No es lo mismo votar para escoger entre dirigentes títeres de la
oligarquía que ejercer el derecho constitucional al sufragio para
respaldar un proyecto popular de transformación revolucionaria. En
tiempos de la cuarta república, aunque se votaba religiosamente cada
cinco años, las principales opciones electorales estaban sujetas a los
dos viejos partidos populistas que acaparaban la escena bajo las
órdenes del Imperio Yanqui, la entidades transnacionales y Fedecamaras.
Indudablemente que hoy en día el escenario es otro, pues en esta década
cada certamen electoral nos plantea en esencia la pugna entre dos
propuestas de país, la primera seguir avanzando hacia el socialismo; y
la segunda, retroceder a nuestro infame pasado como colonia
norteamericana. Socialismo versus Capitalismo es el dilema histórico
que nos presenta el actual proceso político, es decir, la posibilidad
real de un cambio profundo en nuestro modelo de Estado. Fundamental es
en esta etapa subrayar lo que cada camino representa, regresar a la
falsa democracia puntofijista sería arrancarle al pueblo venezolano la
amplia gama de derechos sociales que ahora tiene garantizados, sería
liquidar las misiones revolucionarias que promueven nuevas
oportunidades de estudio, pasando por los proyectos de economía
comunal, la salud gratuita, la atención a los sectores más
desasistidos, hasta llegar a la privatización de las industrias básicas
que hoy han sido recuperadas por el Estado revolucionario.
Evidentemente que el proyecto socialista encabezado por el comandante
Chávez y las fuerzas populares que consecuentemente lo respaldan, esta
claramente basado en el justo reparto de nuestra riqueza petrolera para
impulsar el desarrollo económico y social de la nación con especial
atención a la clase popular. En efecto el rescate de PDVSA (secuestrada
por una gerencia antipatriótica hasta el año 2002) y la
renacionalización de importantes industrias como la del hierro y el
acero, el cemento y el sector bancario constituyen una demostración
contundente e inobjetable de restitución de nuestra soberanía, pues
ahora la estructura económica fundamental del país ha sido puesta al
servicio de los intereses patrióticos y no de oligarquías nacionales o
extranjeras.
El acertado plan económico del presidente implica también hacer
justicia en las relaciones de trabajo a lo interno de las empresas y
centros productivos recuperados, es decir, la acción efectiva del
Estado Revolucionario en función de garantizar la plena vigencia de los
derechos laborales de toda la clase trabajadora venezolana para que
nunca más se reproduzcan las violaciones y atropellos que han
caracterizado a la administración de las empresas privadas. Para no
perder lo conquistado en nuestra extraordinaria Revolución Bolivariana,
el pueblo cada vez más asume los nuevos eventos electorales con una
mayor conciencia política comprometida con la defensa de sus intereses
como clase popular; pues entiende que ya no se trata de elegir a meros
representantes de la burguesía farsante sino de respaldar su avance
como protagonista hacia la nueva sociedad socialista.
