El SENIAT no favorece la democratización de libro
Dice la ley del libro venezolana, en su artículo 1, que Se declara de interés público la salvaguarda, promoción y difusión del libro en todo el territorio nacional y agrega en su artículo 2, que Esta Ley tiene por objeto la protección y fomento de la industrial editorial, el estímulo del hábito de la lectura y la democratización del acceso al libro como uno de los factores principales en la transmisión de conocimientos, la formación educativa y la difusión de la cultura
Sin embargo, en el Seniat los aspectos relacionados con el libro no se abordan desde esta perspectiva, sino a contravía, es decir lejos de apoyarlo y de contribuir con su acceso, tienen en su normativa un conjunto de “providencias” que hacen que quienes importemos libros, debamos pagar el 25 % de su valor, además de las respectivas estampillas, lo cual lógicamente desestimula la compra de este bien cultural y por ende, la democratización del mismo.
Y no sólo está el Seniat a contravía con la Ley del Libro, en vigencia desde el año 2000, sino de la Políticas Públicas del país sobre el fomento de la lectura y el conocimiento, política que es reforzada domingo a domingo por el Presidente de la República quien de manera habitual llama a leer, a publicar, a escribir, a estudiar. Esto ha convertido a Venezuela en un referente mundial en lo que a democratización del libro se refiere. Segura estoy que él no conoce esta contradicción, que lo deja muy mal parado como propulsor del libro y la lectura.
Si bien el libro no paga el impuesto a los bienes suntuarios, sí debe pagar IVA (¡¡¡ el IVA ¡¡¡) de acuerdo al Seniat. La única manera para ser exonerado es que quienes importan vayan al Milco (según me informo el funcionario Henry González de la aduna de Maracaibo) y solicite allí una constancia de que el libro no se produce en el país, lo cual es casi una absurdo, por no decir que humillación, para quienes compramos libros.
Es necesario acotar que cuando le pregunté al funcionario Henry González el porqué entes no me habían hecho esa referencia, me informó que “el desconocimiento de una ley, no eximía su cumplimiento”, lo cual es cierto, pero previo a eso, el Estado debe informar oportunamente para que los ciudadanos no demos por enterados y no ocurra casos como el señalado. Con funcionario así, las simples ciudadanas/os de a pie estamos más que desprotegidos
Soy una periodista, que ejerce la docencia y la investigación en LUZ, desde hace dos años comencé a adquirir libros usando los $ de Internet, en especial textos y revistas relacionadas con los temas de Comunicación y de las Nuevas Tecnologías. En el mes de diciembre de 2008 compré, vía WEB, la Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas (2008) de Gumucio Dagron, Alfonso y Tufte, Thomas (coordinadores) el cual me costó 75 $ más 45 $ de transporte, por el cual la Aduana de Maracaibo en la voz de la funcionaria Clemencia Valles, quiere cobrarme además de los 20 Bs. ya pagados en estampillas, 50 Bs. para poderlo retirar de la aduana, aduciendo gastos de IVA y otros conceptos.
Les informé a los diversos funcionarios con los que hablé, tanto en Maracaibo como en Caracas, que nunca antes me habían cobrado tan escandaloso porcentaje y me contestaron que, seguramente, los anteriores funcionarios no lo estaban haciendo bien, porque que ese era el arancel de la aduana y era lo que tenía que pagar, si quería llevarme el libro y no pederlo.
Obviamente, repito estos “procedimientos” tampoco toman en cuenta la Declaración de Principios que reposa en la página del Centro Nacional de libro (CENAL) en donde se señala que: El libro no es una simple mercancía. Es ante todo un bien cultural y un medio de comunicación. Pero en las sociedades neoliberales, el libro está vinculado exclusivamente al mercado de las artes, un sistema que opera a través de mecanismos de legitimación excluyentes y con una marcada tendencia rentista.
Así mismo, desoyen lo que plantea el Manifiesto a favor de la cultura y el libro, cuando afirma: Reivindicamos al libro como bien cultural al alcance de todo el pueblo soberano, como camino para el aprendizaje integral, medio de creación y recreación tanto individual como social, y que promueva el desentrañamiento histórico del legado de los pueblos originarios.
El libro debe contribuir indefectiblemente a la masificación del conocimiento, constituirse en un instrumento efectivo para el registro de nuestra realidad sociohistórica, así como para promover la recuperación de la memoria local, regional, nacional y latinoamericana.
Quiero creer que estas “interpretaciones” corresponden a algunos funcionarios, entre ellos los ya señalados y que usted no las comparte y desconoce estos procedimientos, por eso me dirijo a UD. como última posibilidad y a la opinión pública venezolana, sensible al libro y a la lectura en aras de resolver esta situación y evitar perder mi libro y de ser posible, sentar precedente para evitar que esto siga ocurriendo en desmedro de los lectores, libro y la cultura venezolana.
mgonzalo@cantv.net
