Don Mario Benedetti escribió este “Poema a la clase media”:
“Clase media
medio rica
medio culta
entre lo que cree ser y lo que es
media una distancia medio grande
Desde el medio mira medio mal
a los negritos
a los ricos a los sabios
a los locos
a los pobres
Si escucha a un Hitler
medio le gusta
y si habla un Che
medio también
En el medio de la nada
medio duda
como todo le atrae (a medias)
analiza hasta la mitad
todos los hechos
y (medio confundida) sale a la calle con media cacerola
entonces medio llega a importar
a los que mandan (medio en las sombras)
a veces, solo a veces, se da cuenta (medio tarde)
que la usaron de peón
en un ajedrez que no comprende
y que nunca la convierte en Reina
Así, medio rabiosa
se lamenta (a medias)
de ser el medio del que comen otros
a quienes no alcanza a entender
ni medio”.
Necesaria, pero excesiva
Puede que esa mentalidad me haga percibir históricamente necesaria, pero cuantitativamente discutible, la pena máxima dictada contra los ex comisarios y PM’s responsables de varias de muertes y lesiones asociadas al golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
¿Por qué históricamente necesaria? Porque es indispensable disipar la nebulosa histórica que, a siete años de aquellos hechos, intenta mostrarlos como cándidos, espontáneos, reactivos y desvinculados de una operación planificada y concreta de asalto al poder por parte de militares, empresarios, políticos y oportunistas arropados bajo el manto de la “sociedad civil”, de la que Arturo Uslar Pietri desconfiaba como concepto por tratarse de “gente con ambiciones políticas, con aspiraciones concretas al mando”. Si no queremos revivir cosas semejantes, hay que apartar esa neblina artificial.
¿Por qué cuantitativamente discutible? Porque, cómo olvidarlo, ocurre después que el Presidente dictó un decreto-ley de amnistía, por medio del cual el Estado olvidó —amnes, olvido— los delitos cometidos por buena parte de los involucrados en el golpe de Estado, como fueron los redactores y firmantes del decreto de Carmona, los involucrados en el cierre de VTV, en el asedio a la embajada de Cuba y en las detenciones arbitrarias de Tarek William Saab, Ramón Rodríguez Chacín, Ronald Blanco La Cruz y Florencio Porras. Hechos todos que obedecieron al mismo plan del cual los policías fueron, sí, parte armada, pero no la única que implicó “graves violaciones a los DDHH”.
Estereotipos y Justicia
Si tomamos en cuenta los estereotipos con que se mueve la Justicia, no es nada extraño: los ricos, los acomodados y los blancos rara vez terminan en las cárceles, pobladas en su mayoría por gente morena y pobre. En las prisiones se paga la pobreza, le oí decir una vez a Danilo Anderson, citando a Elio Gómez Grillo. A excepción de Simonovis, el resto de los penados probablemente tiene alguno de esos dos rasgos.
No, no estoy proclamando su inocencia. Abundan las fotos que muestran a PM’s disparando fusiles M-16 y ametralladoras HK —de 800 tiros por minuto— contra la gente concentrada encima de Puente Llaguno, la abrumadora mayoría de ésta desarmada y sólo una ínfima minoría provista de armas cortas. Una desproporción total, que no consideró el cardenal Urosa cuando defendió a los condenados diciendo que “cumplían con su deber”. La investigación de Ángel Palacios y Panafilms, resumida en Puente Llaguno: claves de una masacre, no deja espacio a duda. Fueron los mismos comisarios quienes identificaron ante el tribunal a los policías que disparaban con guantes de látex en las manos. Su deber era separar las dos manifestaciones, no actuar como vanguardia armada de una.
Por demás, conozco a varias víctimas directas de tales agresiones. En estos días, Jorge Recio comentó en una entrevista radial desde España que si bien se conduele de los familiares de los policías, ellos cumplirán su condena con salud y él está condenado a vivir el resto de su vida con el 17% de las capacidades motoras que tenía el 11 de abril. Jorge tomaba fotos en la avenida Baralt y recibió un disparo de Sur a Norte que lo dejó en silla de ruedas. Las escaras lo tienen en cama y su vida, según ha dicho, se convirtió “en una ñoña” desde el 11 de abril.
La mayoría de los medios —protagonistas principalísimos del golpe— dan despliegue al comprensible dolor de las familias de los policías, pero —¿el silencio informativo acabó el 2002? ¿o sigue?— invisibilizan e ignoran el de las víctimas y sus familias, que también existen y son de carne y hueso. Las amenazas contra la jueza Marjorie Calderón son difundidas con desparpajo. Así, como si nada.
Todo a su tiempo
Con todo, pienso que tan culpables como los policías son unos cuantos personajes que, en terrenos menos riesgosos y más pulcros que el asfalto de la avenida Baralt, desplegaron conductas indispensables para que esas muertes ocurrieran. Ellas eran requisito indispensable para la ruptura del orden constitucional. Sin esas muertes, ¿en qué se hubiesen basado los pronunciamientos militares del 11 de abril? ¿Y en qué el decreto de disolución de poderes públicos? Pronunciamientos y decreto, lo dicen ellos mismos, eran ya un hecho varios días antes de que hubiese el primer muerto.
Desde mi mentalidad clase media, y con el perdón de don Mario, yo calcularía una media entre los cero años que pagarán los amnistiados de cuello blanco y los 30 de la pena máxima para promediar una de 15 años. ¿Salomónica solución intermedia? Ya se verá cuando la sentencia sea revisada en apelación.
Insisto: la memoria de los muertos, las lesiones de Jorge y decenas más exigen una condena. Lo mismo que el resto de los homicidios y lesiones del 11 de abril. Y los del 12 y 13, de los que nadie habla ni se conocen juicios.
Entiendo, también, que el Estado debe dar claro mensaje a quienes se sientan tentados a una nueva aventura como la del abril: “Si se atreven, miren a lo que se exponen”.
Quizá no sea el momento de la clemencia, por las turbulencias que se avizoran. El Presidente consideró que éste había llegado el 31/12/2007, cuando dictó la amnistía, que fue recibida con mezquindad y desconcierto.
Pasada la tormenta, ese momento habrá de regresar, para demostrar que si bien no es deseable una república boba como la que criticó Bolívar —“después de cada conspiración venía un perdón, y después de cada perdón una conspiración”—, tampoco lo es un Estado blanco y negro, donde la Justicia fluctúe de la impunidad absoluta a la pena máxima.
Taquitos
FETICHE. Queda para nueva ocasión la reseña —aquí prometida— del libro de Jorge Olavarría “Dios y Federación”… el fetichismo federal en el pasado, presente y futuro de Venezuela… (1988). Se atravesó la sentencia contra los PM y el tema era obligante. Por lo pronto, un extracto: “Las provincias venezolanas, que no son más que ficciones de división político-territorial, y no realidades geopolíticas o socio-históricas como aquellas que han formado Estado federales, se llaman en nuestra Constitución [de 1961] “Estados” y “Entidades federales”. Caracas, la ciudad capital de Venezuela, hoy en día amalgamada con poblaciones que hace poco tiempo eran aldeas rurales, en una gigantesca metrópolis, no se llama “Caracas”. Se llama “Distrito Federal” y tiene que ser “gobernada por dos gobernadores que juegan a la ficción de una raya que no separa nada, como no sea una burocracia hecha indebidamente costosa e ineficaz por esta absurda división”.
