Las propuestas que la Fiscal General de la República presentó ante la Asamblea Nacional, no logró consenso entre los miembros de la Comisión de Ciencias, Tecnología y Comunicación Social. Sin embargo, los diputados reconocen los aportes de la titular del Ministerio Público, considerados de mucha importancia en el debate que se abre en la lucha impostergable contra el terrorismo mediático.
Los medios privados y su oposición subordinada habían iniciado, muchos antes de la propuesta de la doctora Luisa Ortega Díaz, una brutal campaña contra su persona. Es obvio que no son sus ideas sobre los delitos mediáticos lo que se le cobra a la Fiscal General, sino la lucha tenaz que su despacho adelanta contra la corrupción en el sector público y, sobre todo, en el privado. Las acciones contra quienes acaparan, especulan y lo reconocen públicamente con prepotente cinismo, desataron la furia empresarial de aquellos que durante décadas se consideraron intocables, dueños y amos del país.
Disentí de varios puntos del papel de trabajo presentado por la doctora Ortega y así lo hice saber. No es la primera ni será la última vez que discrepe de propuestas de altos funcionarios del Estado. Pero consciente de la guerra mediática interna y externa contra Venezuela, procuro no dar ni un milímetro de posibilidad para que los enemigos de la revolución bolivariana monten su festín. Sé, perfecta y políticamente, cuándo hablar y cuándo callar.
Los medios y su dócil oposición arden de ira frente a las iniciativas del Ministerio Público de reactivar casos criminales de la Cuarta República. Los autores de gravísimos delitos, algunos de lesa humanidad, venían gozando de un manto de impunidad que consideraban definitivo. Gracias a las diligencias de la Fiscalía, la justicia hoy toca a sus puertas.
Los autores y responsables de las masacres de Yumare, Cantaura y El Amparo, por citar sólo tres de una larga lista de desapariciones y asesinatos políticos perpetrados por los gobiernos de la Cuarta República, andaban de lo más tranquilos. Hoy su sueño ya no goza de la placidez de la impunidad. Las víctimas de aquellos crímenes, sus sobrevivientes y familiares, por fin ven que la justicia empieza a llegarles. El largo silencio de los medios se rompe y su complicidad se devela.
Un caso dolorosamente emblemático, el Caracazo de 1989, se reabre por la valiente y justa decisión de la Fiscalía General de la República. Aquella rebelión popular frente a un sistema represivo y excluyente, fue aplastada a sangre y fuego. El gobierno adeco reconoció poco más de 300 muertos. Las organizaciones populares desmintieron esa cifra. Pero más allá de lo cuantitativo, se perpetró un crimen masivo que durante dos décadas permaneció en la más inaceptable impunidad.
La acción del Ministerio Público para que se haga justicia en las masacres citadas, colocó a la Fiscal General en la mira de los culpables y de sus medios de comunicación. Las decisiones tomadas frente al poder económico usado para acaparar, especular y estafar al pueblo venezolano, hace de la doctora Luisa Ortega Díaz blanco de una feroz y brutal campaña mediática. De esto, por supuesto, nada dicen los desnaturalizados gremios periodístico, hoy al servicio de sus patronos. El pueblo venezolano, sin embargo, está al lado de su Fiscalía y la acompaña en su lucha sin cuartel contra la impunidad. Los gruñidos mediáticos son señal de que, gracias al Ministerio Público, la justicia avanza.
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