Esta compleja situación de la inseguridad, continúa enfocándose como un fenómeno que surge como consecuencia de razones de índole social, económico o cultural, ignorándose que el problema en si, va más allá de las causas naturales de lo que sería una descomposición social y en base a ello se lanzan propuestas en esta misma dirección, pretendiendo combatir este flagelo mediante el reordenamiento social, acceso a la educación, una mejor distribución de las riquezas o el incremento de la taza de empleo, con el propósito de cercenar este problema desde sus raíces. Esto tendría vigencia en otras circunstancias, no en lo que en realidad sucede y que enfrentamos actualmente.
No es difícil notar el incremento de las actividades delictivas a nivel nacional, a medida que se aproxima la fecha del debate electoral. Pareciera que se ejecutara una orden, la cual es impartida desde diferentes frentes que operan organizadamente. En estas acciones participan desde células pertenecientes a agrupaciones políticas de ultraderecha, comandos paramilitares de Colombia, que han logrado penetrar en el país, hasta organizaciones del narcotráfico que operan internacionalmente y tienen conexiones con Norteamérica a través de sus redes en el Caribe y Centroamérica.
En realidad se trata de un plan bien estructurado y que viene desarrollándose desde hace algunos años. Inicialmente mediante el tráfico de armas, que contrariamente a lo que se suponía era la intención de equipar a organizaciones subversivas con objetivos específicos de derrocar al Gobierno Nacional legítimamente constituido; sin embargo y sin descartar también esta posibilidad, todo nos indica que el objetivo de ese armamento tenía como destino principal, sectores del “hampa común”. Un plan a mediano plazo, muy bien financiado y concebido como factor desestabilizador que afecte seriamente cualquier éxito obtenido por la revolución bolivariana, debido a la aplicación de políticas justas en el orden social que han dado respuesta oportuna, beneficiando y mejorando la calidad de vida de amplios sectores de la población con menores recursos en las diferentes áreas de la vida nacional. Esto se constituiría en un agente desestabilizador, que pudiera revertirse en un caos de tal magnitud, que no haría falta el desembarque de marines norteamericanos en la costa venezolana, para darle un golpe certero al proceso de emancipación puesto en marcha desde hace algunos años en la República Bolivariana de Venezuela.
Por encima de todo esto está la madurez política de un pueblo, que no debe dejarse confundir, que junto a su máximo líder, el Comandante Presidente Hugo Chávez, decidió ir tras la conquista de una sociedad más justa, basada en los principios revolucionarios bolivarianos, planteándose como sistema ideal, el Socialismo como alternativa que ponga fin a las perversiones del capitalismo. Por lo tanto, en la necesidad de enfrentar esta seria amenaza, se presenta la legítima posibilidad de aplicar estrategias efectivas, que den respuesta inmediata a la situación indefensa en que se pretende someter a la ciudadanía.
Una Ley de Desarme Nacional, sería una de las medidas que podrían invertir la situación de pánico en que se pretende someter a la población, trasladando este temor a quienes poseen un armamento sin su debido permiso y que emplean el mismo, para cometer actos delictivos. Podría aplicarse todo el peso de la ley, luego de un periodo prudente de amnistía, en donde se de la oportunidad de entregarle a las autoridades competentes todo armamento en situación ilegal, pudiéndose ofrecer hasta algún incentivo, como por ejemplo, en Tickets de alimentación, a manera de estímulo a una decisión de reflexión, que conduzca a entregar el armamento durante el periodo contemplado que se otorgue antes de la aplicación de la ley, por ejemplo de 60 días. Una vez consumido este periodo, el cual debe ir acompañado de una masiva campaña de concientización a través de los distintos medios de comunicación, debe de aplicarse una sanción ejemplar, obedeciendo a todas las disposiciones de carácter legal que contempla la ley, con la presencia de un representante del Ministerio Público, etc. Una pena de un mínimo de años en prisión, por la posesión indebida de armas de fuego.
Entre las estrategias atípicas con que nos bombardea el imperio norteamericano en su afán de dominación y que casi no se identifican o no se mencionan, y en consecuencia se descuida, afectando a los sectores más jóvenes de nuestra población, están los patrones culturales destinados a destruir lo que podríamos considerar el núcleo de la sociedad, la familia. Se considera el núcleo familiar, al órgano constituido por el padre, la madre y los hijos. Al igual que el cuerpo humano, cuando sufre una alteración en su sistema celular, esto constituye lo que se denomina el desarrollo de una enfermedad cancerígena. Para una sociedad, esa degeneración celular surge cuando va desapareciendo esta estructura básica, necesaria para que exista una nación soberana, con dignidad e identidad propia, la familia. A través de la música, la moda y sus mensajes subliminales implícitos, se imparte toda una cultura del odio, violencia, consumo de drogas, degeneración sexual, consumismo, etc. Se promociona todo tipo de mensajes cada vez más explícitos que deforman culturalmente, afectando negativamente sobre todo a jóvenes y adolescentes. El objetivo, destruir el núcleo, para así debilitar la masa social, convirtiéndola en presa fácil de dominación.
