagan compatibles las prácticas burocráticas con las líneas estratégicas del Estado y del Gobierno, a través del fortalecimiento del Poder Popular.
Esto implica una estrategia de formación y capacitación de servidores públicos, basada:
1.- En la diversidad paradigmática que guía el pensamiento humano, permitiendo así, desde una visión crítica, diferenciar, debatir e impulsar acciones tendientes a la interpretación de lo político y la política desde una aproximación a su cotidianidad y trascendencia.
2.- En los saberes populares, asumidos como elementos que enriquecen el pensamiento humano, y consolidan culturalmente las ideas progresistas. Esto implica invertir la visión científica que parte del individuo con capacidad para objetivar los fenómenos, analizar y realizar interpretaciones universales por los otros. De esta forma el reto es la interacción con las comunidades, junto con ellas y con autorización de ellas, dejando de un lado el intervencionismo y asumiendo la construcción colectiva del conocimiento.
3.-En la necesidad de formar ciudadanos capaces de generar (incluyendo al “otro”), a partir de los fundamentos anteriores, posibles soluciones, a los problemas derivados de la búsqueda del perfeccionamiento o superación de nuestro sistema político, administrativo y de planificación pública.
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