Mucho se ha criticado a la oposición por no tener un programa de gobierno que ofrecerle al país. Sin embargo, este programa sí existe, y ha sido diseñado desde Washington con el fin de reinstaurar el sistema de relaciones clientelares entre la vieja clase política, la dirigencia corrupta de la CTV y la oligarquía económica representada por la cúpula de Fedecámaras, para asegurarle a la administración Bush el suministro de petróleo barato y un mercado abierto para la sobreproducción estadounidense.
En el proyecto «Gobierno Constitucional y de Unidad para la Reconciliación y Reconstrucción Nacional, Propuesta de Consensos para Políticas Públicas», publicado en octubre de 2003, los prospectos candidatos presidenciales de la oposición – Mendoza, Salas Römer, Borges y Fernández, representantes de la derecha mas reaccionaria y conservadora de Venezuela – ofrecen un programa de gobierno neoliberal que contempla «reinstalar mecanismos de concertación tripartita entre empresarios, sindicatos y gobiernos», que no es otra cosa que volver al nefasto puntofijismo que permita filtrar la transmisión de requerimientos desde la sociedad hacia el Estado, tal y como se hizo durante el nefasto gobierno de Caldera-Alfaro cuando la «tripartita» reunió a una elite de empresarios, sindicalistas corruptos y tecnócratas de un gobierno comprometido con el modelo de regulación laboral neoliberal para desbancar el ahorro de los trabajadores por medio de la reforma al régimen de prestaciones sociales.
En esta misma línea, el proyecto neoliberal de la oposición propone erradicar el control de cambio y «adoptar un tipo de cambio competitivo», focalizar el gasto publico «hacia el fortalecimiento de la actividad productiva» y la inversión privada, mejorar la actividad competitiva, corregir las distorsiones del mercado, abaratar los «costos sociales en la gestión productiva», definir al Estado como ente «planificador y facilitador de la ejecución de políticas publicas descentralizadas a través del sector privado», y financiar a las PYMEs exclusivamente por medio de la banca comercial, en función del interés norteamericano y las recetas del FMI y Banco Mundial. Asimismo, el proyecto contempla reformar la Ley de Tierras y determinar «en función de la eficiencia y necesidades» los rubros que Venezuela debe producir, en sintonía con el paradigma neoliberal que ha condenado a los países pobres al subdesarrollo.
En el aspecto educativo y de seguridad social, el proyecto neoliberal de la oposición privilegia la privatización de la educación y la salud al proponer la descentralización del sistema educativo y «darle la mayor autonomía posible a escuelas y liceos», evaluar el proyecto de Escuelas Bolivarianas para «cambiar donde haya que cambiar», y poner en marcha un sistema de seguridad social «sin desmedro de opciones de aportes individuales de capitalización de pensiones o de salud». A este proyecto se le debe agregar la campaña oposicionista para eliminar los programas de alfabetización, educación y asistencia medica integral que el gobierno bolivariano ha llevado a millones de familias de escasos recursos.
No obstante, donde la oposición manifiesta claramente su entrega a las exigencias neoliberales de Washington es en lo referido a los aspectos geoestratégicos del Estado ya que el proyecto incluye la elaboración de una nueva doctrina militar «adaptada a las necesidades reales del país», separar a la FAN de la sociedad civil, y restablecer «relaciones sólidas y de confianza con socios naturales y propicios», lo cual implica resumir los vínculos de dependencia con Estados Unidos y organismos multilaterales como el FMI y Banco Mundial, y abandonar la solidaridad reciproca con Cuba, Brasil y Argentina que ha reportado grandiosos beneficios para Venezuela. Además, la oposición plantea un viraje radical en la política petrolera para basarla exclusivamente a lo que indiquen las fuerzas del mercado, o lo que es lo mismo, lo que exija la administración Bush. En este sentido, la oposición pretende eliminar la política de precios y reemplazarla por la sobreproducción petrolera que abarate el costo del barril, exigirle a la OPEP estrategias que beneficien este tipo de políticas y «reivindicar su capacidad de producción en línea con el mercado», redireccionar la regalía hacia la producción en lugar de la inversión social, «usarla como variable en los mecanismos de asignación de áreas de explotación y exploración para inversionistas privados», reenganchar a los trabajadores golpistas que fueron despedidos de PDVSA, y «separar» el manejo político de la industria petrolera para que no pueda ser integrada a los planes de desarrollo nacional.
En este contexto, la próxima contienda electoral no será para revocar o ratificar a un presidente, sino para decidir entre la propuesta de la oposición para un gobierno neoliberal de acuerdo a las exigencias de la administración Bush, y el proyecto de desarrollo bolivariano progresista de inclusión y justicia social, integración y solidaridad, progreso y soberanía, que dignifique al ser humano y nos conduzca inexorablemente al desarrollo.
