En las comunidades académicas son las personalidades que menos investigan quienes tienen mayor poder de influencia sobre la sociedad. Verdad científica y verdad práctica muestran el sentido mismo de las universidades actuales: la “misión rectora en la educación, la cultura y la ciencia” la ejercen los Rectores, Vicerrectores y Secretarios de estas instituciones. De modo tal que “la contribución doctrinaria al esclarecimiento de los problemas nacionales” debe leerse en periódicos como El Nacional o El Universal, sobre las líneas que garabatean o en las entrevistas que dispensan.
La autonomía universitaria se sostiene bajo el argumento de las prerrogativas necesarias para la búsqueda del conocimiento científico, pero en verdad influye más la conjetura de la práctica que los resultados del quehacer de las comunidades universitarias; mientras, en la rueda de la vida se conducen los rectores (los políticos, los vitalicios, los empresarios, los empleados obedientes, los que asienten a todo), y cuando más, la “contribución doctrinaria” volcada en los periódicos es acopiada bajo el disfraz de un libro con portada de diseño. Algunas veces los doctrinarios resultan ser empleados de importantes inversores o representantes de organizaciones de diverso origen que, en notables casos, ejercen como rectores vitalicios.
El papel del rector como representante legal y órgano de comunicación con las autoridades nacionales e internacionales, no lleva implícita la carga de ser el jefe de doctrina de la Universidad; tal papel se lo arrogan inmerecidamente y es causa de injusticias en la manifestación de las ideas que circulan en el ambiente universitario, donde la balanza se inclina por las favorecidas en las altas esferas académicas.
Autocensurada la Universidad por causa de la aberrante aceptación de los autoerigidos doctrinarios, no mejora mucho la situación y lejos está de dar verdaderos aportes de conocimiento y superar los supuestos sobre los cuales se sostiene.
¿Es la autocensura de la manifestación de ideas, el destino de las universidades? La respuesta no parece estar en atacar la autonomía, sino las funciones autonómicas que se han arrogado las autoridades universitarias. En una nueva ley del sector de la educación superior esto debería explícitamente quedar expuesto.
