El paro "revolucionario y popular" que tuvo lugar en el 23 de Enero el pasado 4 de abril, guarda características muy similares al realizado en junio de 2006, desarrollado entonces por algunas organizaciones como La Piedrita, que dijeron estar motivados por la muerte de dos jóvenes vecinos. En aquel momento responsabilizaron al grupo Los Tupamaros de esas muertes y, al igual que ahora, los manifestantes tomaron el área por algunas horas; tenían armas de diversos calibres, estaban encapuchados, y los cuerpos de seguridad del Estado no actuaron. Como novedad en esta oportunidad, la prensa nos dice que además de las armas, estos grupos disponen de un sistema de cámaras en los postes eléctricos que les permiten saber con antelación si la policía o algún desconocido se acerca. Otro dato relevante fue que Tarek El Aissami, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, dijo no estar autorizado para emitir declaración alguna sobre esta protesta. Esa noche el Presidente despejó la posición oficial cuando negó que los protagonistas fueran revolucionarios y expresó que parecían "terroristas".
La protesta de estos grupos del 23 de Enero viola el orden constitucional, que taxativamente expresa en su artículo 68 que los ciudadanos al ejercer su derecho a manifestar, deben hacerlo sin armas. El desafío a la autoridad es explícito al asegurar los manifestantes que su modalidad de protesta busca demostrar su fuerza y poder ante el Estado, que ellos tienen organización y capacidad para controlar ese territorio: pusieron alcabalas, hicieron requisas, vigilaban con motos, hasta le confiscaron el arma a un policía. Más aún, dijeron que podrían controlar toda Caracas. La motivación sí varía con respecto a lo realizado en 2006, pues ahora expresan su malestar ante una serie de allanamientos que ha hecho la Disip en esta zona residencial en búsqueda de Juan Montoya, presunto efectivo de Policaracas que estaría involucrado en la elaboración de las "cajas sonoras" que estallaron el mes pasado, uno de ellos en la sede de Fedecámaras que ocasionó la muerte de quien la colocaba. Otro dato que me parece relevante para intentar comprender este acto es que el grupo que se responsabilizó por dichas cajas se identifica como Frente Guerrillero Venceremos. Y otro grupo, La Piedrita, metido en la protesta se atribuye un grafiti de la parroquia que dice: "Honor y gloria a Raúl Reyes".
Sobre qué interpretación darle a este hecho, no hay mucho más que añadir a lo que escribí en julio de 2006. Protestas como esta expresan de manera dramática la debilidad del Estado ante sectores de la "sociedad civil" que imponen sus derechos particulares sobre los colectivos. Sin rubor advierten que la violencia puede ser una vía para dirimir diferencias entre ellos y con el Gobierno. Las comunidades y la gente de esta zona vieron ese día interrumpidas sus rutinas por el descontento de estos grupos con la forma como se desenvuelve la justicia en el país: cerca del 90% de los vecinos de esa zona no pudo ese día ir a su trabajo. Se reitera, una vez más, la debilidad institucional del Poder Judicial y de las instituciones públicas que deben resguardar el derecho a la seguridad de los ciudadanos. Desafíos de grupos de la sociedad civil como estos, hacen explícito que en Venezuela sigue sin resolverse la legitimidad del Estado en el ejercicio del monopolio de las armas. Esta protesta es además grave por lo reiterativa, así como por las advertencias hechas por estos grupos al Gobierno, que de no encontrar respuestas satisfactorias podrían reiterar y aún ampliar la protesta con una toma armada "revolucionaria y popular" a la capital.
Para no terminar con una nota tan pesimista es bueno decir que según los informes de Provea, el número y porcentaje de protestas violentas en el país ha venido descendiendo desde 2004. La violencia en la política de la calle alcanzó cifras históricas entre 2001 y 2004, cuando diversos actores que apoyaban al Gobierno o se oponían a él hicieron uso de este recurso inconstitucional como parte de la lucha política que se libró. La protesta violenta llegó a significar en el período entre octubre de 2002 y septiembre de 2004 cerca de 18% del total de protestas. Ahora sólo 3,5% de las protestas calificaron como violentas, es decir, contemplaron daños a bienes materiales y/o a la integridad física de las personas. La violencia de esta protesta de los grupos del 23 de Enero es sui géneris, pues aparentemente no se produjeron daños a bienes o a la integridad física de personas, pero sin duda se expresó de manera contundente una desobediencia al orden constitucional al presentarse los manifestantes de manera ostensiblemente armada a la protesta.
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