He seguido con detenimiento, por ser uno de los afectados, el caso de Terrazas de La Vega II, que desde el 31 de diciembre del 2008 se encuentra invadido, conjunto residencial que estaba por culminarse para ser entregada a quienes ya habían cancelado la inicial y tenían, en algunos casos, más de tres años (como es mi caso) esperando por la finalización de la obra, para que otros hicieran uso de él violentamente.
En el primer escrito sobre el tema (http://www.aporrea.org/actualidad/a70249.html) me refería a lo lamentable que es ser testigo de cómo unos pobres roban a otros pobres por sentirse con más derecho de tomar lo que otros con sacrificio han logrado, teniendo la misma condición de origen, ya que si fuese distinto, no hubiesen intentado comprar con tanto sacrificio en La Vega, sector popular de Caracas.
En este escrito quisiera suministras algunos elementos para el análisis de los afectados, ya que hasta ahora la estrategia ha sido contra nuestros iguales, aquellos que sin razón han tomado a la fuerza lo que no es suyo, aún cuando deberían tener derecho a acceder a ello. Pero lo dejé muy claro en el documento publicado en Enero, la responsabilidad de haber permitido la invasión y los responsables del retardo en la entrega de los apartamentos ha sido de la administradora y la constructora y creo que se ha generado una atmósfera de ocultamiento de este hecho por temor a retaliaciones.
Quiero dejar claro que con esta afirmación no pretendo ocultar la ineptitud e inoperancia de la justicia venezolana, de hecho, públicamente he sido un crítico de la impunidad como fenómeno social que ha complejizado seriamente el desarrollo de una verdadera revolución socialista y bolivariana.
Tampoco pretendo dejar de lado lo que he afirmado en cuanto a una realidad concreta de delincuencia que jamás podrá defenderse como revolucionaria, pero que trata de encubrirse bajo obscuros intereses que no son fácilmente descifrables.
Mucho menos podré dejar de lado la responsabilidad directa, de quienes ofrecieron un servicio y un bien de importancia trascendente para las familias que asumieron creer en la seriedad de una empresa, que no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad necesaria para el resguardo de las viviendas que se estaban construyendo con el aporte de quienes futuramente disfrutarían de ver el logro del trabajo de toda la vida.
En el marco de lo expuesto, si no se logra el desalojo, la empresa es la que debe indemnizar el dinero que se ha perdido, incluyendo los intereses vinculados al tiempo que se ha devaluado el dinero y se han revaluado las viviendas.
¿Si ya no deseo seguir viviendo esta zozobra no tengo derecho a que la empresa me indemnice por daños y perjuicios al patrimonio familiar, indiferentemente de que se logre o no el desalojo?
¿Será posible imaginar que de alguna manera la empresa se puede ver beneficiada con esta invasión ya que al final, si se decide no efectuar el desalojo, devuelven el monto inicial de inversión de los futuros propietarios sin ninguna indemnización y el Estado les paga el monto de toda la obra a precios de hoy para adjudicárselos a los actuales invasores? ¿Esto no es un negocio redondo para todos, menos para quienes dieron el capital inicial de inversión de la obra?
Disculpen mis crudas afirmaciones he incertidumbres, pero de lo que estoy seguro es que a estas alturas existen terribles complicidades en este asunto y los verdaderos afectados quizá estén jugando un papel inútil al ejecutar acciones más reactivas que eficientes.
No desistan, al final la verdad se impondrá, pero un poco más de astucia jurídica y de clarificación de los actores permitirá ser más pertinente.
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