La literatura oficial y la burguesa coinciden en considerar que los salarios
son renta susceptible de tributación fiscal. El Impuesto al Valor Agregado
(IVA) y el Impuesto sobre la Renta (IS/R) así lo establecen. Esto marca una
contradicción conceptual que de seguida pasamos a detallar:

Por una parte, a los trabajadores asalariados se les reconoce
implícitamente como productores de riqueza, y por eso son pechados por el
Estado como perceptores de renta en un acomodaticio y descarado plano de
igualdad con sus patronos y con los artesanos y afines.

De allí que a manera de complemento teórico, los tratados macroeconómicos
de Economía General inducen al Estado a que peche a los ciudadanos
asalariados, e independientemente de que algunos de estos resulten
exonerados por mil y uno conceptos extraeconómicos (los perceptores de
salarios mínimos) todos ellos siguen figurando en los archivos fiscales como
potenciales contribuyentes. Entiéndase que estamos hablando del tributo
anual, del "Impuesto Sobre la Renta" y del perverso Impuesto al Valor
Agregado (IVA). Estos impuestos se derivan del fulano Contrato Social
rousseauniano, el mismo que hizo abstracción de las clases sociales. Tales
impuestos tienen como justificativo fiscal el costeo y mantenimiento de
obras públicas colectivas burocráticas que satisfarían otras tantas
necesidades públicas a favor de todos los ciudadanos, empresarios y
trabajadores. Pero este artilugio político se cae cuando caemos en la cuenta
de que la vialidad, la salud, la seguridad y educación ciudadanos
representan en realidad la necesaria inversión pública que los patronos
deben costear para poder contar con trabajadores más sanos, mejor educados y
vivos a quienes seguir explotando. El tupé de este sistema es que obliga a
los propios trabajadores a que estos costeen directamente (IVA e IS/R) e
indirectamente (ganancias del patrono) buena parte del Presupuesto
Nacional.

Ese cuadro teórico convierte en explotador al trabajador explotado. En
perfecta coherencia respecto a la Literatura sociológica y política
burguesas, conjuntamente, esa misma Teoría Económica General niega
furiosamente que los asalariados sean explotados.

Por otra parte, un Estado que admita como contribuyente al asalariado
debería reconocer a este como copropietario de la producción fabril y
manufacturera (PTB). En este sentido, como lo venimos interpretando los
salarios pasarían a ser simples "anticipos" del valor de dicha copropiedad.
La empresa pagaría impuestos en nombre de todos sus condueños.

Sin embargo, al asalariado se le asimila contabilista y mercantilmente como
un contratado del patrono y su paga es reducida a los simples y mermados
salarios. Con semejante actitud se niega derechos al trabajador sobre el
PTB por considerarlo no dueño ni condueño del mismo.

En relación al IVA, vemos con preocupación la doble tributación que ese
impuesto directo supone a todas luces.

Efectiva y primeramente con el mismo salario se satisfacen impuestos
anuales que son deducidos muy anticipadamente al trabajador y los cuales
se ajustan una vez al año. En segundo lugar, con el remanente salarial los
mismos trabajadores pagan IVA o nuevos impuestos por consumir dicho
remanente. Digamos que vuelve a considerársele un explotador y propietario
de renta pero sólo para pecharlo sin reconocerle derechos de propiedad sobre
su VA. De esta manera la explotación salarial cruza toda la cadena del
Estado burgués desde las fábricas hasta el gobierno de turno pasando por la
larga cadena de parásitos intermediarios o mercaderes de oficio.

marmac@cantv.net